A pesar de las recomendaciones internacionales, las personas con discapacidad en México siguen siendo víctimas de procedimientos jurídicos que les impiden tomar decisiones por sí mismas. En este texto, la capacidad de “gobernarse a uno mismo” es sometida a juicio.

Antes de iniciar la función, una decena de jóvenes cargan sillas, mesas, batas y una planta. El alboroto es pequeño a comparación con el del gran auditorio. Se van apagando los murmullos cuando una voz aconseja tomar los asientos. Empieza la obra.

Una mujer vestida de negro le cuenta a los integrantes del público que han sido elegidos para ser partícipes de un juicio. Al final de la historia, tendrán que decidir si el protagonista es capaz de tomar decisiones por sí mismo. El personaje se llama “Persona” —para que le quede muy claro al apreciable público que, a pesar de lo que van a escuchar, el sujeto en cuestión se trata de una persona—.

Ilustración: Estelí Meza

Persona ronda los veinte años. Desde hace mucho tiempo tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Un día acudió al DIF a solicitar un apoyo económico establecido para personas con discapacidad. El trámite necesitaba que hiciera una corrección a sus documentos de identidad y el abogado de la institución le aconsejó que interpusiera un juicio de interdicción para que fuera más sencillo conseguir el cambio y, con ello, obtener el apoyo económico del gobierno.

La interdicción es un estado jurídico que impide a los individuos mayores de edad tomar decisiones. El juez a cargo del proceso somete a la persona en cuestión a una serie de pruebas médicas para determinar si ésta puede “gobernarse a sí misma”.1 Si los médicos consideran que la respuesta es negativa, el juez decreta el estado de interdicción y remueve la “capacidad jurídica”; se procede a nombrar a un tutor para que tome decisiones a nombre de quien ha sido juzgado.

La persona en interdicción no puede abrir una cuenta de banco. No puede casarse y no puede divorciarse. No puede inscribirse en la escuela. No puede firmar un contrato de trabajo. No puede pedir un préstamo. No puede nombrar un representante. No puede oponerse a que lo internen en un hospital. No puede decidir sobre su tratamiento médico. No puede ser persona.

Pero regresemos al escenario. Persona se dio cuenta de que no podía hacer nada. Cuando pedía un trabajo, los empleadores se lo negaban porque les daba miedo contratar a alguien interdicto. Llegado el caso, era su tutora quien debía ir a firmar el contrato laboral. Entonces, para revertir el proceso, Persona decidió iniciar un juicio para cesar la interdicción.

Así que la sala está abarrotada. El juez, el secretario, los psiquiatras, Persona, su abogada, una perito, el Ministerio Público. Y en primera fila, la representante de derechos humanos del Tribunal que en esta ocasión será interpretada muy dignamente por una planta: porque la vigilancia de los derechos a veces no es más que un ornato.

Da inicio la audiencia de juicio. La abogada de Persona explica que en 2008 México aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma que reconoce el derecho de todas las personas a tomar sus propias decisiones sin que importe su discapacidad. Esta disposición revolucionaria es muy clara. Incluye que las personas puedan requerir apoyos extraordinarios para el ejercicio de ese derecho; por ejemplo aquellas que no pueden comunicarse con parámetros de normalidad, o quienes no suelen ser escuchadas porque están “en un delirio”. La abogada de Persona concluye diciendo que la pregunta que debe resolver el juicio es la de si su defendido ha de recuperar la capacidad jurídica con base en la Convención citada.

Hasta aquí, en la audiencia podrían presentarse algunas objeciones. El Ministerio Público las expresa en los siguientes términos: el estado de interdicción es para proteger a Persona. La tutora de Persona es su mamá, ¿acaso no tomará las mejores decisiones para él? Probablemente, pero lo hará siempre desde su perspectiva y no la de su hijo.

¿Cuál es, entonces, la mejor decisión para cuidar a Persona? En tanto no se admitan las bolas de cristal o las predicciones astrológicas en un juicio, lo único que el Estado nos puede garantizar es que, más allá de si las decisiones son buenas o malas (todos suponemos que tomamos decisiones racionales a pesar de que hay pruebas científicas que cuestionan esto), lo que sin duda sí son es responsabilidad exclusiva de la persona.

