La determinación de la Corte sobre incluir a los alumnos con discapacidad en la escuela regular ha desatado un debate interesante. Hace un par de semanas publicamos un texto sobre lo que ello significa en el reconocimiento de las diferencias. Esta nueva entrada habla de los retos que implicaría la inclusión a rajatabla.

A raíz de la publicación de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista comenzó a cuestionarse y discutirse públicamente la razón de ser de la educación especial. La declaración de la Suprema Corte sobre su inconstitucionalidad atizó el debate sobre esta realidad que pocos conocemos con certeza, pues lo más usual es que uno se adentre en estos temas porque trabaja directamente con personas con alguna discapacidad o porque tiene algún familiar en esta situación. Personalmente, le debo mi camino por este sendero a mis alumnos y a un sobrino.

Dicha ley se centra en la protección de los derechos de las personas diagnosticadas dentro del espectro autista (TEA) para evitar su discriminación. Se corresponde con el discurso oficial adoptado por el Estado, que se pronuncia abiertamente a favor de la inclusión. Bajo una primera lectura, esto parece mantener una postura de avanzada, en tanto los derechos de las personas con TEA se defienden. Sin embargo, en el tema “discapacidad” los matices pueden ser muy diversos, y en este sentido el decreto muestra rápidamente sus limitaciones. No sólo se centra, injustificadamente, en un sólo tipo de discapacidad sino para que los efectos de su redacción sean efectivos, la persona en cuestión debe contar con un aval médico que lo acredite como “apto” para su incorporación. La contradicción es evidente.

Ilustración: Estelí Meza

Nadie defenderá que el destino de las personas con discapacidad sea vivir segregados, por ello, “la integración” ha sido tema de debate a nivel internacional desde hace años. No obstante, la forma en la que se enuncia este mensaje, al menos en nuestro país, debe sujetarse a la observación con una lupa muy fina, pues el estado del debate hoy toca un tema delicado: la educación.

Hasta ahora, el sistema educativo en nuestro país ha permitido una distinción entre la “educación regular” y la “educación especial”, ésta última siendo la encargada de brindar atención a las personas con discapacidad tanto en el sector público como en el privado. A raíz del amparo interpuesto por un grupo de personas (137) se duda de la implementación de la educación especial, dados sus matices aparentemente discriminatorios. Bajo este argumento, la SCJN determinó que todas las personas con discapacidad han de ser incluidas en la educación regular sin que ninguna institución pública o privada les pueda negar los servicios.

Ante esta resolutiva, la Escuela Normal de Especialización que prepara a los maestros para atender a las personas con discapacidad está enfrentando los primeros embates. En este momento se encuentra en paro indefinido como protesta ante un inminente cambio en su malla curricular, pues se buscará modificarla con la finalidad de que se convierta en “educación inclusiva”. Según algunos profesores de Centros de Atención Múltiple, “la tendencia hacia la llamada inclusión educativa quiere desmantelar la educación especial con pretexto de la discriminación que fomenta. Sin embargo, los docentes sabemos que no hay nada más alejado de la realidad. El problema es que tal vez esto se ajuste a casos específicos de discapacidad, pero [la lógica] es contraproducente para la generalidad”.

Para María B., quien lleva años trabajando en esta área, la resolución de la SCJN es “irresponsable, pues la educación especial no existe para casos excepcionales”. La impresión que tiene es que el Estado no se ha preocupado siquiera por mirar las realidades de los Centros de Atención Múltiple, sino que quizás se ha centrado en “algunos casos aislados de alumnos que, efectivamente pueden ser incorporados en escuelas regulares y siempre con algún tipo de apoyo. Pero ni las escuelas, ni los profesores de escuelas regulares cuentan con la preparación para recibir a toda la población de chicos con discapacidad”.

Lo que parece escapárseles a nuestros gobernantes cuando teorizan sin considerar el conjunto de las perspectivas es que no todas las personas con discapacidad entran en el espectro autista o manifiestan síntomas similares. Tampoco consideran que todos los chicos y chicas con autismo tengan el mismo grado de discapacidad. Habrá quienes efectivamente puedan integrarse a la educación regular, y ese espacio debe estar abierto, pero otros no. Y no debido a una cuestión discriminatoria, sino simplemente por la amplia diversidad de dicha población, la cual requiere, tanto de la adecuada capacitación del docente, como de otro tipo de infraestructura.

