Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno daría pensiones para los “discapacitados pobres” de México. La próxima semana esto será sometido a consulta. Antes de ir a votar, este reportaje aporta elementos para pensar en la pertinencia de la propuesta y lo que hay que considerar para que sea efectiva.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una pensión para personas con discapacidad a nivel nacional, algo inédito en la historia de México. Dos encuestas del INEGI (la Encuesta en Hogares y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica) calculan este sector en 7.1 y 7.6 millones de personas en México según cifras al 2014. La mitad de las cuales, de acuerdo con el reporte del Coneval del mismo periodo, viven en la pobreza,.1 Esos aproximadamente 3 millones de mexicanos son aquellos a los que el presidente electo aludió en su discurso de victoria cuando aseguró que su mandato inauguraría un programa de apoyos destinado a los “discapacitados pobres”.

López Obrador se ha puesto como objetivo atender a las personas con discapacidad en varias ocasiones. De hecho, desde las elecciones de 2012, el entonces candidato citaba la cifra de 3 millones de personas con discapacidad como destinatarias de una pensión que prometía. Sin embargo, ya como presidente electo este 2018 recortó la expectativa cuando informó en una conferencia en la Ciudad de México que apoyaría a un millón de beneficiarios con mil 300 pesos mensuales, para así cubrir el total de niños y niñas en las zonas más pobres del país (tanto rurales e indígenas, como de colonias pobres urbanas). Según las cuentas, cada año se destinarían 15 mil 600 millones de pesos a este fin.

En este periodo de transición del gobierno federal, Nexos pidió entrevista con el encargado del nuevo programa, Jorge Carlos Alcocer Varela, pero éste no atendió la petición.  Además, se solicitó más información sobre las pensiones para personas con discapacidad vía la ley de transparencia y la respuesta consistió en remitir al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). La administración actual no puede responder por los planes a futuro, así que quedan muchas dudas sobre los detalles y especificaciones del nuevo programa de pensiones, sobre todo ahora que será sometido a consulta el próximo 24 y 25 de noviembre.

Ilustración: Víctor Solís

Casos comparables: Argentina

Una de las primeras formas de pensar la viabilidad de estos programas suele ser compararlos con lo que existe en otros países. Un caso conocido es el argentino. Este país tiene un programa dirigido a personas con discapacidad que no perciben ningún apoyo por jubilación. Otras condiciones implican presentar una disminución del 76% o más en la capacidad laboral, no estar empleado, no tener bienes, no contar con parientes obligados a proporcionar alimentos y ser argentino de nacimiento, con cinco años de residencia como mínimo. Los extranjeros deben tener 20 años de residencia.

El número de beneficiarios de este programa se disparó de 180 mil a un millón 800 mil en el periodo de 2003 a 2015 y las autoridades aseguran que hubo médicos que mintieron respecto a la incapacidad. El gobierno se dispuso recortar 70 mil pensiones en 2017 para disminuir el déficit y, aunque al final no lo hizo, los argentinos quedaron advertidos de que la autoridad revisaría los casos. Gabriela Pérez Yarahuán, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), advierte los riesgos que corren este tipo de programas por naturaleza:

Precisamente porque son muy fáciles de implementar, también son muy fáciles de quitar, pues en el fondo no generan una infraestructura ni una lógica para sostenerse con el enfoque de derechos humanos (…) A mí me pueden dar una pensión un día, me la pueden quitar al otro día; en cambio, si me generan oportunidades de acceso reales, son mucho más difíciles de quitar pues, además, empoderan a la gente.

Antes de otorgar el apoyo, el gobierno argentino analiza cada caso tomando en cuenta las condiciones de la vivienda, incluida el agua potable. Sin embargo, la pensión es tan baja –menor que la jubilación mínima– que a una persona con discapacidad simplemente no le alcanza para vivir, según explica Elena Dal Bó, académica de la Universidad de La Plata y directora de la Asociación Azul dedicada al apoyo para independizar a personas con discapacidad. Una pensión es de 7,500 pesos argentinos mensuales aproximadamente (equivalentes a 4,246 pesos mexicanos), pero con la inflación cada tres meses hay ajustes de los montos de sueldos y pensiones, que hacen el asunto insostenible.

