Nuestros políticos siguen viendo a la discapacidad desde los prejuicios. Las declaraciones de Jaime Rodríguez en el debate presidencial pasado nos dieron una buena pista de ello. Aquí una revisión de lo dicho y propuesto por los candidatos, así como los esfuerzos ciudadanos por mejorar la discusión y la participación política de las personas con discapacidad en estas elecciones.

El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, lo dijo sin titubeos en el primer debate presidencial: "Tenemos que mocharle la mano al que robe, así de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos [de los otros candidatos presidenciales] se atreven a aprobarla".


Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

La declaración confirmó la ignorancia (o desinterés) del candidato en cuanto a temas de derechos humanos, además de su desconocimiento de uno de los principales puntos de la Constitución Política de México: el artículo 22 prohíbe “las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Sin embargo, el comentario revela algo más. El mensaje del candidato refuerza una idea que existe todavía hoy sobre la discapacidad, aún cuando se intenta ocultar en la corrección política –que lo haya dicho públicamente no significa que sea el único que cree en este tipo de castigos–. Atrás de la propuesta del “moche” se esconde nada menos que el pensamiento de que el cuerpo mutilado es una forma de castigo constante, de un padecer continuo que puede ser más doloroso que la misma muerte.

Después del debate, la mayoría de los comentarios en las redes sociales replicaban memes de personas con manos mutiladas por robar, hasta Enrique Peña Nieto apareció en esas imágenes virales. Irónicamente, por manipulación de la fotografía era posible ver a una persona con mutilación en un cargo público. Así, estas imágenes dejaban ver algo que se vió por única vez en el debate a la presidencial del  2000 con la participación del candidato del Partido Democracia Social, Gilberto Rincón Gallardo, un referente de la población con discapacidad

No es ninguna revelación decir que pocas veces vemos a altos funcionarios públicos con discapacidad. Los casos como el del presidente del congreso en Perú, Luis Galarreta, quien tiene prótesis en ambos brazos, son contados. Es una realidad que ilustra por qué de hecho hay quien sostiene que la discapacidad es un castigo.

La amenaza de cortar manos usa la concepción más primigenia del estigma: la marca de los cuerpos para buscar en el escarnio una forma, no de justicia, sino de penitencia. La propuesta de “El Bronco” tiene como fin imponer un signo en el cuerpo para categorizar a quien lo porta. Ese es el estigma al que se enfrentan por lo regular las personas con afectaciones corporales, que van desde manchas en la piel hasta la incompletitud debido a alguna lesión, secuela por algún accidente, malformación o amputación de miembros.

Un ejemplo de cómo las declaraciones fáciles, ligeras, hechas a bote pronto sin el mínimo análisis, reflejan más de lo que se cree. Lo que el candidato independiente dijo refuerza años de estereotipos, décadas de ideas acerca de la discapacidad como un lastre y no como parte de la diversidad. Revelan la discusión tan plagada de prejuicios a la que se enfrenta el tema de la discapacidad en México.

Esto da pie a conocer cómo es vista y abordada la discapacidad en las propuestas de los candidatos a la Presidencia de México. Lo dicho por “El Bronco” podría parecer una anécdota más, pero una mirada suspicaz deja claro que el tema de la discapacidad es apenas un bosquejo en la mente de los candidatos a la presidencia. 

¿Plataformas incluyentes?

Hay distintos niveles para analizar las propuestas sobre discapacidad en este proceso electoral: la participación de las personas con alguna discapacidad en las candidaturas a ocupar un cargo de elección popular, las coberturas periodísticas sobre el tema, el trabajo de las personas en el proceso (desde la accesibilidad e inclusión como funcionarios de casilla), la forma en la que los candidatos se refieren a esta población y, por supuesto, las propuestas concretas que los políticos plantean para este sector.

Sobre este último punto, más allá de las entrevistas focalizadas, revisamos las propuestas dirigidas a las personas con discapacidad que han sido publicadas en las plataformas de cada candidato a la presidencia; las que se supone que son creadas para gobernar para todos. Solo dos de los candidatos incluyen abiertamente el tema de discapacidad en sus plataformas: Ricardo Anaya y Margarita Zavala, ambos también  fueron los únicos que mencionaron a esta población en el primer debate presidencial.

En las propuestas de la página oficial de la candidata independiente Margarita Zavala, las personas con discapacidad son nombradas en el apartado “Un México solidario” donde explica que una de sus iniciativas es “apoyar solidariamente a quienes más lo necesitan”. Aunque no dice cómo, ni explica la creación de programas puntuales, la candidata afirma que buscará “generar estrategias focalizadas para ayudar a grupos vulnerables, incluyendo pueblos indígenas, personas con discapacidad y otras personas en estado de vulnerabilidad”.

Da algunos detalles en las “estrategias focalizadas”. Ahí, la candidata se refiere a dejar el paradigma asistencialista para transitar a la inclusión y los ejes que plantea están enfocados en promover la educación inclusiva y la accesibilidad en los espacios públicos y en las comunicaciones, aunque no explica con detalle cómo alcanzaría esas metas.

Por su parte, Ricardo Anaya es el único que hace referencia a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad en su proyecto. En el apartado “Plataforma del Frente”, detalla en el punto 12 que su propuesta para esta población es: “Establecer políticas públicas transversales que garanticen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social, sin discriminación o algún tipo de violencia” y continúa explicando que promoverá la participación económica de este sector e iniciará un proceso de armonización de  la Convención.

La página oficial de José Antonio Meade, no se refiere a la discapacidad en ninguna de sus “7 propuestas por la nación” ni sus “Compromisos por la nación”. En el primer debate, el candidato del PRI  tampoco mencionó a las personas con discapacidad y, si bien hace una autoreferencia a su condición de vitiligo en sus spots promocionales, no hay personas con discapacidad como parte del público al que le habla o se dirige.

Lo mismo pasa con el candidato del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador,  quien no incluye a este sector en lo que él llama “Proyecto 18” conformado por  sus “Ejes principales del Proyecto de Nación 2018-2024”  Esto, empero, contrasta con el hecho de que Morena sea el único partido que ha transmitido spots que incluyen Lengua de Señas Mexicana (LSM) y que su página web sea accesible para las personas con discapacidad. Lo anterior fue reconocido por distintas organizaciones civiles como la Coalición de Personas Sordas (Copesor).

Por su parte, en la página web “Bronco independiente” del candidato Jaime Rodríguez, no se encuentra ninguna iniciativa dirigida a la población con discapacidad, aunque algunas podrían referirse al tema como en el caso del apartado “Quitar el asistencialismo”, donde el candidato señala: “¡A los huevones nada, a los que trabajan todo! Claro que se apoyará a los que verdaderamente lo necesiten”.

Coberturas alternas

En tiempos electorales, informar con un enfoque de inclusión y colocar el tema de discapacidad en las agendas de los medios de comunicación no es sencillo, sobre todo en medio de los de los ataques y de discursos centrados en hablar del adversario.

Sin embargo, hay alternativas para saber qué proponen los candidatos en materia de discapacidad. Es el caso del portal “Yo también”, una iniciativa de la periodista y activista en temas de discapacidad Katia D´Artigues, que permite conocer el punto de vista de los candidatos sobre las problemáticas a la que se enfrenta esta población, así como sus propuestas para atenderla, a través de preguntas formuladas directamente a ellos.

