Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno daría pensiones para los “discapacitados pobres” de México. La próxima semana esto será sometido a consulta. Antes de ir a votar, este reportaje aporta elementos para pensar en la pertinencia de la propuesta y lo que hay que considerar para que sea efectiva.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una pensión para personas con discapacidad a nivel nacional, algo inédito en la historia de México. Dos encuestas del INEGI (la Encuesta en Hogares y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica) calculan este sector en 7.1 y 7.6 millones de personas en México según cifras al 2014. La mitad de las cuales, de acuerdo con el reporte del Coneval del mismo periodo, viven en la pobreza,.1 Esos aproximadamente 3 millones de mexicanos son aquellos a los que el presidente electo aludió en su discurso de victoria cuando aseguró que su mandato inauguraría un programa de apoyos destinado a los “discapacitados pobres”.
López Obrador se ha puesto como objetivo atender a las personas con discapacidad en varias ocasiones. De hecho, desde las elecciones de 2012, el entonces candidato citaba la cifra de 3 millones de personas con discapacidad como destinatarias de una pensión que prometía. Sin embargo, ya como presidente electo este 2018 recortó la expectativa cuando informó en una conferencia en la Ciudad de México que apoyaría a un millón de beneficiarios con mil 300 pesos mensuales, para así cubrir el total de niños y niñas en las zonas más pobres del país (tanto rurales e indígenas, como de colonias pobres urbanas). Según las cuentas, cada año se destinarían 15 mil 600 millones de pesos a este fin.
En este periodo de transición del gobierno federal, Nexos pidió entrevista con el encargado del nuevo programa, Jorge Carlos Alcocer Varela, pero éste no atendió la petición. Además, se solicitó más información sobre las pensiones para personas con discapacidad vía la ley de transparencia y la respuesta consistió en remitir al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). La administración actual no puede responder por los planes a futuro, así que quedan muchas dudas sobre los detalles y especificaciones del nuevo programa de pensiones, sobre todo ahora que será sometido a consulta el próximo 24 y 25 de noviembre.
Ilustración: Víctor Solís
Casos comparables: Argentina
Una de las primeras formas de pensar la viabilidad de estos programas suele ser compararlos con lo que existe en otros países. Un caso conocido es el argentino. Este país tiene un programa dirigido a personas con discapacidad que no perciben ningún apoyo por jubilación. Otras condiciones implican presentar una disminución del 76% o más en la capacidad laboral, no estar empleado, no tener bienes, no contar con parientes obligados a proporcionar alimentos y ser argentino de nacimiento, con cinco años de residencia como mínimo. Los extranjeros deben tener 20 años de residencia.
El número de beneficiarios de este programa se disparó de 180 mil a un millón 800 mil en el periodo de 2003 a 2015 y las autoridades aseguran que hubo médicos que mintieron respecto a la incapacidad. El gobierno se dispuso recortar 70 mil pensiones en 2017 para disminuir el déficit y, aunque al final no lo hizo, los argentinos quedaron advertidos de que la autoridad revisaría los casos. Gabriela Pérez Yarahuán, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), advierte los riesgos que corren este tipo de programas por naturaleza:
Precisamente porque son muy fáciles de implementar, también son muy fáciles de quitar, pues en el fondo no generan una infraestructura ni una lógica para sostenerse con el enfoque de derechos humanos (…) A mí me pueden dar una pensión un día, me la pueden quitar al otro día; en cambio, si me generan oportunidades de acceso reales, son mucho más difíciles de quitar pues, además, empoderan a la gente.
Antes de otorgar el apoyo, el gobierno argentino analiza cada caso tomando en cuenta las condiciones de la vivienda, incluida el agua potable. Sin embargo, la pensión es tan baja –menor que la jubilación mínima– que a una persona con discapacidad simplemente no le alcanza para vivir, según explica Elena Dal Bó, académica de la Universidad de La Plata y directora de la Asociación Azul dedicada al apoyo para independizar a personas con discapacidad. Una pensión es de 7,500 pesos argentinos mensuales aproximadamente (equivalentes a 4,246 pesos mexicanos), pero con la inflación cada tres meses hay ajustes de los montos de sueldos y pensiones, que hacen el asunto insostenible.
