Las mujeres con discapacidad no acceden a los mismos derechos que otras mujeres, ni siquiera cuando han sido violentadas. Con pretexto del Día de la Mujer, este reportaje echa luz sobre una problemática de género que es urgente: la violencia sexual a mujeres y niñas con discapacidad.

“¿Saben de alguna iniciativa o programa gubernamental para atender a las mujeres con discapacidad que hayan sido víctimas de violencia sexual en México?”, se les pregunta a dos de las principales organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en México: el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser). Su respuesta es no. No es que no las conozcan, es que no hay.  La misma pregunta se le plantea a la organización Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social, y responde igual: no hay programas específicos para atender a esta población.

Las mujeres con discapacidad no figuran como protagonistas de las campañas para la prevención de la violencia sexual, y mucho menos para su atención. Si aquellas que no tienen ninguna discapacidad se enfrentan a la estigmatización, al miedo y a la falta de sensibilidad de políticas y funcionarios públicos, esto se magnifica en el caso de las mujeres que tienen alguna discapacidad. Éstas “suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación”, como lo reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

¿Cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia? En México no hay datos, lo mismo que en otros países de América Latina. No hay estadísticas, no porque no haya víctimas, sino porque no hay denuncias y las pocas que existen no están sistematizadas. Pero los casos son múltiples: van desde las agresiones a mujeres que son violentadas sexualmente en el espacio público, como el de una joven con discapacidad visual que fue agredida al pedir apoyo para subir un puente peatonal en la Ciudad de México, hasta aquellas que son violadas por integrantes de su familia.

Ana Peláez, experta de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y  Comisionada de Género en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), explica en su libro Mujer, Discapacidad y Violencia (2013), que aún con pocos datos es posible tener estimaciones de la gravedad del problema:

“También se puede decir que desde los aún escasos estudios e investigaciones sobre este tema, generalmente provenientes de Europa, América del Norte o Australia, se señala que más de la mitad de las mujeres con discapacidad han sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella; o que un 40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia, como señala el Consejo de Europa”.1

Peláez, quien fuera la representante del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Organización de las Naciones Unidas y ahora es candidata al Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW por su siglas en inglés) dice que, aún cuando se han incrementado las campañas para hablar de violencia de género, las mujeres con discapacidad siguen marginadas y no se asume que también son un sector en riesgo de sufrir violencia.

En el caso de México, la situación es similar, el “Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad” realizado en 2016 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera menciona esta problemática.2 Aún cuando en la Convención que México firmó y ratificó se compromete a velar por que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a una vida libre de violencia.

“Si bien reconocemos que no existen datos duros al respecto, sí hay evidencia de que las mujeres y las niñas con discapacidad son víctimas de tasas más altas de violencia y discriminación que aquellas que no tienen discapacidad. Esto está relacionado con el aislamiento social y la dependencia a terceros de las mujeres con discapacidad”, advirtió Diana Sheinbaum, investigadora de Documenta. Análisis y Acción para la Justicia social, una  asociación civil dedicada a la defensa legal de las personas con discapacidad.

Esto lo respalda GIRE, una organización enfocada a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México:

“Cuando son menores de edad y tienen una discapacidad, para nosotras ha sido clarísimo que ni los prestadores de salud ni el propio derecho están pensando en que existe la diversidad de mujeres. No se incluye a las mujeres que tienen discapacidad. Las autoridades tienen una manera de actuar, un modus operandi sumamente enraizado, en el que consideran que una persona con discapacidad es igual a una persona incapaz o una persona menor de edad. Como que se anula de inmediato la posibilidad de que esas chicas tomen decisiones y siempre delegan su decisión en quienes tengan su guarda y custodia”, explicó la directora de GIRE, Regina Tamés.

 

Obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo

La Norma Oficial Mexicana  046 -SSA2-2005 es el marco legal que obliga al personal de salud a atender a las mujeres, niñas y adolescentes, que fueron víctimas de violencia sexual. A nivel federal, aquellas víctimas que resulten embarazadas producto de una violación pueden acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). También se contempla la anticoncepción de emergencia y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Después de la última modificación a esta Norma (2016), no es necesario que la víctima presente una denuncia formal para acceder a la ILE.3 Sin embargo, este instrumento no es aplicado correctamente en la práctica, como explica Regina Tamés: “los obstáculos son ideológicos, pero también de desconocimiento de la Norma”. Añadió que a esta problemática se suma el hecho de que “no haya consecuencias” cuando el instrumento se incumple.