En estas entrevistas es posible conocer visiones más detalladas, así como los desacuerdos que existen entre los candidatos. Por ejemplo, al referirse al Teletón, iniciativa de Televisa en funciones desde hace más de una década y que se ha centrado en la rehabilitación, el candidato Ricardo Anaya presumió que como diputado promovió el reconocimiento a Fernando Landeros –presidente de la fundación– con la medalla “Belisario Domínguez”. Este reconocimiento fue cuestionado con base en las críticas que organizaciones civiles y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han hecho al Teletón por replicar mensajes que promueven el modelo asistencialista y la caridad hacia las personas con discapacidad.

La opinión del candidato Andrés Manuel López Obrador, en este sentido es la contraria. Éste critica el papel del Teletón porque, desde su punto de vista, “el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos de todos”.

Al trabajo que realiza “Yo también” se suma otra propuesta ciudadana: “Yo elijo” es una iniciativa para que las personas con discapacidad sean observadores electorales en las jornadas del próximo 1 de julio. La propuesta fue impulsada por el comunicólogo Elías Elvín Roja y apoyada por la organización “La Pirinola” desde el proceso electoral del 2012; le apostaron a que las personas con discapacidad fueran agentes activos en el proceso de monitorear las elecciones presidenciales. Esta propuesta busca, además, que las personas con discapacidad conozcan y promuevan sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Buscan acercarse a esta población, a través de las redes sociales de “Yo elijo”, no sólo en la Ciudad de México sino en diferentes partes del país.

Como para las mujeres la participación política es todavía un camino con obstáculos, no solo para participar, sino al momento de ejercer su derecho a la vida política, algo similar enfrentan las personas con discapacidad. A diez años de que México firmó y ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, esta población quiere ser reconocida e incluida como parte activa de la vida política en el país, aún cuando los políticos se nieguen a verla y a reconocer el potencial que estas personas tienen más allá de los enfoques “inspiradores”.

Las acciones para revertir el hecho de que los candidatos no incluyan a esta población en sus propuestas también corresponden a las propias personas con discapacidad. Está pendiente una agenda que afiance su presencia y permanencia en la política de un país que todavía las mira exclusivamente desde la asistencia.

 

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacidad. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.

Emma González
Psicóloga y perteneciente al grupo psicoanalítico Montealbán en atención a la psicosis. Colabora en la clínica jurídica del PUDH de la UNAM y actualmente está a cargo de un programa piloto para la desinstitucionalización psiquiátrica.

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Las mujeres con discapacidad no acceden a los mismos derechos que otras mujeres, ni siquiera cuando han sido violentadas. Con pretexto del Día de la Mujer, este reportaje echa luz sobre una problemática de género que es urgente: la violencia sexual a mujeres y niñas con discapacidad.

“¿Saben de alguna iniciativa o programa gubernamental para atender a las mujeres con discapacidad que hayan sido víctimas de violencia sexual en México?”, se les pregunta a dos de las principales organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en México: el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser). Su respuesta es no. No es que no las conozcan, es que no hay.  La misma pregunta se le plantea a la organización Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social, y responde igual: no hay programas específicos para atender a esta población.

Las mujeres con discapacidad no figuran como protagonistas de las campañas para la prevención de la violencia sexual, y mucho menos para su atención. Si aquellas que no tienen ninguna discapacidad se enfrentan a la estigmatización, al miedo y a la falta de sensibilidad de políticas y funcionarios públicos, esto se magnifica en el caso de las mujeres que tienen alguna discapacidad. Éstas “suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación”, como lo reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

¿Cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia? En México no hay datos, lo mismo que en otros países de América Latina. No hay estadísticas, no porque no haya víctimas, sino porque no hay denuncias y las pocas que existen no están sistematizadas. Pero los casos son múltiples: van desde las agresiones a mujeres que son violentadas sexualmente en el espacio público, como el de una joven con discapacidad visual que fue agredida al pedir apoyo para subir un puente peatonal en la Ciudad de México, hasta aquellas que son violadas por integrantes de su familia.

Ana Peláez, experta de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y  Comisionada de Género en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), explica en su libro Mujer, Discapacidad y Violencia (2013), que aún con pocos datos es posible tener estimaciones de la gravedad del problema:

“También se puede decir que desde los aún escasos estudios e investigaciones sobre este tema, generalmente provenientes de Europa, América del Norte o Australia, se señala que más de la mitad de las mujeres con discapacidad han sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella; o que un 40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia, como señala el Consejo de Europa”.1

Peláez, quien fuera la representante del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Organización de las Naciones Unidas y ahora es candidata al Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW por su siglas en inglés) dice que, aún cuando se han incrementado las campañas para hablar de violencia de género, las mujeres con discapacidad siguen marginadas y no se asume que también son un sector en riesgo de sufrir violencia.

En el caso de México, la situación es similar, el “Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad” realizado en 2016 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera menciona esta problemática.2 Aún cuando en la Convención que México firmó y ratificó se compromete a velar por que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a una vida libre de violencia.

“Si bien reconocemos que no existen datos duros al respecto, sí hay evidencia de que las mujeres y las niñas con discapacidad son víctimas de tasas más altas de violencia y discriminación que aquellas que no tienen discapacidad. Esto está relacionado con el aislamiento social y la dependencia a terceros de las mujeres con discapacidad”, advirtió Diana Sheinbaum, investigadora de Documenta. Análisis y Acción para la Justicia social, una  asociación civil dedicada a la defensa legal de las personas con discapacidad.

Esto lo respalda GIRE, una organización enfocada a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México:

“Cuando son menores de edad y tienen una discapacidad, para nosotras ha sido clarísimo que ni los prestadores de salud ni el propio derecho están pensando en que existe la diversidad de mujeres. No se incluye a las mujeres que tienen discapacidad. Las autoridades tienen una manera de actuar, un modus operandi sumamente enraizado, en el que consideran que una persona con discapacidad es igual a una persona incapaz o una persona menor de edad. Como que se anula de inmediato la posibilidad de que esas chicas tomen decisiones y siempre delegan su decisión en quienes tengan su guarda y custodia”, explicó la directora de GIRE, Regina Tamés.

 

Obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo

La Norma Oficial Mexicana  046 -SSA2-2005 es el marco legal que obliga al personal de salud a atender a las mujeres, niñas y adolescentes, que fueron víctimas de violencia sexual. A nivel federal, aquellas víctimas que resulten embarazadas producto de una violación pueden acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). También se contempla la anticoncepción de emergencia y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Después de la última modificación a esta Norma (2016), no es necesario que la víctima presente una denuncia formal para acceder a la ILE.3 Sin embargo, este instrumento no es aplicado correctamente en la práctica, como explica Regina Tamés: “los obstáculos son ideológicos, pero también de desconocimiento de la Norma”. Añadió que a esta problemática se suma el hecho de que “no haya consecuencias” cuando el instrumento se incumple.

GIRE ha documentado cómo a niñas menores de 18 años se les complica acceder a la Norma porque el personal de salud pone “barreras adicionales”, como pedirle permiso a los padres, algo que es muy complicado si tomamos en cuenta que “generalmente los casos que tenemos son de niñas menores de edad que han sido violentadas por sus familiares.  Sumado a enfrentarse a la revictimización por parte de las autoridades de salud, se enfrentan a la negativa y son forzadas a ser madres de un producto de violación”.

Lo anterior se agrava cuando la víctima tiene discapacidad. Aunque en el registro de Atención en casos de Violencia Familiar o Sexual de la Norma 046 sí distingue el caso de que la mujer atendida tiene o no tiene discapacidad. Incluso en la introducción de este documento aún cuando no reconoce tácitamente la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad se hace referencia a las condiciones de diversidad que puedan magnificar los riesgos.