Aun en tiempos de crisis, estas pensiones están instituidas y no es fácil sacarlas. “Lo que sucede es que hubo épocas en que el dinero de las  pensiones para la discapacidad se destinaba a quienes no tenían impedimento alguno, como una ayuda social. Cuando este gobierno quiso ordenar eso, entonces las transformó en pensiones a personas con discapacidad”, explicó Dal Bó. Aunque hay un recorte de sueldos y subsidios y esta población debería permanecer intocada en ese sentido, lo cierto se ve afectada en la medida en que el programa no desaparece, pero tampoco ayuda en las circunstancias actuales en las que el dinero ya no tiene el mismo poder adquisitivo. Esto aunado a que las prestaciones de salud en general son insuficientes, de baja calidad e inequitativas. Así pues, aunque el apoyo tenga màs de una década de funcionar, no se puede hablar de una mejoría en la vida de las personas con discapacidad en Argentina.

¿Qué hace falta para que las personas sí tengan un beneficio real? Dal Bó explica que la pensión corresponder, por lo menos, al mismo monto de un salario mínimo, además de que “la persona [tenga] acceso a la salud sin cargo, y a la rehabilitación que necesita. Esto sería lo mínimo. Pero además necesita apoyo económico para equipamiento, para asistencia personal; para los requerimientos de cada uno”.

El gastado asistencialismo

Usualmente se llaman políticas asistencialistas cuando no hay un enfoque de largo plazo para solucionar el problema en cuestión. Como explica Pérez Yarahuán, si solamente son otorgados los subsidios, una vez que se acaba el dinero la problemática continúa y persiste la falta de oportunidades reales para esa población. No hay trato con un enfoque de derechos humanos.

Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social) –una asociación civil que busca contribuir a la democracia en el país mediante la investigación y la incidencia en las políticas públicas–, expuso que la política social debe incluir educación, promoción del trabajo, seguridad social y vivienda aunado a la asistencia social. Cuando las personas no pueden atender sus necesidades por sí mismas, el Estado tiene que garantizar la provisión de bienes y servicios. Aunque el concepto de “asistencialismo” se usa peyorativamente, explica, en realidad la asistencia social es una política social. “Otro asunto es cuando el tema de pobreza se maneja asistencialistamente, o sea: te doy dinero para que te quedes tranquilo y no me estés molestando y no hay una idea de: te ayudo en tanto tú recuperas tus capacidades para volver a ser autónomo.”

Desde su punto de vista, es necesario que las personas con discapacidad en México tengan una pensión pues las condiciones crónicas pueden convertirse en una verdadera carga para los familiares. “La beca o la transferencia monetaria a la persona con discapacidad es para que alguien lo cuide y lo atienda y pueda tener acceso a la cobertura de sus necesidades básicas, entonces es un aporte al grupo familiar; no es a la persona sino al cuidador”, comentó Jusidman.

Pero no todas las personas con discapacidad enfrentan los mismos retos, por eso, un diagnóstico sobre la variedad de condiciones de vida es fundamental antes de proceder.  A decir de Pérez Yarahuán: “es un tema complejo porque la atención es diferenciada según la discapacidad de la persona. Por eso es necesario saber de qué magnitud es el problema, con qué se está enfrentando el nuevo gobierno y cómo puede solucionarlo”. Para Jusidman:

El tema, desde mi óptica, es que las reglas de operación del programa tienen que ser muy claras. Tiene que haber criterios muy claros de entrada al programa y que sean conocidos por la población, porque muchas veces en estos programas pasa que si la población no conoce que existen, no tiene manera de demandarlos y, entonces, sí se pueden volver programas clientelares: yo se lo doy a quien a mí me convenga.

Patricia Brogna, quien es profesora asociada a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y está a cargo del Seminario Permanente sobre Derechos Humanos y Discapacidad llama la atención sobre otro punto: la relación entre los programas impulsados por el gobierno y quienes los llevan a cabo. Señaló que durante la administración de Enrique Peña Nieto las convocatorias emitidas eran más bien otorgadas “a dedo” a ciertos grupos que se caracterizan por ser “poco cuestionadores” en las cuestiones de la discapacidad. También sucede que, cuando la sociedad civil es la que cubre las necesidades de esta población, no tiene recursos para hacerlo a gran escala y a largo plazo.