En este sentido no puede existir un “interés superior” cuando se trata de personas con discapacidad.2 Las decisiones que tomen, como en cualquier otro caso, pueden ser buenas o malas.

Para el Ministerio Público no pasa desapercibido que Persona pueda hacer muchas cosas de forma independiente, por lo que sugiere que sea el juez quien sentencie qué es lo que el agraviado puede decidir y qué no.

La abogada de Persona protesta. Esa tampoco es la perspectiva adecuada según lo estipulado en la Convención, pues ese tratado reconoce las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad pero prohíbe que alguien suplante su voluntad. Lo que sí puede ocurrir es que las personas requieran apoyos, insiste. Algunas personas necesitan medidas de accesibilidad física mientras que otras pueden requerir a alguien de su confianza para firmar un contrato. Un juez, sin embargo, no puede graduar las decisiones que tome Persona.

Hoy se desahogará una prueba pericial en materia de metodología. Han pedido que una experta evalúe la fiabilidad de los reconocimientos médicos que le practicarán a Persona. En el mundo de las leyes y las togas se le da un valor absoluto a lo que dicta la ciencia —o a lo que dicen que dicta, que a efectos de un expediente es lo mismo—. Pero en la audiencia de Persona, la perito en metodología interroga sobre las pruebas psiquiátricas que le aplicarán. Con clara incomodidad, los médicos contestan vaguedades. Sí conocen algunas pruebas. No, no las aplican. En realidad, la eficacia de sus juicios se mide según sus años de experiencia, dicen.

“¿Qué estudiaron?” Los médicos se ofenden. “¿Qué bibliografía ha consultado para respaldar sus pruebas?” Parece irrelevante. Citan a Hipócrates. Importa que ellos son médicos y a cuántos pacientes han atendido.

Hay una pausa. Los médicos alienistas inician su interrogatorio a Persona. “¿Qué edad tienes?, ¿cuáles son tus síntomas?, ¿por qué te internaron?, ¿tienes alucinaciones?”. Persona no ha empezado a contestar, cuando ya le han formulado la siguiente pregunta. “¿La televisión te habla?”. El público queda entre la risa y la preocupación.

La abogada de Persona objeta el interrogatorio: los médicos están induciendo las respuestas.

No es sino hasta el tercer acto que Persona toma la palabra. No porque esté previsto, sino porque se decide a hablar. Como si la escena fuera tomada de la obra El Proceso de Kafka, Persona relata las dificultades de su vida diaria. Se supone que todos están aquí reunidos para hablar de él.

Persona se levanta de su asiento y nos cuenta lo siguiente: “Cuando alguien tiene una discapacidad, la hacen menos y no le dan trabajo, las personas con discapacidad no tenemos muchas oportunidades de empleo, es difícil para mí llegar y decir ‘soy esquizofrénico’ con los prejuicios con la gente. ¿Si me entiende? son barreras para mí”. Lo que requiere Persona no sólo son apoyos para, por ejemplo, abrir una cuenta de banco. Su preocupación también está en eliminar la discriminación. Persona quiere eliminar las barreras que le dan un trato injusto y le impiden acceder a sus derechos.

***

Esta obra no es producto de la ficción. Los diálogos son parte de un procedimiento real. Lo que acaba de presenciar la audiencia es una versión de lo que ocurre en un juzgado de la Ciudad de México. Quienes representan a los personajes no son actores o actrices profesionales sino estudiantes de Psicología, Derecho, Trabajo Social o Pedagogía que llevan estos casos a los Tribunales con la intención de generar estrategias que aseguren el pleno ejercicio de los derechos humanos de personas en condición de vulnerabilidad.

Las y los estudiantes han investigado, realizado entrevistas, han ido a hablar con los funcionarios. La audiencia de hoy es fruto de varias generaciones que han sido partícipes de la planeación de estrategias que por fin se han probado en un juzgado.

La mujer vestida de negro se dirige al público. “Una vez que usted ha visto la audiencia, le preguntamos, ¿Persona tiene el derecho a ser persona?”

Le invito a emitir su veredicto.

 

Salvador Guerrero
Maestro en Derecho por la UNAM. Coordinador de Derecho en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM.


1 Artículo 450, fracción II del Código Civil para el Distrito Federal.

2 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, Observación General N° 1, Artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley, 19 de mayo de 2014, párr. 21.

Leer completo