“Que biológicamente estaba preparada para tener un niño y que seguramente ese niño iba a nacer sano y no como ella”, fue lo que personal de salud le dijo a la madre de una joven con discapacidad intelectual que el equipo de la Red por los Derechos sexuales y Reproductivos acompañó cuando buscaba acceso a la ILE. Ddeser forma parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que busca que las mujeres y sus familias estén informadas de sus derechos sexuales y reproductivos, en especial de su derecho a acceder a la Norma 046.4

Por su parte, GIRE ha acompañado tres casos de mujeres con discapacidad. Regina Tamés es clara en explicar que la Norma 046 no es un asunto de ideologías, sino un tema de salud pública y de derechos de las mujeres, que debe incluir a quienes tienen una discapacidad. “Aquí no se trata de cambiar a nadie de opinión, que se está a favor o en contra de la Norma –del aborto en concreto–, sino que hay una norma técnica que te dice cuál es la atención que requieren estas mujeres que han sufrido una agresión y que son sobrevivientes para lograr llevar su vida de la manera más digna”.

Niñas por siempre

La principal discapacidad que tienen las mujeres en México es visual y motriz según datos del 2014 del  Módulo de Condiciones Socioeconómicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el caso de las mujeres, la discriminación se duplica por su condición de género y su discapacidad.

Las expertas consultadas coinciden en que uno de los principales problemas para no considerar a las mujeres con discapacidad como posibles víctimas de violencia sexual es la infantilización, es decir, asumir que estas personas se quedan ancladas en una etapa de crecimiento en donde dependen del otro y no pueden tomar decisiones por sí mismo. Otra razón es que las mujeres con discapacidad están invisibilizadas, no porque no corran el riesgo de sufrir violencia sexual, sino porque, entre otras razones, persiste la idea que las personas con discapacidad son personas asexuadas.

El agresor en casa

El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014 y 2018 del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto contempla en varias de sus estrategias –en el papel–, la atención de las mujeres con discapacidad a través de la difusión de sus derechos, la promoción de la prevención de la violencia y la creación de programas especializados para este sector.5 Sin embargo, como otras de las estrategias, esto permanece sólo como una de las líneas de acción que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS) debería articular y que no necesariamente logra porque no es su principal función  no cuenta con el presupuesto necesario.

Los programas de prevención y atención de la violencia  deben incluir estrategias que permitan a las mujeres denunciar, aún cuando el agresor está en su mismo hogar, dice Regina Tamés:

“Lo más aterrador es que [quien las violenta] no sea una persona desconocida, sino que siempre es alguien que está en el entorno, que tendría que ser alguien de confianza para estas mujeres, con discapacidad o no, y el Estado tendría que poner una alerta roja de que algo se está haciendo mal porque no están seguras ni siquiera en su entorno más inmediato”.

Lo mismo ha confirmado Adriana Patlán, de Ddeser: “Desafortunadamente nos ha tocado que sea gente cercana a ellas”, como cuentan sobre un caso que acompañaron en Jalisco: Una joven de 14 años con discapacidad intelectual comenzó a bajar su rendimiento deportivo, su entrenador le avisó a su mamá que algo extraño le pasaba y que la llevara al médico. Al llevarla a revisión se dieron cuenta de que tenía tres meses de embarazo. Más tarde confirmaron que había sido violada por la pareja de su madre.

El hecho de que la mayoría de las veces el agresor esté en casa, o en instituciones como los albergues o casas hogar en donde viven las mujeres con discapacidad, lleva frecuentemente a la esterilización forzada. Esto preocupa a las organizaciones civiles pues se trata de una violación a los derechos reproductivos de las mujeres, que lo que termina provocando es que el abuso quede oculto. El embarazo es una señal de violencia sexual, como ocurrió con el caso que acompañó Ddeser.

“Dada la diferencia que tienen con los terceros y porque en muchos casos se encuentran en ambientes institucionalizados, es que las mujeres con discapacidad generalmente se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad ante la violencia sexual que las mujeres sin discapacidad”, describe la investigadora de Documenta, Diana Sheinbaum, y añadió: “lo que hemos podido analizar es que en muchas ocasiones el perpetrador es parte de la familia y en las mujeres existe un miedo a perder su apoyo o simplemente hay un falta de reconocimiento del abuso por falta de educación sexual”.

A esto debe añadirse algo que organizaciones documentaron y denunciaron al Comité de los Derechos de la Personas con Discapacidad: los albergues son espacios donde, más que estar protegidas, las mujeres con discapacidad se enfrentan a “hoyos negros”:

“Estos espacios que muchas veces no están regulados, en donde no existe monitoreo de parte de las instituciones, o capacitación del personal, acaban siendo depositarios de seres humanos que viven en un hoyo negro, en donde lo que sucede ahí dentro es invisible (…)  El Estado mexicano tiene una deuda con respecto a la creación de servicios y programas para las mujeres y los hombres con discapacidad que sean respetuosos de su derecho a la vida independiente y a la vida en comunidad”. como afirma la académica Sheinbaum.

Avances

A finales del 2017, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) organizó el foro “Género, sexualidad y discapacidad”, en el que se presentaron mesas de diálogo para abordar esta problemática reconocida por las autoridades mexicanas.6 Se trata de uno de varios esfuerzos incipientes que buscan atender a una población que generalmente no es tomada en cuenta en las políticas por la prevención y atención de la violencia, entre otras cosas.

“Me parece que la responsabilidad cae sobre el Estado. Eso no quiere decir que no existan organizaciones de la sociedad civil o la academia que estén interesadas en el tema y que podrían ayudar con esta tarea, pero me parece que la obligación misma cae sobre las instituciones gubernamentales”, resaltó  Sheinbaum.

Aún cuando hay poca información relacionada con la prevención y  atención de las mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia sexual, sí hay ejemplos de cómo la sociedad civil, académicos y expertos en psicología han trabajado de forma vinculada para atender esta problemática. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, en España, la cual creó una guía para profesionales en la que se explica qué es la violencia sexual, cómo detectarla y cómo proveer a la víctima de atención integral.7

En México, la Red por los Derechos sexuales y Reproductivos está diseñando un programa de intervención para mujeres con discapacidad en el Estado de México. “Es importante que nos informaremos  y que veamos que los derechos van avanzando y que estos derechos también les pertenecen a las personas con discapacidad, que no deben de sufrir discriminación o desigualdad. El artículo cuarto constitucional ya dice que el número y espaciamiento de los hijos lo decidimos cada persona”, informó Adriana Patlán.

Por eso, una parte crucial para la prevención de la violencia sexual es la educación. En la Ciudad de México y con trabajo en diferentes estados del país hay organizaciones que atienden esto como el Grupo Educativo e Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad (GEISHAD A.C) que se dedica a la dar información y educación sexual a personas con distintas discapacidades así como capacitación y formación de profesionales interesados en esta temática.8

Estos ejemplos de organizaciones de la sociedad civil reconocen que está en proceso de incorporar la perspectiva de la discapacidad en su trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivas. “Para GIRE ha sido un gran aprendizaje de cómo la Norma 046 es para todas y cada una de las mujeres. Es diferente una mujer indígena que no habla español, si no está cerca de la ciudad, y si tiene discapacidad. En el tema de la discapacidad, para nosotros Documenta ha sido un gran hallazgo, pues nos ha ayudado a acompañar también a estas familias de mejor manera”, resaltó la directora de la organización.

Por último, este 2018 es una año en el que el Estado mexicano está por presentar su segundo informe sobre el cumplimeinto de la Convención de las Personas con Discapacidad. En el informe anterior, la ONU le cuestiona este punto, así como la situación de las mujeres con discapacidad. En estos meses, sociedad civil prepara el “Segundo informe sombra” para denunciar aquellas omisiones del Estado mexicano, omisiones que impiden mejorar la vida de las personas con discapacidad. Activistas y población con discapacidad coinciden que hay temas urgentes, entre ellos atender y prevenir la violencia sexual hacia las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad.