GIRE ha documentado cómo a niñas menores de 18 años se les complica acceder a la Norma porque el personal de salud pone “barreras adicionales”, como pedirle permiso a los padres, algo que es muy complicado si tomamos en cuenta que “generalmente los casos que tenemos son de niñas menores de edad que han sido violentadas por sus familiares.  Sumado a enfrentarse a la revictimización por parte de las autoridades de salud, se enfrentan a la negativa y son forzadas a ser madres de un producto de violación”.

Lo anterior se agrava cuando la víctima tiene discapacidad. Aunque en el registro de Atención en casos de Violencia Familiar o Sexual de la Norma 046 sí distingue el caso de que la mujer atendida tiene o no tiene discapacidad. Incluso en la introducción de este documento aún cuando no reconoce tácitamente la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad se hace referencia a las condiciones de diversidad que puedan magnificar los riesgos.

“Que biológicamente estaba preparada para tener un niño y que seguramente ese niño iba a nacer sano y no como ella”, fue lo que personal de salud le dijo a la madre de una joven con discapacidad intelectual que el equipo de la Red por los Derechos sexuales y Reproductivos acompañó cuando buscaba acceso a la ILE. Ddeser forma parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que busca que las mujeres y sus familias estén informadas de sus derechos sexuales y reproductivos, en especial de su derecho a acceder a la Norma 046.4

Por su parte, GIRE ha acompañado tres casos de mujeres con discapacidad. Regina Tamés es clara en explicar que la Norma 046 no es un asunto de ideologías, sino un tema de salud pública y de derechos de las mujeres, que debe incluir a quienes tienen una discapacidad. “Aquí no se trata de cambiar a nadie de opinión, que se está a favor o en contra de la Norma –del aborto en concreto–, sino que hay una norma técnica que te dice cuál es la atención que requieren estas mujeres que han sufrido una agresión y que son sobrevivientes para lograr llevar su vida de la manera más digna”.

Niñas por siempre

La principal discapacidad que tienen las mujeres en México es visual y motriz según datos del 2014 del  Módulo de Condiciones Socioeconómicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el caso de las mujeres, la discriminación se duplica por su condición de género y su discapacidad.

Las expertas consultadas coinciden en que uno de los principales problemas para no considerar a las mujeres con discapacidad como posibles víctimas de violencia sexual es la infantilización, es decir, asumir que estas personas se quedan ancladas en una etapa de crecimiento en donde dependen del otro y no pueden tomar decisiones por sí mismo. Otra razón es que las mujeres con discapacidad están invisibilizadas, no porque no corran el riesgo de sufrir violencia sexual, sino porque, entre otras razones, persiste la idea que las personas con discapacidad son personas asexuadas.

El agresor en casa

El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014 y 2018 del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto contempla en varias de sus estrategias –en el papel–, la atención de las mujeres con discapacidad a través de la difusión de sus derechos, la promoción de la prevención de la violencia y la creación de programas especializados para este sector.5 Sin embargo, como otras de las estrategias, esto permanece sólo como una de las líneas de acción que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONADIS) debería articular y que no necesariamente logra porque no es su principal función  no cuenta con el presupuesto necesario.

Los programas de prevención y atención de la violencia  deben incluir estrategias que permitan a las mujeres denunciar, aún cuando el agresor está en su mismo hogar, dice Regina Tamés:

“Lo más aterrador es que [quien las violenta] no sea una persona desconocida, sino que siempre es alguien que está en el entorno, que tendría que ser alguien de confianza para estas mujeres, con discapacidad o no, y el Estado tendría que poner una alerta roja de que algo se está haciendo mal porque no están seguras ni siquiera en su entorno más inmediato”.

Lo mismo ha confirmado Adriana Patlán, de Ddeser: “Desafortunadamente nos ha tocado que sea gente cercana a ellas”, como cuentan sobre un caso que acompañaron en Jalisco: Una joven de 14 años con discapacidad intelectual comenzó a bajar su rendimiento deportivo, su entrenador le avisó a su mamá que algo extraño le pasaba y que la llevara al médico. Al llevarla a revisión se dieron cuenta de que tenía tres meses de embarazo. Más tarde confirmaron que había sido violada por la pareja de su madre.

El hecho de que la mayoría de las veces el agresor esté en casa, o en instituciones como los albergues o casas hogar en donde viven las mujeres con discapacidad, lleva frecuentemente a la esterilización forzada. Esto preocupa a las organizaciones civiles pues se trata de una violación a los derechos reproductivos de las mujeres, que lo que termina provocando es que el abuso quede oculto. El embarazo es una señal de violencia sexual, como ocurrió con el caso que acompañó Ddeser.

