Se sabe que la salud mental está intrínsecamente relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas. Incluso, aunque sea un secreto a voces, cuando se trata de medicamentos psiquiátricos recetados.1 El uso de cualquier droga tiene un impacto en la salud aunque la sustancia dicta el grado. En la inmediatez, se ha encontrado que las personas con algún nivel de dependencia a sustancias suelen sufrir de ansiedad y depresión con consecuencias graves a largo plazo. En México, el número de consumidores de alcohol y drogas ilícitas ha aumentado considerablemente y se asume que su dependencia es alarmante. Sin embargo, sigue habiendo una serie de discrepancias en cómo se entiende y trata a los consumidores de sustancias ilíctias: frente a aquellos que consumen alcohol, en cuanto a las opciones de tratamiento públicas, e incluso de género.

Ilustración: Patricio Betteo

¿Salud para todos?

La reducción del daño (RD) en el consumo de drogas ilegales o legales engloba una serie de estrategias encaminadas deliberadamente a disminuir el impacto de éste, sin importar si el consumo es problemático o no. Contrariamente a lo que dictan los prejuicios, la RD no es un enfoque innovador. Los consumidores de alcohol y el tabaco se han beneficiado ampliamente por la RD con estrategias cuyo propósito es la contención de los daños asociados al uso. Es el caso del parche de nicotina, el Conductor Designado del grupo cervecero Cuauhtémoc Moctezuma, los cigarros electrónicos, el alcoholímetro o en su caso el Torito. Es así que la postura ante las bebidas espirituosas y los derivados del tabaco es tolerante y humanitaria.

Pero no sucede lo mismo con las drogas ilegales. Los consumidores de drogas duras (aquellas que tienen un alto potencial de adicción y, por consiguiente, son percibidas como las más dañinas),2 se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Un heroinómano, por ejemplo, solo puede aspirar a recibir un kit de intercambio de agujas y jeringas. El enfoque de política pública en este rubro es simplista.

Aunque hasta el momento, la RD en México ha sido una perspectiva efectiva solamente para prevenir y/o limitar la propagación del VIH/SIDA,3 los usuarios de drogas tienen una desventaja clara frente a los consumidores de tabaco y alcohol que sí han gozado de esfuerzos en este sentido.  Los segundos tienen la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la salud. La razón detrás de esto no es necesariamente la salud de los usuarios, sino el cabildeo incesante de las industrias multimillonarias, como las tabacaleras, que producen estas sustancias para recibir concesiones que no afecten su rentabilidad. Son agresivos al perseguir sus intereses y suelen burlar a las leyes de salud pública.   

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA),4 que mide la prevalencia del uso de alcohol y de drogas entre la población, “el abuso/dependencia (al alcohol) incrementó del 4.1% en el 2002 a 5.5%  para  el  2008. Por sexo, ambos tuvieron incrementos importantes (8.3% a 9.7% en hombres y de 0.4% a 1.7% en mujeres)”. La ENA 2011 “observa que el consumo de cualquier droga pasó de 2.2% a 2.8%, pero el cambio no es estadísticamente significativo”. La diferencia entre abuso y dependencia no solamente es conceptual sino práctica (aunque el glosario de la ENA puntualiza los términos “dependencia a drogas” y “dependencia dado el abuso”).5

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017 revela que la droga predominante es la marihuana, que ha sido probada al menos una vez en más de siete millones de mexicanos entre los 18 y los 65 años de edad. Siguen en consumo la cocaína (3.3% de la población adulta), los inhalables (1.1%), los alucinógenos (0.7%) y anfetaminas (0.9%). Según esta encuesta reciente, hay 8.4 millones de personas adictas a las sustancias que pueden llevar al abuso, por lo que hubo un incremento a comparación de lo encontrado en 2011 (5. 7 millones). Acá otras cifras.

El enfoque es en el “consumo problemático”,6 pues funciona como un término-abanico que da certidumbre al momento de realizar estimaciones sobre el uso de drogas en general. La doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” ha afirmado en diversas ocasiones que cinco de las enfermedades con mayor grado de discapacidad son neuropsiquiátricas: la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, la bipolaridad y las adicciones. Su comorbilidad ha sido demostrada reiteradamente por diversas instituciones de salubridad. Estas cifras deben ser estar presentes al momento de elaborar políticas públicas cuyo objetivo principal sea el bienestar de la población, sin excluir a los consumidores de drogas. 