 

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacidad. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.


1 Libro Mujer, Discapacidad y Violencia.

2 Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad.

3 Modificaciones a la NOM 046 publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

4 Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

5 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

6 Boletín INMUJERES.

7 Mujeres con discapacidad y violencia sexual: guía para profesionales

8 Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C.

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¿Por qué las guías para escribir usando lenguaje incluyente no logran que las coberturas sobre la discapacidad tengan un enfoque de derechos humanos? No basta con cambiar el lenguaje, es necesario que los periodistas modifiquemos nuestra manera de ver, entender y abordar a la discapacidad. En este texto, Priscila Hernández habla de su experiencia cubriendo a la discapacidad y sugiere algunas cosas para que pensemos y hablemos de este tema con justicia.

A los periodistas nos enseñaron a ser críticos de los otros, a mirar con recelo a la realidad, a dudar y cuestionar como los ejercicios elementales de nuestra profesión. Sin embargo, pocas veces cuestionamos nuestras prácticas al interior del gremio. Intentar hacerlo implica que, casi en automático, aparezca una voz advirtiendo: “¡Perro no come perro! “

Afuera preguntamos mucho, pero parece que ese ejercicio está negado para nosotros mismos. “¿Por qué pusiste ese titular?” “¿por qué colocar esa nota como la principal?” “¿por qué cubrir ese evento e ignorar esta protesta?”, son preguntas que no siempre se formulan en las redacciones y se quedan en las reuniones de reporteros. En el otro espectro están los editores que mucho tienen que decir sobre lo que viven al interior de las redacciones o en cuanto a los reporteros que se niegan a mejorar su trabajo. Unos y otros, cada uno con sus complicaciones y retos, viven este oficio como en las mejores familias: en silencio, haciendo como que nada pasa y en donde es mejor aparentar que solucionar.

Asignar temas, cubrir noticias, escribirlas, editarlas y publicarlas es la cadena de actividades que impone el ritmo de producción de noticias, y que se hace de forma inercial. Así, vamos acumulando las jornadas periodísticas sin detenernos en por qué escribimos, reporteamos y publicamos (o no).

Comienzo relatando lo que ocurre al interior de las redacciones y en el ejercicio de la profesión porque eso explica, entre otros aspectos, el freno que existe para que los periodistas abordemos el tema de la discapacidad desde un ángulo de derechos humanos. Aún cuando socialmente se ha avanzado en la cuestión: en la creación, firma y ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (México, a través de Gilberto Rincón Gallardo fue uno de sus principales impulsores), esto aún no impacta en las coberturas.1

Organizaciones civiles, académicos y distintas instituciones han elaborado manuales para que los periodistas informemos sobre la discapacidad sin discriminar. Esas guías explican, de forma clara, por qué recurrir o no a determinados términos y lo que implica el uso del lenguaje como una forma de discriminación. Una de esas guías útiles para entender cómo escribir con términos correctos, y que reflexiona sobre la forma en la que los periodistas miramos a la discapacidad, es la Guía de estilo periodístico para informar sobre discapacidad escrita por el periodista colombiano Oscar Saúl Cristancho, asesorado por el maestro de la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez (FNPI), Javier Darío Restrepo.2

El lenguaje es una de las primeras puertas que tenemos para entender el mundo, sin embargo, pensar que el tema de la discapacidad será comunicado con un enfoque de derechos sólo gracias al uso de los términos correctos sería negar la complejidad de las coberturas periodísticas. No bastan las palabras, como explicó Gilberto Rincón Gallardo en la presentación del análisis “Lenguaje y discriminación” de Héctor Islas ZaÏs editado por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred): “Aprendemos a nombrar las cosas  y a las personas a partir de nuestro entorno, al mismo tiempo, integramos prejuicios, matices despectivos, atribuciones arbitrarias”.

Los periodistas constantemente reciben correos en los que las organizaciones civiles les piden llamar a la población con discapacidad usando el término correcto. Alguna vez me tocó presenciar una rueda de prensa en donde los activistas comenzaron regañando a los reporteros por escribir  “inválidos” o “discapacitados” en sus notas. Si existen y están al alcance del gremio, ¿por qué no terminan de generar un efecto estos manuales?

Porque aún cuando se reconoce el peso de las palabras y la importancia de escribir sin discriminar, la mirada del periodista está detenida en el modelo asistencialista. Habrá que reconocer que utilizar los términos correctos no impide que el contenido esté plagado de prejuicios y de frases que promueven la lástima hacia esa población. Ahí están los políticos que usan un lenguaje incluyente, pero siguen con prácticas asistencialistas como la donación de sillas de ruedas.3

¿Cómo podemos cambiar los periodistas nuestra mirada y abordaje de la discapacidad? El primer paso es reconocer y asumir los prejuicios desde los que vemos la realidad; hacer un repaso por la forma en que aprendimos qué era tener o vivir con una discapacidad. En las coberturas he confirmado que hay colegas que, por temor a equivocarse al usar la terminología o a no saber cómo tratar a las personas con discapacidad, prefieren no abordar la temática, cayendo así en otro problema al que se enfrentan las personas con discapacidad en los medios: la invisibilización.

¿ A quién entrevistamos para hablar sobre discapacidad?

El periodista del periódico El País y maestro de la de la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez (FNPI), Miguel Ángel Bastenier, ha planeado que existen los cuatro jinetes en el Apocalipsis periodístico: oficialismo, hiperpolitización, omisión internacional y declaracionitis.  Este último término lo explica Bastenier como: “La publicación masiva de lo que la gente dice, con gran preferencia sobre lo que la gente hace, entre otras cosas porque es más fácil, porque los que hacen declaraciones lo que quieren es verse reproducidos por los periódicos y demás medios de comunicación”.4

Eso mismo pasa en las coberturas de discapacidad. El médico, el político o el funcionario a cargo de las oficinas de asistencia social son los que principalmente hablan cuando hay que escribir una nota sobre discapacidad. Así, aunque parezca complicado, las personas que tienen la discapacidad están anuladas informativamente y, si llegan a aparecer, será, la mayoría de las veces con historias repetidas (como la cobertura de lo complicado que es transitar la ciudad en silla de ruedas o el testimonio de una persona con alguna enfermedad extraña que busca un apoyo social). Notas que son asignadas a la cobertura de sociales o a la nota de “color” porque el editor -erróneamente- no espera nada de profundidad y considera que son textos para “rellenar” o cubrir una cuota de temas sociales. Es importante aclarar que esto es algo que ocurre en México y en otros medios de América Latina, pero que tiene precedentes en España, por ejemplo. Allá también se han producido coberturas estigmatizantes, pero poco a poco se asume que el modelo asistencialista es obsoleto y agrupaciones como la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) han contribuido a la capacitación de periodistas.

Ni ángeles ni demonios

“Ni ángeles ni demonios, sólo seres humanos”, fue la frase que me compartió Valeria Guzmán, psicóloga, promotora cultural y persona con discapacidad visual para referirse a esos dos polos en donde socialmente se suele colocar a las personas con discapacidad. Ejemplos hay varios: el caso de notas como aquella en la que se cubre la historia de Efraín, un joven con discapacidad que viralizó  la frase “ se va hacer o no se va a hacer”,5 o la de aquel joven que, en el 2015 y al asaltar a un automovilista, fue baleado por un policía y quedó  inmovilizado.6 El primer caso tiene el tono de una burla, de broma, y el segundo de una historia que fue usada para el escarnio, para decir: se lo merece. En el periodismo parece que sólo existe, pues, la discapacidad como burla o como castigo.7

Cuando el abordaje del tema está enclavado en los extremos del asistencialismo y la inspiración se cae en clichés, estereotipos y estigmas. El asistencialismo se alimenta del modelo médico, ese que concibe a la persona como un diagnóstico mientras que el abordaje desde la inspiración hace que las personas sean vistas más como superhéroes aislados, lo cual promueve la idea de que bastará con que estos individuos luchen con todas sus fuerzas para vencer los obstáculos; algo totalmente alejado de la inclusión.

