A pesar de las promesas, el gobierno federal no parece estar avanzando en la inclusión y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La incertidumbre de algunas instituciones, la falta de coordinación y las contradicciones entre políticas afecta a aquellos con más carencias.

La población con discapacidad es diversa. Aun en la búsqueda por soluciones comunes, es fundamental considerar componentes como el género, la ruralidad, la pertenencia étnica y el aislamiento geográfico de los individuos a los que se quiere atender. Por ello, el PRONADIS (Programa Nacional de Discapacidad) tiene el mandato de construir bases generales para que cada entidad federativa diseñe líneas de acción de acuerdo con sus condiciones particulares.1  Sin embargo, derivado de la política de austeridad y de la ausencia de nombramiento de titular del CONADIS —la institución hoy ni siquiera cuenta con encargado de despacho, director jurídico o director de planeación y políticas públicas—2 el programa ha quedado desmantelado y a la expectativa de una definición por parte del Ejecutivo. Aunque su Asamblea Consultiva subiste, aún no se sabe cómo se cumplirá con la responsabilidad de diseñar y coordinar el PRONADIS; si estará a tiempo y si se llevará a cabo el proceso de consulta estrecha con la sociedad civil.

El PRONADIS es un derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 (PND), mismo que se ha planteado como objetivo reducir a la mitad las carencias sociales que enfrentan las personas con discapacidad para el año de 2024.  De acuerdo con el Anexo Estadístico de Pobreza en México del CONEVAL 2010-2016, el 49.4% de las personas con discapacidad —alrededor de 4.3 millones de mexicanos— se encuentra en situación de pobreza y las principales brechas entre la población con y sin discapacidad se ubican en rubros de suma importancia.

Ilustración: Víctor Solís

La primera es que el 48.7% de la población con discapacidad tiene algún grado de rezago educativo. La educación debe ser uno de los principales ejes del PRONADIS destacando que el Artículo XVIII Transitorio de la última reforma constitucional en materia de educación, la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, deberá señalar la reducción progresiva de este dato. Sin embargo, el gobierno federal ha comunicado la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) para que sean los padres de familia, en conjunto con la comunidad escolar, quienes decidan el uso de los recursos para el mantenimiento de las escuelas públicas. Sin una adecuada planeación, las medidas de accesibilidad física podrían no realizarse o no cumplir con la normatividad vigente, ya que los padres de familia quizá no tengan la asesoría necesaria para realizar las adecuaciones pertinentes toda vez que la Norma Mexicana NMX-R-090-Scfi-2016, “Escuelas-Elementos para la Accesibilidad a los Espacios de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos”, sólo puede ser consultada en las oficinas de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México.

Por otro lado, el CONEVAL señala que existen 4.3 millones de personas con discapacidad en pobreza y 4.9 que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar, los cuales representan la mitad de este grupo poblacional. Aunque los programas de transferencia económica directa prometidos lleguen a 2 millones de personas, entre adultos mayores y menores de 29 años, aún quedará una población sin atender y sus condiciones de vida no mejorarán si el PRONADIS no incluye líneas de acción para el acceso al empleo y otras formas de participación económica como la creación de empresas propias y la ampliación de la cobertura en seguridad social.

La preocupación sobre las contradicciones entre las metas del PND y las acciones del poder Ejecutivo no son menores. El Plan habla de la continuidad sexenal del PRONADIS,3 pero se desmantela la institución responsable de su elaboración y coordinación: el CONADIS.4 El mismo PND señala como meta la disminución de las condiciones de pobreza en un 50% de la población con discapacidad, pero se eliminan programas de acceso a la participación económica, como la desaparición del INADEM y la ausencia en el Plan del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad;5 centrando su acción en las transferencias económicas.

Se pretende aumentar el acceso a la Salud y la Seguridad Social pero se desaparecen las Estancias Infantiles para personas que no cuentan con seguridad social como prestación laboral y se enfrentan severos recortes al presupuesto de las instituciones, tales como el IMSS y el DIF.

En próximas fechas México recibirá las Observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto al estado que guarda la implementación de la Convención relativa. Aún no sabemos quién llevará la conducción para atender dichas observaciones y más aún, si serán tomadas en cuenta para orientar la política pública.

