Hay discapacidades que resultan de las agresiones por violencia de género. Son lesiones dolorosas, irremediables y, además, invisibilizadas. Este texto retrata las dificultades de vivir con este tipo de discapacidad y su olvido en las legislaciones, a propósito del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Me casé a los 16 años. Dos años después, mi esposo me dejó ciega”. Este es el testimonio de Inés, una mujer que sobrevivió a un intento de femicidio.  Aunque no hay cifras exactas, ni programas de atención especializada en este perfil de víctimas de violencia de género, Inés es un ejemplo de las mujeres que adquieren una discapacidad como resultado de este tipo de abusos.

Sabe leer y escribir Braille, aprendió a desplazarse con bastón y tiene un teléfono celular con lector de pantalla. Sobrevivió, y a sus 45 años tuvo que aprender a ser independiente sin poder ver, pero eso no llegó de un día para otro.  Su agresor la golpeó en la cara con el puño. Del impacto le desprendió la retina y el iris. “Llego a la Cruz Verde y me dicen que tengo pérdida total de la vista. Me trasladan al Centro Médico para salvar mi ojo, pero por negligencia no me atienden y pierdo el ojo derecho”.

La discapacidad de Inés es permanente. Lleva una prótesis en uno de los ojos y en el otro perdió la visión a causa de la diabetes. El 2 de octubre de 2010, el día del ataque, lo cuenta rápido. En donde sí hace pausas y da detalles es cuando recuerda las agresiones que recibía a diario. Peleas, discusiones y golpes cada vez que él llegaba a casa; estuvo casada por más de veinte años. Aún lo está porque tiene dificultades para divorciarse.

“Mi esposo siempre ha sido alcohólico. Entonces, llegaba tomado, me golpeaba. Hice dos denuncias, y luego él me decía : ¡Discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer!  Y yo retiraba la denuncia. Me hablaba bonito otra vez  y lo disculpaba. Pero otra vez, volvía a tomar, otra vez me volvía a golpear. Siempre fueron golpes y esa vez me dejó ciega”.

Lo que describe Inés ejemplifica lo que las feministas han llamado el continuum de violencia,1 es decir, la violencia de género ejercida cotidianamente y que puede llegar hasta su máxima expresión: el feminicidio. Inés se enfrentó a una escalada de violencia como la que viven miles mexicanas en diferentes espacios, pero sobre todo en su casa: ese lugar en el que tendrían que sentirse seguras, sin miedo. Y su agresor fue su esposo, su pareja, como le ocurre al 45 por ciento de las mexicanas que alguna vez han sido agredidas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).2

Hoy, Inés habla directamente de su discapacidad, no le da vueltas al tema ni se esconde. Anda por la calle con su bastón y suele salir a caminar con el grupo de amigos que conoció al aprender a leer braille. Pero no siempre fue así, hubo días de encierro total. Llegó a medir el tiempo con el grito de un vendedor de pan:

“Comienzo a vivir la discapacidad desde hace siete años. Durante un año me encerré en mi mundo, sentía que estaba en una prisión porque no salía para nada al comedor. No sabía si dormía o no dormía, aunque sabía que los días pasaban.Se va a oir muy chistoso, esto lo  sabía porque había un señor que vende birote (pan) a las 6 de la mañana. Yo lo escuchaba y decía: Ya es otro día, otro día y otro día. Mientras, mi papá me decía: ¡Sal, sal!”

Mujer leyendo en braille. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

Mujer leyendo en braille. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

 

Invisibilizadas, las que escaparon del feminicidio.

Abogadas feministas que acompañan y demandan justicia por casos de feminicidio advierten que mujeres como Inés son invisibles para el gobierno mexicano. La doctora Guadalupe Ramos, autora del libro Estudio de Feminicidio en Jalisco, investigación referencial del feminicidio en esta entidad de 1997 a 2007, explica que la discapacidad como secuela de una agresión por violencia de género no es un enfoque estudiado ni abordado en la instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia. “No tenemos información sobre esto, es decir: ¿cuántas fueron sobrevivientes de los feminicidios? ¿cuántas quedaron efectivamente con algún tipo de discapacidad producto de la agresión”, cuestionó la abogada.