De esta forma, la noticia que atañe a la discapacidad se ha reducido a describir a personas que cuentan su historia, que narran su tristeza, que describen sus problemas, pero que no explican, no contextualizan, ni ayuda a saber cuáles son esos derechos violentados, cuáles son esas autoridades omisas, cuánto recurso público dejó de ejercerse, entre otros tantos temas que confirmarían que la discapacidad es bastante más que un testimonio.

Para enfrentarnos a esto, los periodistas debemos reconocer cuáles son los prejuicios que tenemos sobre la discapacidad. El modelo asistencialista está instalado en las redacciones y lo que es más complejo aún: en los reporteros. Por eso, entre otros motivos, es que no importa cuántos manuales de estilo haya, la mirada de los periodistas sobre las personas con discapacidad no se transforma. Otras razones para que los periodistas anulen informativamente a esta población, o la cubran desde un ángulo lastimero, es que pocas veces se acercan a ella o se limitan a entrevistar a las personas que están en situación de calle. Finalmente, también ocurre que los colegas intentan proponer estas historias pero los editores no muestran interés por su cobertura, como es el caso en general de los temas sociales.

¿Cómo lo hubiera cubierto?

Reconocer nuestros errores no es para que otros los usen y hagan juicios sumarios como ocurre muchas veces en redes sociales: cuando alguien publica un pantallazo de la nota y comienzan las burlas pero de frente a su colega esa misma persona no asumiría la crítica.

Los periodistas corremos el riesgo de no querer asumir y reconocer nuestros errores. No es fácil, pero hacerlo nos permite aprender. Por eso, como debemos aferrarnos a buscar la verdad, también debemos aferrarnos a reconocer nuestras fallas, nuestros errores y omisiones. No es algo sencillo y no siempre se puede hacerlo a solas. Lo anterior es algo en lo que ha insistido Alma Delia Fuentes, editora y mentora, a la que conocí gracias al proyecto CONNECTAS, una plataforma para la investigación periodística en América Latina, y con quien he reflexionado mucho sobre estos temas.

En  un  taller con el maestro Javier Darío Restrepo organizado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por su siglas en inglés) y CONNECTAS, recuerdo que alguien comenzó a narrar los errores, que a su juicio, había cometido un reportero en una cobertura. Javier Darío, pausado, ecuánime y con la sabiduría que lo caracteriza, explicó que los errores de los otros (que en cualquier momento podemos ser nosotros) podían servir para que nos planteáramos las preguntas: “¿Qué hubiera hecho yo?” “¿Cómo hubiera resuelto esa situación?”

A partir de esa ocasión, cada vez que se expone una crítica al ejercicio profesional de un colega recuerdo al maestro Javier Darío Restrepo. Por eso, aquí presento diez puntos que podrían funcionar para cubrir a la discapacidad. Los he aplicado en las coberturas y reconozco que son parte de la prueba y el error, de equivocarse, de aprender y de identificar aquello que podemos mejorar porque sólo así nos acercaremos al periodismo que aspiramos.

1-Antes de preocuparse por usar el término correcto, es mejor llamar a la persona por la forma en que ésta prefiera. “Juan”, antes que un diagnóstico o enfermedad.

2- Que las personas con discapacidad sean las protagonistas. Evitemos que las únicas fuentes de información sean sus familias, los abogados, los médicos y las escuelas. ¡Basta! Que sean las personas con discapacidad las que hablen sobre la discapacidad.

3- Dejemos de ver a la persona por sus diagnósticos. Son más que aquello que los      médicos y los psiquiatras les dijeron que son.

4-Expliquemos y contextualicemos. Lo que le ocurrió a una persona no es un hecho aislado, hay un sistema que lo permite y no hay casos únicos.

5- Eliminemos los detalles que sólo abonan al morbo, a la revictimización e incluso a la criminalización. Hay que preguntarse sistemáticamente: “¿Esto que escribo tiene alguna utilidad?”

6- Ubiquemos a las autoridades e instituciones que fallaron en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

7- Eliminemos de nuestra redacción verbos como “sufrir”, “padecer” para cambiarlos por el verbo “tener”. Huyamos de las frases hechas como “postrado en la cama”.

8-Busquemos fuentes acompañantes que nos ayuden a entender y a resolver dudas. Es válido decir: “¡No entiendo, no sé de lo que me habla!”

9-Describamos y narremos aquellos planes y proyectos que tienen las personas con discapacidad. No sólo son el diagnóstico que viven.

10-Demos seguimiento a las historias. No abandonemos los casos.

 

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacidad. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.


1 http://bit.ly/2zVTrJw

2 http://bit.ly/2CYaUTp

3 https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=52

4 http://bit.ly/2mlokhK

5 http://eluni.mx/2CXCHn1

6 http://eluni.mx/2FjcD35

7 http://eluni.mx/2FjcD35

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Una y otra vez vemos a nuestros políticos posar al momento de hacer donaciones en fechas emblemáticas, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada año el 3 de diciembre. Pero, ¿nos hemos preguntados si estas acciones realmente contribuyen en algo a la vida de las PcD? ¿De qué idea de discapacidad parten las donaciones? ¿Por lo menos sirven las sillas de ruedas o los aparatos auditivos que se entregan?

La fórmula se repite una y otra vez, año tras año. Es como si fuera un guión que debe seguirse tal cual para cumplir con un solo propósito: el de aparentar. La infalible fórmula lleva estos elementos: una efeméride (coloque aquí cualquier fecha relacionada con el tema de discapacidad, mujeres y niños), un día “especial” que debe conmemorarse, recordarse y celebrarse en un evento organizado por las dependencias a cargo de la asistencia social, y finalmente, quien reciba el donativo. Éste no puede faltar. Los municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal harán todo para que las personas de las colonias más alejadas estén en el evento. Las encontrarán en la lista de programas de asistencia social, llegarán porque una vecina que a su vez coordina el comité del partido se enteró de que tal dependencia o tal diputado donará sillas de ruedas.


Fotografías: Priscila Hernández Flores

 

El protocolo para aparentar no estaría completo sin prensa que tome las fotografías de la donación. Sin flash no hay prueba de que el político o funcionario sonríe. Si usted ve con detalle, encontrará que el gesto incluye una ligera mueca de lástima al momento de entregar la prótesis o la silla de ruedas. Finalmente, para cumplir con el propósito, se necesitan reporteros que, sin ningún tipo de filtro, repitan el discurso que da el político; que no hagan preguntas cuestionando el uso del recurso público, ni mucho menos la calidad de lo que se dona.

Con esos elementos —más un par de testimonios desgarradores sobre cómo era la vida sin silla de ruedas o cómo fue escuchar de nuevo a partir del aparato auditivo entregado—, se completa la fórmula de la donación para simular que las problemáticas de las personas con discapacidad se atienden, que esta esta población le importa a nuestros gobernantes. Siempre habrá aplausos y algunas veces hasta lágrimas. Todo esto refuerza el asistencialismo y la idea de que la caridad es la única forma de atención posible a las personas con discapacidad.