Aun en tiempos de crisis, estas pensiones están instituidas y no es fácil sacarlas. “Lo que sucede es que hubo épocas en que el dinero de las pensiones para la discapacidad se destinaba a quienes no tenían impedimento alguno, como una ayuda social. Cuando este gobierno quiso ordenar eso, entonces las transformó en pensiones a personas con discapacidad”, explicó Dal Bó. Aunque hay un recorte de sueldos y subsidios y esta población debería permanecer intocada en ese sentido, lo cierto se ve afectada en la medida en que el programa no desaparece, pero tampoco ayuda en las circunstancias actuales en las que el dinero ya no tiene el mismo poder adquisitivo. Esto aunado a que las prestaciones de salud en general son insuficientes, de baja calidad e inequitativas. Así pues, aunque el apoyo tenga màs de una década de funcionar, no se puede hablar de una mejoría en la vida de las personas con discapacidad en Argentina.
¿Qué hace falta para que las personas sí tengan un beneficio real? Dal Bó explica que la pensión corresponder, por lo menos, al mismo monto de un salario mínimo, además de que “la persona [tenga] acceso a la salud sin cargo, y a la rehabilitación que necesita. Esto sería lo mínimo. Pero además necesita apoyo económico para equipamiento, para asistencia personal; para los requerimientos de cada uno”.
El gastado asistencialismo
Usualmente se llaman políticas asistencialistas cuando no hay un enfoque de largo plazo para solucionar el problema en cuestión. Como explica Pérez Yarahuán, si solamente son otorgados los subsidios, una vez que se acaba el dinero la problemática continúa y persiste la falta de oportunidades reales para esa población. No hay trato con un enfoque de derechos humanos.
Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social) –una asociación civil que busca contribuir a la democracia en el país mediante la investigación y la incidencia en las políticas públicas–, expuso que la política social debe incluir educación, promoción del trabajo, seguridad social y vivienda aunado a la asistencia social. Cuando las personas no pueden atender sus necesidades por sí mismas, el Estado tiene que garantizar la provisión de bienes y servicios. Aunque el concepto de “asistencialismo” se usa peyorativamente, explica, en realidad la asistencia social es una política social. “Otro asunto es cuando el tema de pobreza se maneja asistencialistamente, o sea: te doy dinero para que te quedes tranquilo y no me estés molestando y no hay una idea de: te ayudo en tanto tú recuperas tus capacidades para volver a ser autónomo.”
Desde su punto de vista, es necesario que las personas con discapacidad en México tengan una pensión pues las condiciones crónicas pueden convertirse en una verdadera carga para los familiares. “La beca o la transferencia monetaria a la persona con discapacidad es para que alguien lo cuide y lo atienda y pueda tener acceso a la cobertura de sus necesidades básicas, entonces es un aporte al grupo familiar; no es a la persona sino al cuidador”, comentó Jusidman.
Pero no todas las personas con discapacidad enfrentan los mismos retos, por eso, un diagnóstico sobre la variedad de condiciones de vida es fundamental antes de proceder. A decir de Pérez Yarahuán: “es un tema complejo porque la atención es diferenciada según la discapacidad de la persona. Por eso es necesario saber de qué magnitud es el problema, con qué se está enfrentando el nuevo gobierno y cómo puede solucionarlo”. Para Jusidman:
El tema, desde mi óptica, es que las reglas de operación del programa tienen que ser muy claras. Tiene que haber criterios muy claros de entrada al programa y que sean conocidos por la población, porque muchas veces en estos programas pasa que si la población no conoce que existen, no tiene manera de demandarlos y, entonces, sí se pueden volver programas clientelares: yo se lo doy a quien a mí me convenga.
Patricia Brogna, quien es profesora asociada a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y está a cargo del Seminario Permanente sobre Derechos Humanos y Discapacidad llama la atención sobre otro punto: la relación entre los programas impulsados por el gobierno y quienes los llevan a cabo. Señaló que durante la administración de Enrique Peña Nieto las convocatorias emitidas eran más bien otorgadas “a dedo” a ciertos grupos que se caracterizan por ser “poco cuestionadores” en las cuestiones de la discapacidad. También sucede que, cuando la sociedad civil es la que cubre las necesidades de esta población, no tiene recursos para hacerlo a gran escala y a largo plazo.
