Apuntes y consideraciones sobre la Ley General de Salud Mental

La discusión sobre la Ley General de Salud Mental se pospuso a septiembre, después de que distintos actores denunciaran que viola los derechos humanos de la población a la que se supone que quiere proteger. Este texto llama la atención sobre los aspectos de la iniciativa que urge que sean corregidos.

“Los prejuicios son una gran discapacidad”
—Jesús Vidal

 

En marzo de este año, junto con el inicio de la pandemia, la Comisión de  Salud del Senado de la República aprobó el dictamen para la Ley General de Salud Mental que estaba pensada para ser votada estos días en el Pleno. La llamada “Ley Bañuelos” ha despertado reacciones negativas por parte de organizaciones civiles y personas que viven o conviven con la discapacidad psicosocial. Ésto, a pesar de que la materia de la que se ocupa tendría que ser de interés para el grueso de la población. Y este es justamente uno de los principales conflictos de esta propuesta de ley: el mantener la salud mental en el rubro de una especialidad y no reconocer la necesidad de atenderse como primera necesidad y de manera integral.

Activistas señalan que la propuesta presentada se apega a la visión del Modelo Rehabilitador de la Discapacidad que busca, desde un esquema meramente médico-biológico, la integración de las personas con discapacidad a costa de violentar derechos humanos fundamentales en la mayoría de los casos. La ley propuesta llega, incluso, a apegarse al Modelo de Prescindencia, que considera “sin propósito” las vidas de personas con discapacidad más vulnerables en tanto les impide el acceso a servicios de salud mental realmente integrales.

La iniciativa de ley define la salud mental como “el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales y, en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades personales para la convivencia, el trabajo y la recreación;” Una definición con una visión de derechos que en el despliegue, sin embargo, queda anulada por repetir un modelo que perpetua sistemáticamente la discriminación y exclusión.

Ilustración: Kathia Recio

En el contexto de covid-19, la salud mental se ha vuelto una parte fundamental del debate público, alimentada por los largos periodos de aislamiento. En medio de la situación de confinamiento que estamos viviendo, es por lo menos ofensivo que esté en consideración una ley que busca el encierro de las personas con diagnósticos psiquiátricos —en tanto legaliza los internamientos forzosos— en lugar de proponer opciones terapéuticas que podrían, desde una mirada social, repensar la discapacidad, como existen de hecho en otros lugares del mundo.

Los desórdenes mentales son más comunes de lo que creemos. De acuerdo con datos del Banco Mundial, al menos 10 % de la población a nivel mundial vive con algún trastorno mental y en países afectados por el conflicto y la violencia interna la cifra asciende a una de cada cinco personas. Si seguimos con la línea del Banco Mundial, el número en México al menos supera los 12 millones de personas. En 2018, el INEGI publicó que más del 30 % de la población en México refiere haber sentido depresión.

La atención a la salud mental ha sido un componente históricamente olvidado y marginado en las políticas de atención en México. Por esto resulta necesario que desde la sociedad civil se señalen los aspectos en esta iniciativa de ley que sostienen un discurso que posiciona a las personas que viven con discapacidad psicosocial como personas sin agencia o personalidad jurídica para decidir sobre sus propios tratamientos. Esta ley refuerza un sistema que fomenta la privación de la libertad por encima de un tratamiento terapéutico digno.

Seguramente quienes redactaron este dictamen reconocieron la importancia de contar con un instrumento que atendiera el enorme reto que enfrentamos como país en materia de salud mental. Sin embargo, el trabajo legislativo necesariamente requiere acercamiento a la sociedad civil organizada, a las y los expertos en la materia y a las personas que van a ser impactadas directamente.  Además de los análisis técnicos que ya se han generado en diversos espacios, nos resulta importante destacar que existen áreas donde la propuesta de ley se puede enriquecer.