Aunque es tema aparte analizar por qué el altruismo y la caridad sostienen y perpetúan un modelo económico desigual, hay que reconocer que el altruismo entre particulares en principio es válido. Pero los funcionarios públicos presentan como donativo lo que en realidad se compró con recursos públicos y, en lugar de garantizar derechos, “donan”: objetos, centros terapéuticos, su tiempo.

En la política mexicana, la caridad es una maquinaria perfecta, una rueda que gira porque hay unos –los que están en la escala de lo “normal” y  en  condiciones de “dar”–, que usan a los otros –a las personas en desventaja–, para obtener exposición y  cobertura que los proyecta como seres sensibles y empáticos a las necesidades de los demás. Y por eso,  como buenos gobernantes en apariencia.

La fórmula se repite en Chiapas, en Guerrero, en Jalisco, en Oaxaca, en Chihuahua, en Michoacán, en todo el país. Basta hacer un análisis de las páginas oficiales del  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para ver que esta es una constante. Angélica Rivera incluso inició su gestión como presidenta del DIF donando prótesis y sillas de ruedas.1 Los políticos saben que esta práctica les garantizará reflectores y algo de simpatía a pesar de que vaya en contra de los compromisos de México para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, como se comprometió a hacerlo al momento de firmar y ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).2

Si la autoridad, esa que debería de garantizar derechos, hace todo lo contrario, entonces los que replican el mensaje, la prensa, escribirá la nota refiriéndose a los sujetos de la donación como personas que “padecen una discapacidad”.3 Así, evento tras evento, se refuerza el asistencialismo desde distintos frentes. El problema con este paradigma, es que entiende a esta población como un conjunto de individuos que sólo son merecedores de lástima y de ayuda, contrario al modelo social que se centra la garantía y el acceso a los derechos. Ni más ni menos: derechos por el simple hecho de ser una persona, un ser humano.

Intentar cambiar este paradigma asistencialista no ha sido sencillo. Son décadas de  imaginar, abordar y acercarse a la discapacidad de esta forma. Como lo explica Brenda Montes Betancourt,  experta en el tema y activista que integró el Informe Sombra presentado por México ante la ONU en el 2011,4 es fundamental revertir el modelo asistencialista que está arraigado en la atención a las personas con discapacidad y que implica lo siguiente:

“Cuando las organizaciones llevan a cabo un trabajo asistencialista ligado a la caridad de los gobernantes, es como si pidieran favores. Sin embargo, cuando el argumento es que el acceso a ciertos servicios es obligación del Estado, estás exigiendo, y la exigibilidad es parte de los derechos humanos. No se trata que quieran o no quieran dártelos, es un derecho y parte de una corresponsabilidad, tanto del Estado como de la sociedad civil. Si la sociedad civil no lo exige, el Estado no lo otorga”.

Por otro lado, los donativos de muletas, de sillas de ruedas y de aparatos auditivos son el máximo ejemplo de algo más profundo: el imaginario arraigado en el modelo médico de la discapacidad  que está enfocado en la rehabilitación y que pretende “normalizar” a la persona, para que ésta “se integre” (sí, ese término impreciso que tanto se ha discutido en los foros sobre discapacidad porque no es lo mismo integración que inclusión) sin que se note o se vea su diferencia.

Los funcionarios públicos, que deberían comenzar por cambiar la prácticas asistencialistas, las refuerzan y utilizan como una práctica para ganar espacio mediático y lograr la simpatía de quien no entiende los problemas con este modelo. Este octubre de 2017, Javier Corral, gobernador de Chihuahua,  inauguró  una campaña de donación de auxiliares auditivos en el Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) en Ciudad Juárez con un evento público.5 Ese mismo día, el mandatario inauguró el Taller de Prótesis. En el discurso, la presidenta del DIF del estado, Cinthia Aideé Chavira, dijo que el taller en realidad estaba siendo reinaugurado porque, si bien se abrió durante el gobierno de César  Duarte, éste nunca funcionó.

El Gobernador Javier Corral acusó al  ex gobernador Duarte  de haber desmantelado el taller de prótesis. Sin embargo, cuando le cuestioné directamente al primero si emprendería una acción penal por esta omisión simplemente evadió la respuesta y,  desesperado, salió de la entrevista como quedó registrado en esta transmisión en vivo de Periscope. En este caso, en el cual el gobernador en principio estaba corrigiendo un problema anterior, en realidad termina por repetir los mismos vicios. El evento  de reinauguración sólo fue una actividad para las fotos, imposible de cuestionar.

¿Cómo hacer frente a esa fórmula de la apariencia? Lo más difícil en la tarea es que las mismas personas con discapacidad, ante la falta de información, asumen que los donativos son lo único a lo que pueden aspirar. Las organizaciones civiles también suelen participar de estos eventos, incluso los organizan, porque tampoco han transitado del todo hacia el modelo social, es decir, centrado en los derechos de las personas.

Alguien seguro se preguntará: ¿Cómo negarle a las personas la oportunidad de recibir una silla de ruedas o un aparato auditivo gratuito? El problema no es que se les provea de éstos, sino que son hechos aislados y con fines cuestionables: no son parte de un programa o plan de atención integral y que considere los derechos de las personas con discapacidad, son sólo paliativos que, más que pensar en la persona, están centrados en la ganancia política.

Por otro lado, gran parte de esos donativos son entregados sin siquiera tomar en cuenta el perfil de las personas. No se realizan planes para detectar las necesidades reales, se dona por inercia. Cada estado, cada municipio, tiene entregas anuales y, aún cuando en México existe el Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad 2014-2018,6 estos artículos se compran en mayoreo sin considerar cada necesidad en específico. Esto es algo que ha denunciado Santiago Velázquez, activista y persona con discapacidad, fundador de la Asociación “Vida independiente” que ofrece capacitación a personas con discapacidad motora sobre el manejo de sillas de ruedas, y rehabilitación física y emocional.7

Él es una de las pocas personas que he escuchado cuestionar abiertamente la donación masiva de sillas de ruedas ortopédicas, que generan afectaciones como escaras y deformaciones en la columna vertebral.  “La silla de ruedas es como tus zapatos”, dice una y otra vez este activista. “Si el zapato no es de calidad, terminará por afectar  la calidad de vida.

“Es el grito  más fuerte que pego frente a ellos, los políticos es: ¡No te das cuenta que te estás llevando varias vidas de por medio!”, sentencia Santiago Velázquez que como persona con discapacidad sabe de la necesidad de usar una silla de rueda eficiente, y no como las que seguramente veremos repartirse en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Otra vez habrá fotos, otra vez habrá donación, otra vez se repetirá la infalible fórmula de donar para aparentar.

 

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos con énfasis en temas de discapacidad. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.


1 http://bit.ly/2i9aTze

2 http://bit.ly/2zVTrJw

3 http://bit.ly/2i9NMV6

4 http://bit.ly/2A4pgzj

5 http://bit.ly/2zHV35N

6 http://bit.ly/2kbDl7A

7 http://vidaindependientemexico.com

Leer completo
Hay discapacidades que resultan de las agresiones por violencia de género. Son lesiones dolorosas, irremediables y, además, invisibilizadas. Este texto retrata las dificultades de vivir con este tipo de discapacidad y su olvido en las legislaciones, a propósito del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Me casé a los 16 años. Dos años después, mi esposo me dejó ciega”. Este es el testimonio de Inés, una mujer que sobrevivió a un intento de femicidio.  Aunque no hay cifras exactas, ni programas de atención especializada en este perfil de víctimas de violencia de género, Inés es un ejemplo de las mujeres que adquieren una discapacidad como resultado de este tipo de abusos.

