Hace diez años, México fue de los principales impulsores de los derechos de personas con discapacidad en la ONU. Sin embargo, en nuestro país sigue sin existir una regulación que le permita a este colectivo tomar decisiones frente a la ley. Mientras el aniversario de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad pasó desapercibido, algunos de nuestros códigos hablan de “locura” e “idiotismo”, y nuestros ciudadanos siguen sin poder firmar contratos, trabajar o casarse, entre otras decisiones cotidianas.