Finalmente, “hay una cuestión también muy perversa que yo esperaría que se resuelva. Como muchas de las organizaciones de sociedad civil necesitan los recursos del Estado para seguir subsistiendo, no pueden ser muy críticas”, agregó Brogna.
Lo interesante para ella es que AMLO, en una entrevista con la organización Yo También, dijo no estar a favor del Teletón e identificó la “incompetencia y omisión” de los servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo encargado de monitorear la correcta aplicación de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo que se podría esperar un cambio de enfoque y de beneficiarios en las concesiones en la nueva administración.
¿Subsidio sí o no?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 2014, 4.6 millones de personas con discapacidad no tuvieron el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, por ello, un millón de beneficiarios en un programa para “discapacitados pobres” está lejos de ser suficiente. Y, como se adelantaba, además de la inaccesibilidad generalizada esta población vive una serie de problemas concretos asociados con su particular fuente de discapacidad: no es lo mismo necesitar diálisis cotidianas, o anticonvulsivos, que una prótesis.
Lourdes Silva es presidenta de La Pirinola A.C., una organización en la Ciudad de México dedicada a promover la integración, salud y creatividad de personas con discapacidad. Ella está en desacuerdo con la pensión porque “la ciudadanía no necesita que le sigas teniendo lástima y le des; lo que necesitan las personas con discapacidad es capacitación, empleo, escuelas, o sea, tener una vida activa. Darles una pensión es seguir manteniendo a la discapacidad oculta, vulnerable. Entonces, generalmente esto no funciona”, señaló. Y efectivamente ese es un campo de oportunidad poco explorado: 4 de cada 10 personas con discapacidad de más de 15 años participa en alguna actividad económicas, frente a 6 de cada 10 de sus contrapartes sin discapacidad, según la ENADID. Otras 4 de cada 10 declaran percibir ingresos por parte de algún programa de gobierno; habría que estudiar cuáles.
“Hay casos en donde es imposible dejar de dar el apoyo, la persona muy difícilmente va a poder salir sola adelante, pero hay otros casos en donde ese recurso puede ayudar a facilitar, a capacitar, a educar a la persona, para que la persona vaya liberándose de la necesidad del apoyo y pueda ser autónoma”, advirtió Clara Jusidman.
Sin embargo, antes de resolver la viabilidad y suficiencia de apoyos para un millón o 7 millones de personas con discapacidad, es fundamental mejorar el Censo que cuenta a esta población. Esta preocupación está lejos de ser nueva, pues se ha exhortado al INEGI a cambiar su metodología en este frente. Como explica Pérez Yarahuán: “La discapacidad actualmente se mide con una pregunta que la gente puede responder: ‘¿tiene usted alguna discapacidad?’ y ponen las categorías muy amplias de discapacidad. No hay grados. Yo podría contestar que tengo discapacidad visual porque tengo miopía y uso lentes. Entonces es muy importante revisar las formas de captación de esta información”.
También suele suceder que, al contrario, la persona que da la información no quiere reconocer que vive una persona con discapacidad y no lo menciona en el Censo, advirtió la presidenta de Incide AC. Entre los cambios recientes para contar a las personas con discapacidad está el Sistema Nacional de Información Georreferencial, una instrucción del presidente Peña Nieto para saber “con la debida precisión quiénes son y dónde están” las personas con discapacidad, como anunció el presidente. Sin embargo, faltan detalles sobre su funcionamiento y resultados en este respecto.
Por otro lado, la titular del Conadis, Mercedes Juan López, escribió en la Revista de Administración Pública (enero-abril 2018) que este organismo inició un registro en 2017 con la batería de preguntas del Grupo de Washington con el cual fueron contabilizadas 4 millones de personas con discapacidad, con “nombre y apellido”. El Grupo de Washington busca identificar el grado de dificultad que tiene la población al ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, cuidado personal y comunicación.