Sabe leer y escribir Braille, aprendió a desplazarse con bastón y tiene un teléfono celular con lector de pantalla. Sobrevivió, y a sus 45 años tuvo que aprender a ser independiente sin poder ver, pero eso no llegó de un día para otro.  Su agresor la golpeó en la cara con el puño. Del impacto le desprendió la retina y el iris. “Llego a la Cruz Verde y me dicen que tengo pérdida total de la vista. Me trasladan al Centro Médico para salvar mi ojo, pero por negligencia no me atienden y pierdo el ojo derecho”.

La discapacidad de Inés es permanente. Lleva una prótesis en uno de los ojos y en el otro perdió la visión a causa de la diabetes. El 2 de octubre de 2010, el día del ataque, lo cuenta rápido. En donde sí hace pausas y da detalles es cuando recuerda las agresiones que recibía a diario. Peleas, discusiones y golpes cada vez que él llegaba a casa; estuvo casada por más de veinte años. Aún lo está porque tiene dificultades para divorciarse.

“Mi esposo siempre ha sido alcohólico. Entonces, llegaba tomado, me golpeaba. Hice dos denuncias, y luego él me decía : ¡Discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer!  Y yo retiraba la denuncia. Me hablaba bonito otra vez  y lo disculpaba. Pero otra vez, volvía a tomar, otra vez me volvía a golpear. Siempre fueron golpes y esa vez me dejó ciega”.

Lo que describe Inés ejemplifica lo que las feministas han llamado el continuum de violencia,1 es decir, la violencia de género ejercida cotidianamente y que puede llegar hasta su máxima expresión: el feminicidio. Inés se enfrentó a una escalada de violencia como la que viven miles mexicanas en diferentes espacios, pero sobre todo en su casa: ese lugar en el que tendrían que sentirse seguras, sin miedo. Y su agresor fue su esposo, su pareja, como le ocurre al 45 por ciento de las mexicanas que alguna vez han sido agredidas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).2

Hoy, Inés habla directamente de su discapacidad, no le da vueltas al tema ni se esconde. Anda por la calle con su bastón y suele salir a caminar con el grupo de amigos que conoció al aprender a leer braille. Pero no siempre fue así, hubo días de encierro total. Llegó a medir el tiempo con el grito de un vendedor de pan:

“Comienzo a vivir la discapacidad desde hace siete años. Durante un año me encerré en mi mundo, sentía que estaba en una prisión porque no salía para nada al comedor. No sabía si dormía o no dormía, aunque sabía que los días pasaban.Se va a oir muy chistoso, esto lo  sabía porque había un señor que vende birote (pan) a las 6 de la mañana. Yo lo escuchaba y decía: Ya es otro día, otro día y otro día. Mientras, mi papá me decía: ¡Sal, sal!”

Mujer leyendo en braille. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

Mujer leyendo en braille. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

 

Invisibilizadas, las que escaparon del feminicidio.

Abogadas feministas que acompañan y demandan justicia por casos de feminicidio advierten que mujeres como Inés son invisibles para el gobierno mexicano. La doctora Guadalupe Ramos, autora del libro Estudio de Feminicidio en Jalisco, investigación referencial del feminicidio en esta entidad de 1997 a 2007, explica que la discapacidad como secuela de una agresión por violencia de género no es un enfoque estudiado ni abordado en la instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia. “No tenemos información sobre esto, es decir: ¿cuántas fueron sobrevivientes de los feminicidios? ¿cuántas quedaron efectivamente con algún tipo de discapacidad producto de la agresión”, cuestionó la abogada.

La también activista impulsó la tipificación del feminicidio en Jalisco. Formó parte de un grupo que investigó y definió una serie de elementos por los cuales debía emitirse la Alerta de violencia contra las mujeres en esa entidad. En el 2016, organizaciones como el colectivo “Queremos seguir vivas” solicitaron a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación que emitiera la  Alerta de Género en Jalisco, como ocurrió en el 2015 en once municipios del Estado de México.3 Sin embargo, el gobierno federal aún no emite la Alerta para el estado de Jalisco.

“En realidad hemos tenido poco contacto con las sobrevivientes de intentos de feminicidio porque ellas no hablan de sus casos y no hay difusión. Desafortunadamente quienes se acercan nos cuentan estas situaciones de violencia son las familias de las víctimas cuando las mujeres ya fueron asesinadas”, comparte la investigadora.

Después de la agresión, Inés salió de su casa por primera vez cuando su mamá la invitó a conocer el DIF, pues sabía que en ese lugar había otras personas con discapacidad Su madre la convenció de que fuera y ella accedió, aunque Inés aún estaba en proceso de duelo y negación frente a la discapacidad adquirida.

Sin embargo, las mujeres con discapacidad por violencia de género no reciben atención integral y esto es un ejemplo de lo que ocurre con las víctimas de feminicidio en general. En papel, hay estructura, en convenios y documentos hay intenciones, pero en la práctica no pasa nada.

La abogada Guadalupe Ramos explica que “no están consignándose como tentativa de feminicidios, ni se están consignando como lesiones. Nos ha costado mucho trabajo que los casos como tal se consignen incluso como feminicidios. Estos son los menos: sólo el 20 por ciento [de los casos que atienden] ha sido consignado como feminicidio, cuando según nuestras investigaciones tendría que ser el 80 por ciento”.

Ella, junto a la representante del Comité de América Latina para la Defensa de las Mujeres (CLADEM), Alejandra Cartagena, atiende casos que confirman la desprotección e impunidad a la que se enfrentan no solo las mujeres que tienen lesiones como consecuencia de una agresión física, sino sus familias. Si bien lo más evidente son los daños físicos que resultan de estos abusos, no son los únicos. Las mujeres que adquieren alguna discapacidad física después de las agresiones, también pueden presentar secuelas psicológicas y psiquiátricas que afectan a las víctimas y a sus familias. Esas discapacidades suelen quedar doblemente ocultas, pues socialmente se aborda más a aquellas que están relacionadas con lo evidente: lo físico.

Es el caso de Amelia, que después de agresiones continuas, e incluso de denuncias ante las autoridades, cuando estaba a punto de huir del agresor –quien también era su esposo–, éste les disparó a ella, a su hija mayor y a su madre. Mató a las últimas dos. Amelia presentó secuelas emocionales durante varios años pero no recibió ninguna atención psiquiátrica y psicológica por parte de la Fiscalía de Jalisco, aún cuando conocían su caso y estaban obligados legalmente a atenderla, como lo documentó y constató la abogada Ramos.

Finalmente, quizás la problemática más dura asociada a la violencia de género sean los suicidios de “mujeres que terminan privándose de la vida después de vivir toda una situación de violencia”, añadió Ramos e informó que en el Congreso de la Unión se está discutiendo un proyecto para tipificar el suicidio de mujeres que sufrieron agresiones también como un delito vinculado a la violencia de género.

 

Un problema ante la ONU

La problemática de la discapacidad asociada al género también fue abordada en el llamado Informe Sombra, elaborado en el 2011 y presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana conformadas por y para personas con discapacidad.4 Este texto se entregó al Comité sobre Discapacidad de las Naciones Unidas con la intención de denunciar los derechos de esta población no garantizados o directamente violados por el Estado Mexicano.

Cuando se refiere al artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), dedicado a las mujeres y niñas, el Informe Sombra habla de las víctimas sobrevivientes a intentos de feminicidio y sugiere:

“Establecer protocolos de actuación con perspectiva de género con las dependencias encargadas de procurar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; ya que existen mujeres con discapacidad que son severamente violentadas y mujeres violentadas que adquieren la discapacidad, sin que existan en la actualidad programas específicos impuestos por el Estado para su especial protección”.