Finalmente, “hay una cuestión también muy perversa que yo esperaría que se resuelva. Como muchas de las organizaciones de sociedad civil necesitan los recursos del Estado para seguir subsistiendo, no pueden ser muy críticas”, agregó Brogna.

Lo interesante para ella es que AMLO, en una entrevista con la organización Yo También, dijo no estar a favor del Teletón e identificó la “incompetencia y omisión” de los servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo encargado de monitorear la correcta aplicación de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo que se podría esperar un cambio de enfoque y de beneficiarios en las concesiones en la nueva administración.

¿Subsidio sí o no?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014, 4.6 millones de personas con discapacidad no tuvieron el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, por ello, un millón de beneficiarios en un programa para “discapacitados pobres” está lejos de ser suficiente. Y, como se adelantaba, además de la inaccesibilidad generalizada esta población vive una serie de problemas concretos asociados con su particular fuente de discapacidad: no es lo mismo necesitar diálisis cotidianas, o anticonvulsivos, que una prótesis.

Lourdes Silva es presidenta de La Pirinola A.C., una organización en la Ciudad de México dedicada a promover la integración, salud y creatividad de personas con discapacidad. Ella está en desacuerdo con la pensión porque “la ciudadanía no necesita que le sigas teniendo lástima y le des; lo que necesitan las personas con discapacidad es capacitación, empleo, escuelas, o sea, tener una vida activa. Darles una pensión es seguir manteniendo a la discapacidad oculta, vulnerable. Entonces, generalmente esto no funciona”, señaló. Y efectivamente ese es un campo de oportunidad poco explorado: 4 de cada 10 personas con discapacidad de más de 15 años participa en alguna actividad económicas, frente a 6 de cada 10 de sus contrapartes sin discapacidad, según la ENADID. Otras 4 de cada 10 declaran percibir ingresos por parte de algún programa de gobierno; habría que estudiar cuáles.

“Hay casos en donde es imposible dejar de dar el apoyo, la persona muy difícilmente va a poder salir sola adelante, pero hay otros casos en donde ese recurso puede ayudar a facilitar, a capacitar, a educar a la persona, para que la persona vaya liberándose de la necesidad del apoyo y pueda ser autónoma”, advirtió Clara Jusidman.

Sin embargo, antes de resolver la viabilidad y suficiencia de apoyos para un millón o 7 millones de personas con discapacidad, es fundamental mejorar el Censo que cuenta a esta población. Esta preocupación está lejos de ser nueva, pues se ha exhortado al INEGI a cambiar su metodología en este frente. Como explica Pérez Yarahuán: “La discapacidad actualmente se mide con una pregunta que la gente puede responder: ‘¿tiene usted alguna discapacidad?’ y ponen las categorías muy amplias de discapacidad. No hay grados. Yo podría contestar que tengo discapacidad visual porque tengo miopía y uso lentes. Entonces es muy importante revisar las formas de captación de esta información”.

También suele suceder que, al contrario, la persona que da la información no quiere reconocer que vive una persona con discapacidad y no lo menciona en el Censo, advirtió la presidenta de Incide AC. Entre los cambios recientes para contar a las personas con discapacidad está el Sistema Nacional de Información Georreferencial, una instrucción del presidente Peña Nieto para saber “con la debida precisión quiénes son y dónde están” las personas con discapacidad, como anunció el presidente. Sin embargo, faltan detalles sobre su funcionamiento y resultados en este respecto.

Por otro lado, la titular del Conadis, Mercedes Juan López, escribió en la Revista de Administración Pública (enero-abril 2018) que este organismo inició un registro en 2017 con la batería de preguntas del Grupo de Washington con el cual fueron contabilizadas 4 millones de personas con discapacidad, con “nombre y apellido”.  El Grupo de Washington busca identificar el grado de dificultad que tiene la población al ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, cuidado personal y comunicación.