Sin tomar en cuenta el estatus legal de la droga a consumir, todo usuario en principio tiene el derecho a disfrutar del  nivel de  salud física y mental más alto posible. Sin embargo, “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr” es un derecho asimétrico: depende, a fin de cuentas, de la voluntad, las circunstancias y el contexto.

(Mal)tratarse

En relación a la percepción pública sobre las opciones de rehabilitación para las personas con dependencia a sustancias, la ENA 2008 reveló que la mitad de las personas encuestadas tiene la creencia de que, quienes se enfrentan a problemas de adicción, deben ser internados. Las dependencias en donde esto ocurre son las “granjas” (también conocidas como “anexos” o “casas hogar”) y tienen un largo historial de abusos en complicidad con las autoridades. Las opiniones acerca de aquello que los encuestados consideran como la “rehabilitación más efectiva para un adicto” son de perfil punitivo, e incluso ingenuo (aunque “Que los metan en la cárcel” y “Que se curen por su cuenta” tienen un porcentaje bajo de apoyo en comparación con la idea de internarlos en granjas). Sin embargo, todas estas instalaciones tienen al maltrato como común denominador (en un espectro que va desde la tortura psicológica hasta el asesinato) como revela Treated With Cruelty: Abuses in the Name of Drug Rehabilitation un reporte de Open Society Foundations, que desde 2011 advierte sobre el problema En la  portada se muestra a un usuario de heroína de Los Tesores Escondidos de Tijuana (un establecimiento que se rige por preceptos cristianos evangélicos), con el rostro compungido y signos de un evidente desgaste.

En la sección titulada “México: sin una mejor opción” se aborda la cuasi inexistencia de un tratamiento que sea accesible y asequible para los consumidores:

 “[d]ebido a los limitados y mal equipados servicios públicos [mexicanos] de tratamiento, familias y amigos de los usuarios de drogas a menudo se dirigen desesperados a instituciones privadas. Dada la alta demanda de tratamiento contra las drogas, casi cualquiera puede crear y administrar un negocio de “tratamiento” caro con poca o ninguna supervisión. A los familiares de los usuarios de drogas se les dice que se requiere poca evidencia (científica) para el tratamiento residencial”.7

Testimonios que recoge Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América latina y el Caribe también publicado por OSF cinco años después, acusan que el tratamiento no suele ser por voluntad propia del usuario, sino una obligatoriedad muchas veces basada en el apego familiar:

“Llegué con base en mentiras de mi papá, me dijo que lo acompañara por unos polines a la casa de mi tío. Fui a su casa y llegaron unos hombres a quererme subir a una camioneta pues me les puse al pedo [a pelear] y me amarraron de a pescadito [con los pies y las manos amarrados por la espalda]”.

O, en el peor de los casos, a punta de pistola y con complicidad institucional: “Yo les dije [a los policías] que por qué me estaban agarrando, que qué les hice y me dijeron ‘Te llevamos a un lugar pa ́que te alivianes’”.

El ingreso involuntario también es tarea de las “pandillas espirituales” conformadas por los mismos residentes, que tergiversan el papel del sponsor (padrino o madrina) de Alcohólicos Anónimos, y someten a los posibles “clientes” con violencia. La coacción no hace  distinciones; sin embargo, esta se ve limitada por la posición económica y cualquier condición relacionada con estratificación social. Un tratamiento en clínicas privadas, como Oceánica o Monte Fénix, es un lujo: un mes de tratamiento cuesta, como mínimo, 150 mil pesos. Estos centros se basan en el programa de doce pasos de Alcohólicos Anónimos, cuya central en México es la segunda más grande a nivel mundial. También existe Narcóticos Anónimos, que se autodefine como “un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas (…) [s]ólo hay un requisito para ser miembro: el deseo de dejar de consumir”. Estos planes de recuperación, que han demostrado una eficacia mayor en los estudios comparativos frente a la terapia individual y la terapia grupal (cognitivo-conductual), oscilan, sin embargo, entre la recaída y la recuperación.