El Informe, más las observaciones directas de los expertos y la respuesta del gobierno de México, permitió que el Comité de la ONU emitiera algunas recomendaciones al Estado mexicano. Entre ellas la de tener indicadores claros de las causas de discapacidad entre las mujeres mexicanas.

Si bien nuestro país firmó y ratificó la CDPC, aún no garantiza el cumplimeinto de este artículo, entre otros. Por otro lado, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que también pertenece a la ONU (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés) evidenciaron asimismo “la falta de protocolos normalizados para investigar y enjuiciar los casos de violencia contra la mujer [en México], que impiden a las víctimas gozar del derecho al acceso a la justicia y dejan sin sancionar un alto porcentaje de casos”.

Las abogada Guadalupe Ramos y Alejandra Cartagena coinciden en que deben existir políticas públicas para atender y proteger a las sobrevivientes de tentativas feminicidas, y enfatizan la urgencia que existe sobre todo de conocer cuántas mujeres hay en la circunstancia de Inés. Ambas han tenido contacto con varias de ellas y esto les ha permitido confirmar que las mujeres que sufrieron de violencia de género no son atendidas con programas públicos específicos. Para este texto se consultó al Instituto Nacional de las Mujeres con el fin de saber qué programas tienen para atender a sobrevivientes de intentos de feminicidio. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

 

Otras latitudes: la historia de María da Penha

María da Penha5 sostiene un letrero con el mensaje “Homem de verdade ñao bate en Mulher” (Un hombre de verdad no golpea a una mujer). Se trata del mensaje de una campaña de 2013 promovida por el Banco Mundial para erradicar la violencia hacia las mujeres en Brasil.6 Su rostro, su nombre, su historia son un emblema para la defensa de las mujeres que son víctimas de la violencia de género en este país.

Maria da Penha. Foto tomada de: http://www.inclusive.org.br/arquivos/27433.

Maria da Penha. Foto tomada de: http://www.inclusive.org.br/arquivos/27433.

Si algunas de las mujeres con discapacidad no son visibles como sobrevivientes de intentos de feminicidio, eso no significa que no existan y que sus casos no hayan trascendido en la defensa de los derechos humanos, como ocurrió con María da Penha. Por un balazo a manos de su esposo tiene paraplejia, una discapacidad motora. Por si fuera poco, después de este ataque, su victimario intentó eletrocutarla. María sobrevivió.

Su caso estuvo en tribunales durante veinte años, en los cuales el agresor se mantuvo libre. El Comité de América Latina para la Defensa de las Mujeres (CLADEM) la defendió y llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH reconoció los derechos de María y responsabilizó al Estado Brasileño por las omisiones y negligencias que sufrió; y le recomendó la investigación del caso y la impartición de justicia para la víctima.

En el informe, la Corte admitió las consecuencias de vivir con una discapacidad y no contar con los requerimientos mínimos para pagar tratamiento médico y fisioterapia, así como “la dependencia que la hace requerir de la ayuda constante de enfermeros para movilizarse”. El caso de María impulsó la creación de nuevas leyes contra la violencia hacia las mujeres en Brasil. Como esa foto, la voz de María da Penha sobrevive en la lucha para denunciar y transformar.

 

La impunidad

En México también se han aprobado leyes para prevenir, eliminar y erradicar la violencia de género. Sin embargo, a 10 años de la aprobación de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida Libre de Violencia y a cinco de la tipificación del feminicidio, el principal problema para atajarlo es la impunidad. Las activistas coinciden: ¡En México cualquiera puede matar a una mujer y no pasa nada!, como también ocurre en otros países de América Latina con  altos índices de feminicidio, por ejemplo Brasil y Argentina.

La abogada de Cladem, Alejandra Cartagena, explica que la discapacidad como la que tiene Inés se queda en meras “lesiones” y su caso, como otros más, “no se tipifica como tentativa de homicidio. Si bien nos va, en los casos que defendemos se llega a consignar a los agresores como responsables  de lesiones graves o lesiones que tardan menos días en sanar y que ‘no ponen en peligro la vida’”.

Al final, lo que termina ocurriendo, lamentó la litigante, es que se “invisibiliza a la violencia feminicida”. A esto debe sumarse la ineficiencia en los peritajes que no tiene herramientas ni conocimiento para confirmar las lesiones de las víctimas.

“Tenemos un caso que ya tuvo sentencia (…) es un tipo que la golpea, le quema la casa, la da por muerta, pero ella no está muerta. Finalmente, la parte médica informó que sus heridas tardarían quince días en sanar y que no eran graves. Ella, sin embargo, perdió la visibilidad de un ojo y eso nunca se tomó en cuenta en el juzgado”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)7 creó un protocolo para juzgar con perspectiva de Género,8 un enfoque que, según la abogada, también debería ser adoptado en la instrucción de los peritos, para que ellos detecten esas lesiones cuando son producto de una tentativa de homicidio y reúnan las pruebas necesarias para la denuncia.

Todo lo anterior, queda resumido en una palabra: impunidad. Los agresores, como el esposo de Inés, están libres, como lo ha documentado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

 

Violencia, discapacidad y pobreza

El testimonio de Inés es también ejemplo de la discriminación en diferentes espacios. Ella ya formaba parte de uno de los grupos sociales más discriminados: las mujeres. Hoy, con una discapacidad, se suman otras inequidades. En el transporte público o en la calle, Inés vive una discriminación a la que antes no se enfrentaba.

A veces parece que ve, que no tiene una discapacidad, al grado de que alguien le sugirió alguna vez que usa los asientos preferenciales del transporte público solo por “sacar ventaja”. Apenas le creen cuando muestra su carnet del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Inés es inquieta. No deja de buscar cómo aprender algo nuevo. Aprendió braille y después computación. Ingresó a talleres para crear bisutería. Hoy vende estos productos, aunque no tiene un sueldo fijo. Desde que no ve solo ha tenido empleos informales. Así, es prueba de lo que economistas y expertos en temas de derechos humanos relacionan con un círculo que lo conecta todo: pobreza, desempleo y exclusión. Se es desempleado porque se está excluido y la exclusión se acentúa al momento en que no hay ingresos. El desempleo al que se enfrenta confirma lo que denunció el Informe Mundial sobre Discapacidad,9 que las personas con discapacidad son uno de los sectores más excluidos cuando se les compara con las tasas de empleo de las personas sin discapacidad.

Mujer caminando con bastón. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

Mujer caminando con bastón. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

Pero más allá de ser una víctima, Inés tiene proyectos. No pierde la oportunidad de compartir su testimonio y prevenir a otras mujeres que viven lo que ella experimentó. A sus amigas, sus vecinas y conocidas que narran los problemas de pareja como algo cotidiano, les pide que se cuiden, que se alejen del agresor. Sí, aprendió braille, pero no debía hacerlo. Sí, es hábil para desplazarse con el bastón, y es por necesidad: para lograr ser independiente.

Inés compartió su testimonio, porque quiere insistir en que, ni ella, ni cualquier otra mujer, debe ser agredida. Insiste: “Véanse en mi espejo”.

*El nombre de la protagonista de esta historia, así como los casos citados por las abogadas fueron resguardados para no volver a victimizarlas, ni ponerlas en riesgo.

 

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacida. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.


1 http://bit.ly/2i5xlws

2 http://bit.ly/1Tzmgfw

3 http://bit.ly/2zCkc5M

4 http://bit.ly/2A4pgzj

5 http://bit.ly/2hQkFWL

6 http://bit.ly/2jXFtzZ

7 http://bit.ly/2zlY9fl

8 http://bit.ly/2zlY9fl

9 http://bit.ly/2jmwR1C

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