La también activista impulsó la tipificación del feminicidio en Jalisco. Formó parte de un grupo que investigó y definió una serie de elementos por los cuales debía emitirse la Alerta de violencia contra las mujeres en esa entidad. En el 2016, organizaciones como el colectivo “Queremos seguir vivas” solicitaron a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación que emitiera la  Alerta de Género en Jalisco, como ocurrió en el 2015 en once municipios del Estado de México.3 Sin embargo, el gobierno federal aún no emite la Alerta para el estado de Jalisco.

“En realidad hemos tenido poco contacto con las sobrevivientes de intentos de feminicidio porque ellas no hablan de sus casos y no hay difusión. Desafortunadamente quienes se acercan nos cuentan estas situaciones de violencia son las familias de las víctimas cuando las mujeres ya fueron asesinadas”, comparte la investigadora.

Después de la agresión, Inés salió de su casa por primera vez cuando su mamá la invitó a conocer el DIF, pues sabía que en ese lugar había otras personas con discapacidad Su madre la convenció de que fuera y ella accedió, aunque Inés aún estaba en proceso de duelo y negación frente a la discapacidad adquirida.

Sin embargo, las mujeres con discapacidad por violencia de género no reciben atención integral y esto es un ejemplo de lo que ocurre con las víctimas de feminicidio en general. En papel, hay estructura, en convenios y documentos hay intenciones, pero en la práctica no pasa nada.

La abogada Guadalupe Ramos explica que “no están consignándose como tentativa de feminicidios, ni se están consignando como lesiones. Nos ha costado mucho trabajo que los casos como tal se consignen incluso como feminicidios. Estos son los menos: sólo el 20 por ciento [de los casos que atienden] ha sido consignado como feminicidio, cuando según nuestras investigaciones tendría que ser el 80 por ciento”.

Ella, junto a la representante del Comité de América Latina para la Defensa de las Mujeres (CLADEM), Alejandra Cartagena, atiende casos que confirman la desprotección e impunidad a la que se enfrentan no solo las mujeres que tienen lesiones como consecuencia de una agresión física, sino sus familias. Si bien lo más evidente son los daños físicos que resultan de estos abusos, no son los únicos. Las mujeres que adquieren alguna discapacidad física después de las agresiones, también pueden presentar secuelas psicológicas y psiquiátricas que afectan a las víctimas y a sus familias. Esas discapacidades suelen quedar doblemente ocultas, pues socialmente se aborda más a aquellas que están relacionadas con lo evidente: lo físico.

Es el caso de Amelia, que después de agresiones continuas, e incluso de denuncias ante las autoridades, cuando estaba a punto de huir del agresor –quien también era su esposo–, éste les disparó a ella, a su hija mayor y a su madre. Mató a las últimas dos. Amelia presentó secuelas emocionales durante varios años pero no recibió ninguna atención psiquiátrica y psicológica por parte de la Fiscalía de Jalisco, aún cuando conocían su caso y estaban obligados legalmente a atenderla, como lo documentó y constató la abogada Ramos.

Finalmente, quizás la problemática más dura asociada a la violencia de género sean los suicidios de “mujeres que terminan privándose de la vida después de vivir toda una situación de violencia”, añadió Ramos e informó que en el Congreso de la Unión se está discutiendo un proyecto para tipificar el suicidio de mujeres que sufrieron agresiones también como un delito vinculado a la violencia de género.

 

Un problema ante la ONU

La problemática de la discapacidad asociada al género también fue abordada en el llamado Informe Sombra, elaborado en el 2011 y presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana conformadas por y para personas con discapacidad.4 Este texto se entregó al Comité sobre Discapacidad de las Naciones Unidas con la intención de denunciar los derechos de esta población no garantizados o directamente violados por el Estado Mexicano.