“Dada la diferencia que tienen con los terceros y porque en muchos casos se encuentran en ambientes institucionalizados, es que las mujeres con discapacidad generalmente se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad ante la violencia sexual que las mujeres sin discapacidad”, describe la investigadora de Documenta, Diana Sheinbaum, y añadió: “lo que hemos podido analizar es que en muchas ocasiones el perpetrador es parte de la familia y en las mujeres existe un miedo a perder su apoyo o simplemente hay un falta de reconocimiento del abuso por falta de educación sexual”.

A esto debe añadirse algo que organizaciones documentaron y denunciaron al Comité de los Derechos de la Personas con Discapacidad: los albergues son espacios donde, más que estar protegidas, las mujeres con discapacidad se enfrentan a “hoyos negros”:

“Estos espacios que muchas veces no están regulados, en donde no existe monitoreo de parte de las instituciones, o capacitación del personal, acaban siendo depositarios de seres humanos que viven en un hoyo negro, en donde lo que sucede ahí dentro es invisible (…)  El Estado mexicano tiene una deuda con respecto a la creación de servicios y programas para las mujeres y los hombres con discapacidad que sean respetuosos de su derecho a la vida independiente y a la vida en comunidad”. como afirma la académica Sheinbaum.

Avances

A finales del 2017, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) organizó el foro “Género, sexualidad y discapacidad”, en el que se presentaron mesas de diálogo para abordar esta problemática reconocida por las autoridades mexicanas.6 Se trata de uno de varios esfuerzos incipientes que buscan atender a una población que generalmente no es tomada en cuenta en las políticas por la prevención y atención de la violencia, entre otras cosas.

“Me parece que la responsabilidad cae sobre el Estado. Eso no quiere decir que no existan organizaciones de la sociedad civil o la academia que estén interesadas en el tema y que podrían ayudar con esta tarea, pero me parece que la obligación misma cae sobre las instituciones gubernamentales”, resaltó  Sheinbaum.

Aún cuando hay poca información relacionada con la prevención y  atención de las mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia sexual, sí hay ejemplos de cómo la sociedad civil, académicos y expertos en psicología han trabajado de forma vinculada para atender esta problemática. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, en España, la cual creó una guía para profesionales en la que se explica qué es la violencia sexual, cómo detectarla y cómo proveer a la víctima de atención integral.7

En México, la Red por los Derechos sexuales y Reproductivos está diseñando un programa de intervención para mujeres con discapacidad en el Estado de México. “Es importante que nos informaremos  y que veamos que los derechos van avanzando y que estos derechos también les pertenecen a las personas con discapacidad, que no deben de sufrir discriminación o desigualdad. El artículo cuarto constitucional ya dice que el número y espaciamiento de los hijos lo decidimos cada persona”, informó Adriana Patlán.

Por eso, una parte crucial para la prevención de la violencia sexual es la educación. En la Ciudad de México y con trabajo en diferentes estados del país hay organizaciones que atienden esto como el Grupo Educativo e Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad (GEISHAD A.C) que se dedica a la dar información y educación sexual a personas con distintas discapacidades así como capacitación y formación de profesionales interesados en esta temática.8

Estos ejemplos de organizaciones de la sociedad civil reconocen que está en proceso de incorporar la perspectiva de la discapacidad en su trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivas. “Para GIRE ha sido un gran aprendizaje de cómo la Norma 046 es para todas y cada una de las mujeres. Es diferente una mujer indígena que no habla español, si no está cerca de la ciudad, y si tiene discapacidad. En el tema de la discapacidad, para nosotros Documenta ha sido un gran hallazgo, pues nos ha ayudado a acompañar también a estas familias de mejor manera”, resaltó la directora de la organización.

Por último, este 2018 es una año en el que el Estado mexicano está por presentar su segundo informe sobre el cumplimeinto de la Convención de las Personas con Discapacidad. En el informe anterior, la ONU le cuestiona este punto, así como la situación de las mujeres con discapacidad. En estos meses, sociedad civil prepara el “Segundo informe sombra” para denunciar aquellas omisiones del Estado mexicano, omisiones que impiden mejorar la vida de las personas con discapacidad. Activistas y población con discapacidad coinciden que hay temas urgentes, entre ellos atender y prevenir la violencia sexual hacia las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad.

 

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacidad. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.


1 Libro Mujer, Discapacidad y Violencia.

2 Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad.

3 Modificaciones a la NOM 046 publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

4 Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

5 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

6 Boletín INMUJERES.

7 Mujeres con discapacidad y violencia sexual: guía para profesionales

8 Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C.