Este es un resumen de algunos de los hallazgos más reveladores de la Organización Mundial de la Salud en materia de políticas públicas para lidiar con los problemas de salud mental.
Hace un par de días, la Organización Mundial de la Salud publicó su Mental Health Atlas (2020) —aún no disponible en español—, el estudio más amplio que existe para saber cómo han avanzado las políticas públicas relacionadas con la salud mental en los distintos países miembros de la Organización. Aunque hay avances en algunos rubros, la publicación empieza con una mala noticia: el Plan de Acción para la salud mental 2013-2020 ha debido extender su plazo una década, poniendo 2023 como fecha límite.
Este plan, adoptado en la LXVI Conferencia Mundial de la Salud, delinea acciones claras que en conjunto promueven la salud mental para todos, con sistemas de acceso universales y que prevengan enfermedades entre los grupos que están en riesgo. Los cuatro objetivos centrales se mantienen: 1. Liderazgo y gobernanza en materia de salud mental (políticas y legislaciones nacionales específicas para atajar el tema); 2. Proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental completos; 3. Aplicar estrategias de promoción y prevención en materia de salud mental, y 4. Reforzar los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental. El aplazamiento del plan responde a los escasos resultados de los países en la implementación de políticas para cumplir con estos objetivos. Pero, sobre todo, responde a la desigualdad de acceso a la salud mental que existe entre regiones, países y estratos económicos.
Por esta razón el reporte más reciente incluye una serie de nuevos objetivos. Entre ellos, que el 80 % de los países miembros dupliquen el número de sus instalaciones comunitarias para la salud mental, y que integren estos cuidados a la salud primaria para el año 2030. También se espera que el mismo porcentaje de países establezcan un sistema para la salud mental y la “preparación psicosocial” frente a emergencias o desastres.
Tras la publicación de la edición de 2017 del Atlas, en este mismo espacio recogimos los hallazgos más importantes. Con base en este texto, rastreamos algunos de los avances y otros datos interesantes de los que da cuenta esta nueva edición. Es importante señalar que buena parte de la información fue compilada en el contexto de la pandemia, por lo que seguramente está incompleta. Por otro lado, cifras como la reducción de 10 % en la tasa de suicidio entre 2013 y 2019 probablemente no se sostengan en el futuro inmediato, considerando los casi dos años de pandemia.
Ilustración: Belén García Monroy
Legislación y datos
• 171 de los 194 países de la OMS respondieron, frente a los 177 países que lo hicieron en 2017. Esta vez no participaron Comoras, Eslovaquia, Georgia, Israel, Kirguistán, Luxemburgo, Mauritania, Mozambique, Nauru, Rumania, Samoa, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Por su parte, los países que participaron esta vez, y no lo hicieron en 2017 fueron Andorra, Suazilandia, Kazajstán, Kuwait, Laos, Malta y Palau.
• 6 % de los países que respondieron el cuestionario de la OMS para el Atlas actualizaron su legislación relativa a la salud mental en los últimos tres años, lo que resulta en que 46 % de los estados miembros que respondieron están en esta situación. Sin embargo, sólo el 28 % reportó estar en proceso de implementar una ley de salud mental ajustada a los instrumentos de derechos humanos.
• En 2017, 17 % de los países que respondieron no habían incluido datos sobre la salud mental en reportes con propósitos de planeación y administración. Esta cifra ha disminuido y ahora sólo el 12 % de los países miembros de la OMS parecen no tener estadísticas destinadas a este tema.
• Poco más del 30 % de los países que respondieron reportan que no compilaron información sobre salud mental desagregada por edad y sexo.
• Los datos de hospitalizaciones desagregados por sexo muestran una mayor proporción de hombres en todos las regiones y grupos de ingreso: casi 60 % vs. 40 %.
• Sólo Europa y las Américas reportan más visitas de mujeres en servicios ambulatorios para la salud mental.
Servicios y recursos
• 92 % de los países con ingresos altos reportaron que más de la mitad de los usuarios de servicios de salud mental recibieron un diagnóstico oportuno, así como tratamiento y seguimiento de acuerdo a sus condiciones de salud física. Sólo 25 % de los países de ingreso bajo reportaron lo mismo.
• En 2017, 35 países aseguraban tener un plan o estrategia para la salud mental adolescente en 2017. En 2020, 100 países dicen tenerla.
• Aunque la media de gasto gubernamental en la salud mental por cápita aumentó de 2.5 dólares a 7.5 entre 2017 y 2020, el gasto total en salud se mantuvo igual: cerca del 2 %.
• Más de la mitad del gasto en salud mental se destina a los hospitales psiquiátricos.
• 15 % de los países que respondieron al cuestionario reportaron que las personas pagan por completo, o la mayor parte, los servicios de salud mental con gasto de bolsillo. En el caso de los medicamentos psicotrópicos esto ocurre en el 20 % de los países.
• El 94 % de los trabajadores de la salud mental a nivel mundial trabajan en servicios gubernamentales.
• El número promedio de trabajadores de la salud mental es cuarenta veces más en Europa que en África.
• La fuerza laboral más grande dedicada a la salud mental en todo el mundo siguen siendo las enfermeras (no los psiquiatras, médicos generales, psicólogos o terapeutas). Sólo en las Américas la proporción de psicólogos es más alta que la de enfermeras y psiquiatras.
• Sólo el 12 % de las personas con psicosis reciben atención en los países de ingreso bajo, mientras que en los países de ingreso alto esta cifra es 70 %.
Desinstitucionalización y derechos humanos
• Comparado con 2014 y 2017, más países reportaron que sus políticas de salud mental promueven una transición hacia servicios basados en la comunidad, que respeten los derechos de las personas con diagnósticos psiquiátricos y discapacidades psicosociales.
• El porcentaje de admisiones involuntarias a hospitales psiquiátricos representa el 15 %. Esto muestra una reducción significativa con respecto a 2017, cuando se reportó un 40 %.
• 76 % de los países que respondieron dicen mantener una colaboración formal con al menos un grupo interesado, aunque los niveles de colaboración con familiares y cuidadores es bajo (35 % de los países dicen hacerlo). La colaboración con pacientes y activistas decreció en general, pero sobre todo en la región del Mediterráneo occidental.
• Los países que reportan que una autoridad en materia de salud mental independiente al gobierno existe, pero no funciona, incrementó desde 2017.
• 80 % de los países dicen incluir atención y tratamiento a condiciones de salud mental específicas en su seguro social. No es el caso de África y del Mediterráneo occidental.
• La brecha entre intervenciones farmacológicas y psicosociales es particularmente evidente en países de ingreso alto, con mayor acceso a las primeras.
• Entre los apoyos sociales que se deben proveer a las personas con condiciones de salud mental, la vivienda fue el apoyo menos reportado, mientras que el cuidado fue el que más se reportó.