Cuando se refiere al artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), dedicado a las mujeres y niñas, el Informe Sombra habla de las víctimas sobrevivientes a intentos de feminicidio y sugiere:

“Establecer protocolos de actuación con perspectiva de género con las dependencias encargadas de procurar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; ya que existen mujeres con discapacidad que son severamente violentadas y mujeres violentadas que adquieren la discapacidad, sin que existan en la actualidad programas específicos impuestos por el Estado para su especial protección”.

El Informe, más las observaciones directas de los expertos y la respuesta del gobierno de México, permitió que el Comité de la ONU emitiera algunas recomendaciones al Estado mexicano. Entre ellas la de tener indicadores claros de las causas de discapacidad entre las mujeres mexicanas.

Si bien nuestro país firmó y ratificó la CDPC, aún no garantiza el cumplimeinto de este artículo, entre otros. Por otro lado, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que también pertenece a la ONU (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés) evidenciaron asimismo “la falta de protocolos normalizados para investigar y enjuiciar los casos de violencia contra la mujer [en México], que impiden a las víctimas gozar del derecho al acceso a la justicia y dejan sin sancionar un alto porcentaje de casos”.

Las abogada Guadalupe Ramos y Alejandra Cartagena coinciden en que deben existir políticas públicas para atender y proteger a las sobrevivientes de tentativas feminicidas, y enfatizan la urgencia que existe sobre todo de conocer cuántas mujeres hay en la circunstancia de Inés. Ambas han tenido contacto con varias de ellas y esto les ha permitido confirmar que las mujeres que sufrieron de violencia de género no son atendidas con programas públicos específicos. Para este texto se consultó al Instituto Nacional de las Mujeres con el fin de saber qué programas tienen para atender a sobrevivientes de intentos de feminicidio. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

 

Otras latitudes: la historia de María da Penha

María da Penha5 sostiene un letrero con el mensaje “Homem de verdade ñao bate en Mulher” (Un hombre de verdad no golpea a una mujer). Se trata del mensaje de una campaña de 2013 promovida por el Banco Mundial para erradicar la violencia hacia las mujeres en Brasil.6 Su rostro, su nombre, su historia son un emblema para la defensa de las mujeres que son víctimas de la violencia de género en este país.

Maria da Penha. Foto tomada de: http://www.inclusive.org.br/arquivos/27433.

Maria da Penha. Foto tomada de: http://www.inclusive.org.br/arquivos/27433.

Si algunas de las mujeres con discapacidad no son visibles como sobrevivientes de intentos de feminicidio, eso no significa que no existan y que sus casos no hayan trascendido en la defensa de los derechos humanos, como ocurrió con María da Penha. Por un balazo a manos de su esposo tiene paraplejia, una discapacidad motora. Por si fuera poco, después de este ataque, su victimario intentó eletrocutarla. María sobrevivió.

Su caso estuvo en tribunales durante veinte años, en los cuales el agresor se mantuvo libre. El Comité de América Latina para la Defensa de las Mujeres (CLADEM) la defendió y llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH reconoció los derechos de María y responsabilizó al Estado Brasileño por las omisiones y negligencias que sufrió; y le recomendó la investigación del caso y la impartición de justicia para la víctima.

En el informe, la Corte admitió las consecuencias de vivir con una discapacidad y no contar con los requerimientos mínimos para pagar tratamiento médico y fisioterapia, así como “la dependencia que la hace requerir de la ayuda constante de enfermeros para movilizarse”. El caso de María impulsó la creación de nuevas leyes contra la violencia hacia las mujeres en Brasil. Como esa foto, la voz de María da Penha sobrevive en la lucha para denunciar y transformar.

 

La impunidad

En México también se han aprobado leyes para prevenir, eliminar y erradicar la violencia de género. Sin embargo, a 10 años de la aprobación de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida Libre de Violencia y a cinco de la tipificación del feminicidio, el principal problema para atajarlo es la impunidad. Las activistas coinciden: ¡En México cualquiera puede matar a una mujer y no pasa nada!, como también ocurre en otros países de América Latina con  altos índices de feminicidio, por ejemplo Brasil y Argentina.