“Nos gustaría que a estas alturas hubiera un registro nacional y no solamente focalizado en algunos estados porque el Conadis es una figura casi de carácter moral (…); entonces, dependemos de la voluntad política de cada gobernador de cada estado para que verdaderamente se haga este registro”, cuestionó Gabriela Martínez, directora de Movimiento Asociativo de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, CONFE, asociación civil que afilia a 114 instituciones del país.
También añadió que no sólo hay que tomar en cuenta el factor de la pobreza, sino condiciones como la de una mujer con discapacidad, un indígena con discapacidad, una madre soltera que es responsable de su hijo con discapacidad. La pensión no tendría que ser restrictiva, sino dar certeza de que el programa sea lo más equitativo posible y evitar establecer una cantidad fija porque no todos tienen las mismas necesidades.
Además, una política pública de este tipo incluso tendría que tomar en cuenta las circunstancias psicológicas de las personas porque éstas tal vez no están listas para dar ciertos pasos, considerar que en las ciudades es más fácil implementar los programas muchas veces porque la discapacidad no está “escondida” como en otros lugares. “Hay una circunstancia emocional que no permite dar los brincos. Se tiene que trabajar desde perspectivas que no sea nada más dar dinero”, consideró Silva. En su experiencia, sería mejor empezar con pequeños laboratorios de acción, para dar cuenta qué está pasando en lugares en donde no se ha normalizado la existencia de la discapacidad.
Finalmente y muy importante, otro de los riesgos que se corre con programas de beneficiarios es que no cumplen las obligaciones que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos “evitan que la gente se asuma como titular de derechos y no como beneficiarios de programas. En tanto los programas se manejen desde la lógica de los beneficiarios, tienen una posibilidad muy grande de convertirse en programas clientelares”, puntualizó Jusidman.
Lo que hizo AMLO en la Ciudad de México en este respecto sienta un buen precedente: fue de los primeros gobiernos que tuvo un organismo que atendiera esta población, reconoció la directora de CONFE. También otorgó becas a personas con discapacidad y para el ejercicio 2006, planeó un apoyo económico mensual de 730 pesos a 70 mil 688 beneficiarios. Estos programas se han mantenido pero, como parte de su plan de gobierno, anunció que los apoyos a personas con discapacidad –junto con la pensión universal a adultos mayores y las becas “Prepa sí”– serán responsabilidad del gobierno federal y no del gobierno local. Sin embargo, los cambios en las declaraciones del presidente hacen muy difícil saber qué es lo que se propone hacer con este sector de la población; en qué medida serán consultados quienes viven el día a día de esta realidad y cómo construir un plan nacional de desarrollo en el que las personas con discapacidad sean parte activa del crecimiento del país.
Las personas con discapacidad necesitan ingresos económicos, sin embargo, es necesario tomar en cuenta muchos factores –desde el diagnóstico hasta el tipo de organizaciones encargadas en implementar los apoyos– para que las becas o pensiones tengan un impacto real.
La atención a personas con discapacidad antes de AMLO*
| 1977 | Surge el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para dar asistencia social a personas con discapacidad, una de las primeras acciones para esta población. |
| 1980 | Se incorporan compromisos para atender a personas con discapacidad en los planes de desarrollo. |
| 1986 | Se promulgó la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. |
| 1991 | Surge el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad A.C., cuyas propuestas se incorporaron al Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000. |
| 1994 | Se abroga la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social para dar paso a la Ley de Asistencia Social. |
| 1995 | Surge el Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS). |
| 2000 | El gobierno crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS) y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS) |
| 2005 | Desaparece la ORPIS y CODIS, surge una nueva Ley General de las Personas con Discapacidad que pone a la Secretaría de Salud como la responsable de los programas. |
| 2007 | México firma la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. |
| 2011 | Se publica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, nace el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) para hacer políticas y programas para el sector. Se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se eleva a rango constitucional el reconocimiento de que las personas con discapacidad gozarán de los derechos humanos previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el estado forma parte. |
| 2013 | La Secretaría de Desarrollo Social queda como responsable de la política para las personas con discapacidad con un enfoque en los derechos humanos. |
Elizabeth Ortiz.