Este péndulo demuestra que la fuerza de voluntad, al momento de confrontarse con una adicción, está en entredicho. Hay dos verdades a contrastar: es cierto que la clave del funcionamiento del modelo de abstinencia está en el apoyo emocional y también es innegable el aspecto no volitivo del consumo problemático de sustancias (que se toma en consideración en la RD). En contadas ocasiones, el consumidor tiene una motivación clara y, aun así, la asistencia no se alcanza de inmediato. Ni siquiera a corto plazo. La reducción del daño no juzga esa ambivalencia y su impulso es noble: fomentar un estilo de vida lo más sano posible.

Bajo la premisa de “Sí a la atención, no a la exclusión”, la OMS lanzó el Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación hace una década. En este instrumento afirma: “la experiencia clínica indica que las  personas  que  abusan del alcohol o de drogas generalmente no son buenos candidatos para el ingreso y el  tratamiento involuntarios, y se  requieren otras leyes para tratar de manera efectiva a este grupo de personas”. En este sentido, la legislación mexicana incorpora los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. ¿En la práctica? Violaciones a derechos humanos y retrocesos en detrimento a la de por sí afectada salud mental de los usuarios de sustancias adictivas. A finales de 2013 se lanzó la iniciativa de Ley General para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación, Reinserción Social y Control en Materia de Adicciones, la cual es, en principio, una ampliación del marco normativo existente en la Ley General de Salud que busca reglamentar los servicios de atención relacionados. Sigue en espera.

La eterna disparidad

El Reporte 2016 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) revela que, a nivel mundial, uno de cada tres consumidores de droga son mujeres y niñas y sólo una de cada cinco personas que reciben tratamiento por abuso de drogas es del género femenino. En México el consumo ha aumentado más en ellas que en ellos, particularmente en el rango etario entre 12 y 18 años (el consumo general de drogas legales e ilegales se cuadriplicó durante las últimas dos décadas —del 4 al 16%— en mujeres. Las sobredosis han aumentado y también el arresto de mujeres por delitos relacionados con drogas. La disparidad también afecta a la salud mental. La JIFE afirma que los consumidores femeninos experimentan mayores niveles de estigmatización y son altamente vulnerables (suelen ser condenadas al ostracismo por parte de su familia y/o comunidad y ser víctimas de violencia emocional, física y sexual (para financiar su uso de drogas y/o el de su pareja).

Es un reto para la salud pública incorporar la perspectiva de género. Además de asegurar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en materia de atención a las adicciones.  Una política pública ideal de reducción de la demanda de drogas ampliaría nuestra compresión de las adicciones para proporcionar una respuesta más humana y efectiva a las personas que las consumen.

 

Karen Villeda
Escritora. Su libro más reciente es Visegrado (Almadía, 2018).

Bibliografía:
Open Society Foundations, Treated With Cruelty: Abuses in the Name of Drug Rehabilitation, 2011.
Open Society Foundations, Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América latina y el Caribe, 2016,
Organización Mundial de la Salud, Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación, 2006.
Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones, 2002.
Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones, 2008.
Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones, 2011.
Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco,2016-2017.


1 Analgésicos, antidepresivos, pastillas para dormir, tranquilizantes, entre otros estimulantes.

2 Drogas como las anfetaminas, la cocaína, el crack, la heroína o drogas de prescripción médica como la morfina que se diluyen o disuelven para inyección se encuentran en esta categoría.

3 A comienzos de la década pasada, en 2003, el gobierno comenzó a implementar un programa para reducir los daños derivados de las personas usuarias de drogas por inyección a través del Centro Nacional para la prevención y control del VIH/Sida (CENSIDA).

4 A finales de noviembre de 2016, la Secretaría de Salud confirmó que los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2016 estarían listos para el primer trimestre de 2017. A la fecha de publicación de este artículo, no se ha presentado el estudio a nivel nacional.

5 El primero es cuando una persona reporta  haber tenido tres o más síntomas de dependencia asociados a su consumo de drogas. El segundo se refiere a las personas que reportaron haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones y además presentan dependencia a las drogas.

6 Un consumo se define como “no problemático” o “recreativo” cuando no tiene la carga de dependencia física, psicológica o ambas y/o cuando la vía de consumo no supone el consumo vía parental.

7 La traducción es de la autora.