La abogada de Cladem, Alejandra Cartagena, explica que la discapacidad como la que tiene Inés se queda en meras “lesiones” y su caso, como otros más, “no se tipifica como tentativa de homicidio. Si bien nos va, en los casos que defendemos se llega a consignar a los agresores como responsables  de lesiones graves o lesiones que tardan menos días en sanar y que ‘no ponen en peligro la vida’”.

Al final, lo que termina ocurriendo, lamentó la litigante, es que se “invisibiliza a la violencia feminicida”. A esto debe sumarse la ineficiencia en los peritajes que no tiene herramientas ni conocimiento para confirmar las lesiones de las víctimas.

“Tenemos un caso que ya tuvo sentencia (…) es un tipo que la golpea, le quema la casa, la da por muerta, pero ella no está muerta. Finalmente, la parte médica informó que sus heridas tardarían quince días en sanar y que no eran graves. Ella, sin embargo, perdió la visibilidad de un ojo y eso nunca se tomó en cuenta en el juzgado”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)7 creó un protocolo para juzgar con perspectiva de Género,8 un enfoque que, según la abogada, también debería ser adoptado en la instrucción de los peritos, para que ellos detecten esas lesiones cuando son producto de una tentativa de homicidio y reúnan las pruebas necesarias para la denuncia.

Todo lo anterior, queda resumido en una palabra: impunidad. Los agresores, como el esposo de Inés, están libres, como lo ha documentado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

 

Violencia, discapacidad y pobreza

El testimonio de Inés es también ejemplo de la discriminación en diferentes espacios. Ella ya formaba parte de uno de los grupos sociales más discriminados: las mujeres. Hoy, con una discapacidad, se suman otras inequidades. En el transporte público o en la calle, Inés vive una discriminación a la que antes no se enfrentaba.

A veces parece que ve, que no tiene una discapacidad, al grado de que alguien le sugirió alguna vez que usa los asientos preferenciales del transporte público solo por “sacar ventaja”. Apenas le creen cuando muestra su carnet del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Inés es inquieta. No deja de buscar cómo aprender algo nuevo. Aprendió braille y después computación. Ingresó a talleres para crear bisutería. Hoy vende estos productos, aunque no tiene un sueldo fijo. Desde que no ve solo ha tenido empleos informales. Así, es prueba de lo que economistas y expertos en temas de derechos humanos relacionan con un círculo que lo conecta todo: pobreza, desempleo y exclusión. Se es desempleado porque se está excluido y la exclusión se acentúa al momento en que no hay ingresos. El desempleo al que se enfrenta confirma lo que denunció el Informe Mundial sobre Discapacidad,9 que las personas con discapacidad son uno de los sectores más excluidos cuando se les compara con las tasas de empleo de las personas sin discapacidad.

Mujer caminando con bastón. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

Mujer caminando con bastón. Fotografía de Priscila Hernández Flores.

Pero más allá de ser una víctima, Inés tiene proyectos. No pierde la oportunidad de compartir su testimonio y prevenir a otras mujeres que viven lo que ella experimentó. A sus amigas, sus vecinas y conocidas que narran los problemas de pareja como algo cotidiano, les pide que se cuiden, que se alejen del agresor. Sí, aprendió braille, pero no debía hacerlo. Sí, es hábil para desplazarse con el bastón, y es por necesidad: para lograr ser independiente.

Inés compartió su testimonio, porque quiere insistir en que, ni ella, ni cualquier otra mujer, debe ser agredida. Insiste: “Véanse en mi espejo”.

*El nombre de la protagonista de esta historia, así como los casos citados por las abogadas fueron resguardados para no volver a victimizarlas, ni ponerlas en riesgo.

 

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacida. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.


1 http://bit.ly/2i5xlws

2 http://bit.ly/1Tzmgfw

3 http://bit.ly/2zCkc5M

4 http://bit.ly/2A4pgzj

5 http://bit.ly/2hQkFWL

6 http://bit.ly/2jXFtzZ

7 http://bit.ly/2zlY9fl

8 http://bit.ly/2zlY9fl

9 http://bit.ly/2jmwR1C