Periodista multimedia y promotora de la alfabetización mediática en Jalisco.
*Esta cronología fue realizada con base en el Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, mayo 2016, de la Secretaría de Desarrollo Social.
1 El Coneval considera que son pobres las personas que no tienen suficientes ingresos para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos y tienen carencia en al menos uno de seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
Ya me gustaría verlos sin piernas y que salgan a trabajar, a ustedes ya me gustaría verlos ciegosy que salgan a trabajar, ya me gustaría verlos a ustedes sordos y que salgan a trabajar, ya me gustaría verlos a ustedes sin un brazo o son los dos me encantaría de verdad verlos que se van a trabajar que tienen que tomar transporte público subir escaleras bajar a qué distancia estará tu trabajo, cuántas horas estarías laborando, de lengua me como un taco y peor aún si tienes familia que dependen de ti, a pero como se roban los millones los políticos con sus megasueldos sus choferes ellos si pueden llevarse los dineros te lo dejo de tarea ?
¿Porqué no se empeñan el gobierno federal y los locales en crear una infraestructura para que los discapacitados puedan «vivir » dignamente en la ciudad?. Las calles, banquetas, edificios públicos y privados, escuelas,, hospitales, etc. no cuentan con rampas adecuadas, ni pavimentación para que las personas en silla de ruedas puedan circular con cierta comodidad. En los aviones no hay manera en que un discapacitado pueda usar el sanitarios; igual en cines y lugrares públicos. La atención de servidores públicos es lamentable, la discriminación, intolerancia y marginación es proverbial. No hay oportunidades de trabajo digno. Un profesionista discapacitado dificilmente gana lo mismo que uno que no lo es. El problema es más grave de lo que parece. Si el gpbierno quiere invertir en los discapacitados, que brinde oportunidades, infraestructura y promueva una cultura de atención humana a los discapacitados..
A favor de la consulta sobre la pensión a personas con discapacidad en México
La convocatoria del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para participar en una segunda consulta nacional a realizarse los días 24 y 25 de noviembre próximo, ha desatado polémica nuevamente, a diferencia de la primera donde solo hubo un tema a decidir, ahora se nos cuestionará sobre diez proyectos prioritarios de su gobierno, cinco sobre infraestructura y cinco sobre programas sociales, lo cual hace que la polémica sea mas abundante, pues cada uno de ellos tiene su grado de complejidad e interés para la ciudadanía.
Centrándonos en el octavo punto de la consulta, referente a pensionar a un millón de personas con alguna discapacidad: sobre el cual se ha detallado que se dará prioridad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (menores a 30años) que viven en zonas indígenas y de alta marginación urbana, agregando que se les canalizará para una atención médica especializada.
Esto ha generado un posicionamiento radical en contra de ese punto a consultar por parte de un colectivo de personas con discapacidad y algunas organizaciones civiles que lo acompañan, solicitando al convocante la supresión del mismo, en una carta donde señalan las deficiencias e inconsistencias jurídicas.
Ante dicha oposición, resulta pertinente alzar la voz por quienes estamos a favor de que se continúe con la consulta original, equilibrando la polémica bajo los siguientes argumentos.
Ignorados o en el Top Ten: La Discapacidad en la Agenda Nacional
Quienes trabajamos en la Incidencia en Políticas Publicas, sabemos lo difícil que resulta que algún funcionario de alto nivel y con capacidad de decisión, se ocupe de atender una petición ciudadana que no emane de su plan de trabajo; mas aún cuando se trata de asuntos que han sido históricamente olvidados, desatendidos o relegados en agendas secundarias de poca relevancia. Tal es el caso de las personas con discapacidad en cualquiera de sus ámbitos: Salud, educación, trabajo, deporte, etc, o como debiese ser una política integral en todos los ámbitos que, cuando han llegado a figurar, en el mejor de los casos han sido sólo en agendas secundarias, mediáticas a mediados o finales de un sexenio o una gestión de tres años.