Frente a esta indecisión, incertidumbre y contradicciones, es necesario que la sociedad civil que esté interesada en la inclusión y el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad busque incidir en los espacios que aún quedan, como son los Institutos para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las Direcciones correlativas en los Sistemas DIF de las Entidades Federativas, tenemos que aceptar que el Gobierno Federal no asumirá otra acción más allá de las transferencias económicas directas y que el PRONADIS deberá surgir de la sociedad civil organizada, quizás a través de la Asamblea Consultiva del CONADIS o de otros espacios de participación.

Varios colectivos han insistido en el nombramiento del titular de CONADIS como una señal de buena fe para trabajar en conjunto, sin embargo, la ausencia de atención por parte del Gobierno sólo revela el nulo interés por construir políticas públicas acordes al modelo social de la discapacidad. Así, un programa nacional de discapacidad deberá construirse en otros espacios y quizá sin reconocimiento oficial, pero que sea de utilidad para los espacios que quedan en las Entidades Federativas, las únicas instituciones capaces de desarrollar acciones a favor de la inclusión.

Otras voces desde el Ejecutivo Federal han señalado la propuesta de transformar al CONADIS en un sistema.6 Sin embargo, omiten que este sistema ya existe en la Ley7 y de acuerdo con su reglamento el CONADIS es su coordinador.8

Por otro lado, en el Congreso de la Unión, las iniciativas que pretenden convertir al CONADIS en un instituto se encuentran detenidas en la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, que preside el grupo mayoritario, a través de uno de sus incondicionales aliados: el PES, a pesar de que en el momento de su presentación, todas las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad del cambio.

Ante esta situación, cabe señalar que la política pública para el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad, acorde con el modelo social que plantea la Convención, no es una opción, es una responsabilidad del Estado mexicano que tiene que cumplir por mandato constitucional. Es necesario que el Ejecutivo Federal tome una determinación positiva y de la mano de la sociedad civil, para que sus contradicciones se resuelvan y de esta forma se construya un entorno más accesible y equitativo para los 4.3 millones de personas con discapacidad que aún viven en pobreza.

Es igualmente necesario que las instituciones se fortalezcan, en vez de desmantelarse, de lo contrario será necesaria una reinvención de las dependencias al término de la actual administración y se vendrá abajo lo poco que se ha construido. Estamos ante un escenario que requiere una mayor participación de la sociedad, ya no basta con la denuncia. Es opción de los ciudadanos reemplazar al CONADIS y, con la suma de pequeños esfuerzos coordinados, desarrollar las acciones para que millones de personas puedan abatir el rezago y vivir con dignidad.

 

Norma Angélica Aceves García
Maestra en Derecho Parlamentario. Actualmente es asesora legislativa en la Cámara de Senadores. #HagamosEquipo


1Artículo 83. El Programa deberá delinear los contenidos que se vinculan con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en lo que corresponde a la ejecución del mismo.” Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF:30 de noviembre de 2012.

2 Itxaro Arteta, “Por recortes, el Consejo para Personas con Discapacidad se queda sin encargado suplente”, Animal Político, 26 de junio de 2019.

3 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Gaceta Parlamentaria, Año XXII, Núm. 5266 – XVIII, 30 de abril de 2019, p. 212.

4Artículo 81. Corresponde al Consejo la elaboración del Programa, así como coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias correspondan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes. El Programa se elaborará de conformidad con lo previsto en la Ley de Planeación, la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.” Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF:30 de Noviembre de 2012.

5Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018”; DOF: 28-04-2014.

6Desaparecerán Conadis para crear Sistema de Atención a la Discapacidad”, López Dóriga Digital, 13 de junio de 2019.

7Artículo 35. Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.” Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF: 30 de mayo de 2011. Énfasis añadido.

8Artículo 84. El Consejo ejercerá la coordinación del Sistema con los diversos órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, en términos de lo dispuesto por la Ley, el presente Reglamento, su regulación interna y demás disposiciones jurídicas aplicables. Para tal efecto el Consejo, suscribirá los convenios de coordinación y de concertación de acciones que correspondan.” Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF: 30 de noviembre de 2012.