Los ejemplos son miles: ¿Qué hace un profesor regular cuando un alumno convulsiona en el salón de clases, cuando tiene una crisis y se autolesiona o simplemente pierde el control? ¿Cómo se enfrenta un docente regular al reto de hacer que una persona con discapacidad intelectual severa aprenda lo que le es elemental: atarse las agujetas, tomar una cuchara o seguir una rutina, por ejemplo? ¿Cómo estar atento a estos chicos sin descuidar a los cuarenta alumnos restantes que generalmente hay en el aula? ¿Cómo hacer para que los alumnos regulares entiendan la situación?

Por otro lado, incluso en los casos de chicos cuyo grado de discapacidad les permita asistir a una escuela regular, ¿podemos realmente hablar de inclusión? La institución donde trabajo, ubicada al sur de la ciudad, ha abierto sus puertas a la discapacidad. Ahí he visto alumnos universitarios con síndrome de Down y en mi salón de clases tengo a un chico diagnosticado con síndrome de Asperger, pero la única capacitación que hemos recibido los profesores para trabajar con él, hasta ahora, ha sido una presentación que a duras penas explica en qué consiste el síndrome y ninguno de mis compañeros sabe, por ejemplo, que éste también entra en el espectro autista y que justamente se le llama de esta manera por la complejidad de sus matices. Pero actualizar la información no sería suficiente, habría que preguntarle al alumno si a lo largo de su estancia se ha sentido discriminado -a lo que estoy segura de que respondería afirmativamente- y después incorporar sus experiencias al trato cotidiano.

Incorporar a la escuela regular a toda la población con discapacidad no será una tarea fácil. Cuestionamos su viabilidad, para empezar, porque todas las escuelas tendrían que estar preparadas con rampas, pasamanos, lenguaje braille, intérpretes de lenguaje de señas mexicano, baños que se adapten a las necesidades de estos estudiantes, servicios médicos mucho más completos y sombras. Cosas que en ocasiones ni los propios CAM tienen o están en franco deterioro. No estaría de más que la SCJN hiciera una visita a estos centros para ver qué nos sigue haciendo falta.

Un camino más certero para evitar la discriminación sería empezar por viralizar información certera, la idea de que debemos aceptar la diferencia y la conciencia de que todos tenemos rasgos y necesidades distintas.

Desde la óptica de los alumnos y docentes de educación especial (pública), quienes están preocupados por el futuro, tanto de su formación, como de las aulas en las que trabajarán, “lo que pretende este discurso de ‘inclusión’ es desmantelar los servicios de educación especial, así como las licenciaturas para formar a sus docentes” cuando lo que se necesita es el apoyo que México le debe tema. Países como Chile, Cuba, Inglaterra o Dinamarca, están mucho más avanzados en la materia y el compromiso de atender a la diversidad.

El sistema educativo chileno, a muy grandes rasgos, contempla u. modelo de integración; mismo que desempeña con muchos apoyos y capacitaciones docentes. Pero, además, cuenta con el especial para alumnos con necesidades más específicas, ya sean físicas o intelectuales. El cubano divide la educación especial en dos: transitoria y específica. La primera busca una integración posterior del alumno a la escuela regular y la otra se enfoca en la atención de necesidades concretas y complejas. El inglés, contempla varios modelos, pero no descarta la opción de brindar educación dirigida a necesidades educativas en particular y, en los casos destinados a la integración al modelo regular, los alumnos cuentan con coordinadores de trabajo que dan seguimiento a su desempeño. Finalmente, en Dinamarca se considera que cada educando tiene derecho a una formación adaptada a sus capacidades y habilidades, por lo que gozan de una enseñanza individualizada. Además de ello, los alumnos tienen un buen número de subvenciones que se encargan de cubrir todos los gastos.

En contraste, la historia de la educación especial en nuestro país parece ir de mal en peor; empezó por encerrar la discapacidad entre los muros de La Castañeda y similares, en donde no se recibía ningún tipo de formación, y hoy parece estar en peligro de desaparecer a causa de un discurso que busca homogeneizar y no atender a la diferencia (esto no es tan distinto a la homologación promovida por el manicomio)

Para el caso de muchos estudiantes, no sólo es cuestión de palabras sino de realidades; entrar en una escuela regular no sólo deja a muchos en situación de desventaja, sino sobre todo de desamparo. Entonces, como dijera el más tramposo charlatán de banqueta: ¿Dónde quedó la inclusión?

 

Cecilia Santillán
Maestra en Letras y profesora.