El que un asunto referente a personas con discapacidad este incluido dentro de los 10 proyectos prioritarios del sexenio que esta por comenzar, debiese ser motivo de satisfacción, pues rompe con el histórico abandono e indiferencia antes mencionados. Recordemos también cuantas promesas de campaña hechas al sector de personas con discapacidad por presidentes de la república en funciones han quedado en el olvido, sin el mayor de los reclamos; el actual presidente Enrique Peña Nieto es un claro ejemplo.
El hecho de que un asunto (positivo) de coyuntura en materia de personas con discapacidad este siendo difundido para captar el interés publico nacional, debiese estar siendo ampliamente difundido para fomentar la toma de conciencia sobre discapacidad por parte de la población en general, pues hasta ahora, solo las campañas lastimeras de TELETON lo han conseguido.
Pensiones a Personas con Discapacidad ¿Un asunto exclusivo de ellas?
Que el tema de pensiones para personas con discapacidad este incluida dentro de un listado de diez proyectos y no en una consulta separada, es motivo de disgusto por sus detractores, argumentando que personas sin discapacidad opinarán sobre algo que, según ellos, les atañe únicamente a las personas con discapacidad. Esto tiene sus asegunes, en el sentido de que el ofrecer un apoyo económico a personas con discapacidad, parte de la premisa de que los beneficiarios son parte de un grupo claramente vulnerable, que batalla por satisfacer sus necesidades básicas para el sustento diario, por lo que costearse alguna necesidad especifica a su discapacidad como, prótesis, órtesis, auxiliar auditivo, tratamiento medico, equipamiento escolar especializado, manutención de un perro guía etc. resultan casi inalcanzables e insostenibles, pues muchas veces solo se llegan a obtener a través de programas gubernamentales de donación limitados, con las complicaciones que eso conlleva, sin considerar que son artículos que se deben estar renovando periódicamente.
El presidente electo es consiente de lo anterior, dado que su diagnostico sobre la situación del sector de PcD parte de su experiencia directa con la gente, al haber recorrido varias veces el territorio nacional incluyendo pequeñas comunidades donde la situación de las PcD es sin duda mas crítica; por lo que involucrar a la población en general para opinar sobre este tema, resulta bastante conveniente, dado que no se considera a la persona con discapacidad como un sujeto aislado, sino incluido; un miembro dentro de una familia en la que impacta significativamente para bien y para mal el factor “discapacidad”, por lo que es fácil entender que dicho programa tendrá muchos mas beneficiarios colaterales, lo cual nos debe llevar a una reflexión mas exhaustiva sobre lo que significa la inclusión de las personas con discapacidad.
Las formas de la consulta
Se ha manejado que por no garantizar aspectos mínimos de accesibilidad tanto en la información como en aspectos de logística de las mesas de consulta se esta incurriendo en actos de discriminación, invocando legislación en la materia e incluso amenazando que la consulta podría ser sujeta de amparo por no brindar los ajustes razonables que la población con discapacidad requiere para su plena participación.
Al respecto cabe mencionar que ante tales argumentos, debe considerarse el vacío legal que implica el que dichas consultas no sean considerados como un acto administrativo sujeto de amparo, pues técnicamente no se trata de una acción de un presidente en funciones, por no caer en un supuesto considerado en la normatividad en la materia, es mas, ni siquiera tiene un valor vinculante que obligue legalmente a acatar los resultados. Estamos ante un futuro presidente que esta rompiendo los esquemas tradicionales, que esta abriendo los canales para escuchar a la ciudadanía a travéz de las consultas y pasar de una democracia representativa a una participativa, donde los ciudadanos incidan en la definición de los asuntos públicos.
Yo haría un llamado a tomar dicha consulta como una acción de buena voluntad, que busca que el pueblo recupere algo de confianza en su gobierno, como un ejercicio democrático emergente que intenta incentivar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y que tanta falta nos hace, con inperfeccciones por corregir como las ya referidas, que debe irse perfeccionando con la participación de todos.