El lenguaje es simultáneamente una barrera y un trampolín. Por una parte, el lenguaje condiciona el sitio que una persona ocupa dentro de una comunidad o de una sociedad y al mismo tiempo visibiliza, potencializa y da luz a aquéllo que, de lo contrario, sería inexistente. De ahí las discusiones vigentes sobre el lenguaje incluyente o con perspectiva de género. La Ley General de Salud Mental sirve como ejemplo de quienes utilizan un lenguaje discriminatorio y estigmatiza la diversidad. Tanto la Iniciativa de Ley como su exposición de motivos contienen frases como: “(…) quienes previa comprobación de su anormalidad”;1 “personas con trastornos mentales y del comportamiento”;2 “enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas”3 y “Enfermos mentales delincuentes recluidos”.4 Estas frases dan cuenta de la mirada y percepción de la discapacidad con las que fue concebida esta iniciativa. Es problemático que una ley que pretende proteger a una comunidad, la estigmatice con sus propias palabras.

Por otro lado, el artículo 2 de la Iniciativa de Ley menciona que su objetivo es “regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental y la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en esta materia, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”. Sin lugar a dudas es indispensable que nuestro marco normativo tenga un enfoque de derechos y  que sitúe a las políticas de gobierno en contexto con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, pareciera que basta con agregar las frases “perspectiva de género” y “enfoque de derechos humanos” para que mágicamente funcionen como un sello de aprobación para las agendas de diversidad.

En realidad, contar con perspectiva de género implica reconocer las distintas maneras y factores presentes en materia de salud entre mujeres y hombres, las formas en que expresan sus malestares y el acceso que tienen ambos a los servicios de salud y esto no se ve reflejado en la Propuesta de Ley. Es decir, es indispensable reconocer los impactos biológicos y sociales diferenciados entre mujeres y hombres, pensándolos también desde la salud mental. Por ejemplo, las mujeres tienen menor acceso a servicios de seguridad social debido a que tienen menos prestaciones por su mayor participación en la economía informal. Asimismo, las mujeres tienen ingresos menores y menor capacidad de pago inmediato. Por su parte, socialmente, los impactos de los estereotipos son mayores en las mujeres y reducen la posibilidad de acceso a servicios y menos si estos siguen pensándose como especialidad.

La iniciativa que discutirá el Senado da un paso atrás en la protección de los derechos humanos de las personas y la garantía al derecho a la salud. La iniciativa sostiene una mirada que niega la agencia de las personas con discapacidad psicosocial, estigmatiza la pobreza y tiene contradicciones que violentan los derechos humanos.

La llamada “Ley Bañuelos” presenta problemas conceptuales importantes que acaban estereotipando y criminalizando aquello que busca regular. De aprobarse esta ley muchas personas seguirán teniendo como única alternativa un sistema de salud que no logra verlos ni reconocerlos en su diversidad, sino que busca, desde modelos obsoletos para lidiar con la discapacidad, anular su posibilidad de ser sujetos autónomos, con capacidad de decisión sobre sus propios tratamientos para construir un sentido de vida en comunidad.

 

Daniela Higuera Alcalde
Feminista e Internacionalista.

Jonathan Silva
Psicoanalista y académico.


1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda, por el que se expide la Ley General de Salud Mental. p. 9

2 Ibid., p. 25

3 Ibid., p. 37

4 Ibid., p. 19

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Publicado en: Salud mental

2 comentarios en “Apuntes y consideraciones sobre la Ley General de Salud Mental

  1. Es necesario no quitar la atención a este tema toral que beneficie la salud y bienestar emocional y mental, antes de perjudicar lo que hoy en día está totalmente rebasado, el marco jurídico en nuestro país que de certidumbre a la salud mental de los mexicanos. Actualmente se cuenta con un presupuesto ínfimo para atender la salud mental y la infraestructura para la atención de problemas de salud mental igualmente está con serias desventajas.

  2. Está excelente el reportaje pero al final cae en lo que también se debe evitar. Para sanar a un enfermo se debe reconocer su enfermedad. Se deben reconocer y aceptar los términos aunque suenen duro. A mi me gustaría llamarle de otra forma al cáncer pero así se llama, cáncer. El reportaje dice » que no logra verlos ni reconocerlos en su diversidad»….de que hablas? una enfermedad no debe llamarse ni confundirse con diversidad. La persona no elige estar enferma o no.

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