“Nos gustaría que a estas alturas hubiera un registro nacional y no solamente focalizado en algunos estados porque el Conadis es una figura casi de carácter moral (…); entonces, dependemos de la voluntad política de cada gobernador de cada estado para que verdaderamente se haga este registro”, cuestionó Gabriela Martínez, directora de Movimiento Asociativo de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, CONFE, asociación civil que afilia a 114 instituciones del país.

También añadió que no sólo hay que tomar en cuenta el factor de la pobreza, sino condiciones como la de una mujer con discapacidad, un indígena con discapacidad, una madre soltera que es responsable de su hijo con discapacidad. La pensión no tendría que ser restrictiva, sino dar certeza de que el programa sea lo más equitativo posible y evitar establecer una cantidad fija porque no todos tienen las mismas necesidades.

Además, una política pública de este tipo incluso tendría que tomar en cuenta las circunstancias psicológicas de las personas porque éstas tal vez no están listas para dar ciertos pasos, considerar que en las ciudades es más fácil implementar los programas muchas veces porque  la discapacidad no está “escondida” como en otros lugares. “Hay una circunstancia emocional que no permite dar los brincos. Se tiene que trabajar desde perspectivas que no sea nada más dar dinero”, consideró Silva. En su experiencia, sería mejor empezar con pequeños laboratorios de acción, para dar cuenta qué está pasando en lugares en donde no se ha normalizado la existencia de la discapacidad.

Finalmente y muy importante, otro de los riesgos que se corre con programas de beneficiarios es que no cumplen las obligaciones que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos “evitan que la gente se asuma como titular de derechos y no como beneficiarios de programas. En tanto los programas se manejen desde la lógica de los beneficiarios, tienen una posibilidad muy grande de convertirse en programas clientelares”, puntualizó Jusidman.

Lo que hizo AMLO en la Ciudad de México en este respecto sienta un buen precedente: fue de los primeros gobiernos que tuvo un organismo que atendiera esta población, reconoció la directora de CONFE. También otorgó becas a personas con discapacidad y para el ejercicio 2006, planeó un apoyo económico mensual de 730 pesos a 70 mil 688 beneficiarios. Estos programas se han mantenido pero, como parte de su plan de gobierno, anunció que los apoyos a personas con discapacidad –junto con la pensión universal a adultos mayores y las becas “Prepa sí”– serán responsabilidad del gobierno federal y no del gobierno local.  Sin embargo, los cambios en las declaraciones del presidente hacen muy difícil saber qué es lo que se propone hacer con este sector de la población; en qué medida serán consultados quienes viven el día a día de esta realidad y cómo construir un plan nacional de desarrollo en el que las personas con discapacidad sean parte activa del crecimiento del país.

Las personas con discapacidad necesitan ingresos económicos, sin embargo, es necesario tomar en cuenta muchos factores –desde el diagnóstico hasta el tipo de organizaciones encargadas en implementar los apoyos– para que las becas o pensiones tengan un impacto real.

La atención a personas con discapacidad antes de AMLO*

1977 Surge el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para dar asistencia social a personas con discapacidad, una de las primeras acciones para esta población.
1980 Se incorporan compromisos para atender a personas con discapacidad en los planes de desarrollo.
1986 Se promulgó la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
1991 Surge el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad A.C., cuyas propuestas se incorporaron al Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000.
1994 Se abroga la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social para dar paso a la Ley de Asistencia Social.
1995 Surge el Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS).
2000 El gobierno crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS) y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS)
2005 Desaparece la ORPIS y CODIS, surge una nueva Ley General de las Personas con Discapacidad que pone a la Secretaría de Salud como la responsable de los programas.
2007 México firma la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
2011 Se publica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, nace el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) para hacer políticas y programas para el sector.

Se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se eleva a rango constitucional el reconocimiento de que las personas con discapacidad gozarán de los derechos humanos previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el estado forma parte.

2013 La Secretaría de Desarrollo Social queda como responsable de la política para las personas con discapacidad con un enfoque en los derechos humanos.

 

Elizabeth Ortiz.
Periodista multimedia y promotora de la alfabetización mediática en Jalisco.

*Esta cronología fue realizada con base en el Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, mayo 2016, de la Secretaría de Desarrollo Social.


1 El Coneval considera que son pobres las personas que no tienen suficientes ingresos para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos y tienen carencia en al menos uno de seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

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