En mi experiencia como persona con discapacidad en la incidencia en políticas publicas en temas de personas con discapacidad, no identifico ninguna acción de gobierno que haya salido a la perfección a la primera, sino por el contrario, bajo el esquema de ensayo y error que se han ido dando algunos avances; aprendiendo y corrigiendo: Lo que si se debe cuidar es no dar pasos en falso, declarando supuestos avances con el afán de justificar malas experiencias, como lo sucedido con la supuesta consulta a personas con discapacidad en la elaboración de la nueva Constitución de la Ciudad de México, que lo único que consiguió fue menoscabar los estándares de lo que tiene que ser una verdadera consulta a personas con discapacidad, solapando y avalando errores ante la suprema corte de Justicia de la Nación sobre una pseudo-consulta que tuvo recursos suficientes para haber dejado un estándar bastante decoroso en este tema, desaprovechando los recursos y la experiencia acumulada por el Instituto Nacional Electoral INE en este tipo de ejercicios democráticos.
¿Cual es el fondo de la consulta?
Se ha cuestionado también que el punto sometido a consulta es incompatible con la perspectiva de derechos humanos, tachándola de ser una medida asistencialista, lo cual es una valoración radical para su descalificación ya que no reconoce que la asistencia social forma parte de la política social de cualquier país, incluso de los mas desarrollados, completamente válida para atender la problemática de sectores vulnerables; el colocar como un asunto prioritario el tema de dar o no una pensión a un millón de personas con discapacidad, es comenzar a reconocer la magnitud de la problemática de las personas con discapacidad, acumulada y exacerbada por el olvido de los gobiernos del México contemporáneo, la llamada deuda histórica hacia quienes vivimos con esa condición, que solo se reconoce en los discursos de los políticos y muy poco en sus acciones.
Por otro lado, cabe señalar que nunca se ha manejado la idea de que, con ese millón de personas se dará por cubierta la totalidad de la población con discapacidad, ni que esos 1247 pesos le resolverá la problemática inherente a la discapacidad de las personas. Se trata de una primera iniciativa por parte de la nueva administración que esta por comenzar, que deberá atender el tema con las instituciones encargadas para instrumentar una política integral, las cuales deberán asumir el compromiso con las personas con discapacidad como ya lo esta haciendo el Lic. López Obrador, quien se esta sensibilizando aún mas, se dice, por estar experimentando en su persona una discapacidad, que le limita su capacidad de caminar, a causa de un problema en una de sus rodillas.
Hay quienes se empeñan en calificar la medida como un simple programa de transferencia de dinero, no dudo que habrá personas que no requieran ese apoyo, incluso cuestionaría un poco a quienes se oponen a dicha medida, pues son, en muchos casos, personas privilegiadas, que el recibir un apoyo de 1247 pesos mensuales no les representara un cambio significativo en su día a día, no así para la población pobre con discapacidad.
El hacer del interés publico un tema como este, es reconocer y poner al descubierto parte de la terrible realidad en que se encuentra el sector de personas con discapacidad, esa realidad que se suele ocultar ante la mirada internacional como cuando nuestro país, en el 2014, fue examinado por el Comité de seguimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, para evaluar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país,
Por todo lo anterior, se debe replantear el interés de un nuevo gobierno que busca comenzar a saldar esa enorme deuda histórica, y valdría la pena señalar también que no se debe manejar desproporcionadas expectativas que nos lleven a pensar que en seis años se saldará dicha deuda, sino manejarse con la debida prudencia de que se esta partiendo de una nueva forma de hacer gobierno, que deberá aprovechar los recursos normativos, técnicos y financieros, con el principio rector de combatir la corrupción, tema coyuntural de la nueva administración, que poco ha permeado dentro de la agenda de las personas con discapacidad, pues muchos creen que es ajeno dentro de las instituciones encargadas de atender los asuntos de Las personas con discapacidad y que casi nadie les ha pedido cuentas, tales como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad -CONADIS- (que a mediados de la presente administración tuvo que ser destituido su titular Jesús Toledano por severas irregularidades), ente rector para la coordinación de la política pública federal en materia de personas con discapacidad, SNDIF, SEDESOL, SSA, SEP, SCT y tantas mas involucradas, que por cierto han perdido credibilidad por su ineficacia para atender la problemática de las personas con discapacidad desde varias administraciones atrás.
Por: Felix G Frías, activista con discapacidad-miembro de la Asamblea Consultiva del CONADIS