¿Cómo abordar los daños psíquicos producidos por las violencias de Estado? Este texto recupera de historia de los trabajadores de la salud mental durante las dictaduras argentina y chilena para comprender el alcance de estas violencias, algunas respuestas ante sus daños emocionales y algunas pistas para interrogar nuestro tiempo presente.
La década de los setenta marcó un hito en el Cono Sur. En Chile y Argentina, en particular, las dictaduras militares irrumpieron con dispositivos represivos novedosos, masivos, transversales y coordinados causando daños psíquicos y emocionales impensados. Detenciones arbitrarias y secuestros, torturas, violaciones y abusos sexuales a las mujeres, prisiones prolongadas, exilios, deportaciones y relegaciones se articularon estrechamente con las estrategias del robo de bebés y la desaparición forzada de personas que dejaron decenas de miles de ausencias.1
Ilustración: Fabricio Vanden Broeck
En Chile, el golpe militar emprendido por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 inauguró una de las dictaduras más sangrientas y prolongadas, cuyo fin no llegó sino hasta 1990 con la elección del presidente constitucional Patricio Aylwin. A las acciones de represión las acompañó una activa campaña psicológica gestada por el aparato militar para desactivar las solidaridades a través del miedo y el desaliento de la protesta social. Frente a ello, distintos actores de la sociedad civil chilena y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y a la denuncia pública de la represión, fueron diagramando espacios de resistencia que comenzaron por brindar orientación jurídica y atención psicosocial a las víctimas.2 Desde 1977, la Fundación Social de Ayuda a las Iglesias Cristianas (Fasic) de Chile puso en marcha un programa de atención médica y psicológica para los represaliados. En la década de los ochenta, el equipo de Fasic fue avanzando en su conocimiento sobre la sistematicidad de la represión política. Advirtieron que estaban ante una “emergencia social” pues la violencia vivida no se limitaba a una selección de opositores políticos, sino que respondía a una estructura de dominación sobre toda la sociedad. Así, la naturaleza política del daño que se estaba produciendo estaba a la vista de todos, lo que obligó a los médicos, psicólogos, psicoanalistas y otros trabajadores de la salud mental chilenos a revisar sus marcos tradicionales de acción terapéutica que, en este contexto, se mostraban poco exitosos en su capacidad de contener a las personas. Diez años después, estos conocimientos se sedimentaron en la creación del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (Ilas), en el cual se trabajó reflexivamente sobre los límites del “estrés postraumático” como diagnóstico, pues obstruía la dimensión de la situación política de origen de estos daños. En su lugar se recurrió al concepto de “traumatizaciones extremas” para referirse a aquellos daños generados por las violaciones a los derechos humanos, en los cuales la represión política exacerbada estaba acompañada por un bagaje ideológico de adoctrinamiento y silenciamiento.
En el caso de Argentina, la violencia orquestada por organizaciones paraestatales y de extrema derecha se articuló con una política estatal de eliminación de las guerrillas armadas que, desde 1975, inauguró el mecanismo de la desaparición de personas. Entre 1976 y 1983, con el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura se caracterizó por una amplia y transversal represión política que fue definida por abogados y militantes políticos en el exilio como la “doctrina del paralelismo global”;3 es decir, como la violencia ejercida por el Estado argentino que, recurriendo a las vías legales y clandestinas, distribuía el terror por todo el tejido social.
Esta doctrina, acompañada también por una rigurosa campaña psicológica para crear consensos internos, apuntaba a someter a la población a una vida incierta, en la que lo “legal” se mantuvo como la faceta legitimadora de las prácticas ocultas y avasalladoras de los derechos humanos. Esta idea fue fundante del concepto de “terrorismo de Estado”.4 El confuso juego entre lo legal y lo clandestino impactó profundamente la salud psíquica de las personas, pues instaló en ellas el miedo y la incertidumbre ante una violencia sin ley que adquiría múltiples caras, formatos y prácticas interconectadas. El mandato de silenciamiento sobre la desaparición de personas influyó en las formas que tomó el trabajo terapéutico. Así lo notaban las psicólogas de Madres de Plaza de Mayo:
Ante una pérdida cuyo carácter no está dado solamente por el hecho de tratarse de un ser querido muy próximo sino, y sobre todo, por la forma en que se producía: secuestro violento (…), desconocimiento sobre el paradero de la víctima, absoluta falta de información a partir de ese momento, casi certeza de un prolongado período de torturas, incertidumbre acerca de si vivía o había sido muerto, impunidad y anonimato de quienes ordenaban y ejecutaban el procedimiento, hemos observado que el acatamiento o el rechazo de la exigencia de silencio dependió en gran medida de la posibilidad de elaborar más o menos normalmente el duelo.5
El surgimiento de distintas organizaciones y programas que implementaron respuestas de atención clínica y psicosocial fue paulatino. En un principio, las respuestas de atención psicológica fueron individuales y los encuentros se realizaron en distintos sitios de la vida cotidiana (bares, plazas, calles, casas). Luego adquirieron un carácter colectivo en un doble sentido: a través del trabajo en grupos de orientación y a partir de la conformación de una red de trabajadores de salud mental conectados por la asistencia de estos daños.
En 1982 se creó en Buenos Aires el Movimiento Solidario de Salud Mental (MSSM), en el marco de la organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, que trabajó en la atención a las madres y otros familiares que buscaban a sus desaparecidos, y que denunció los efectos que producía el terrorismo de Estado como una forma de Estado de excepción y de dominación social. El MSSM se preocupó especialmente por el impacto del silenciamiento “como una forma de renegación social, la sospecha, la delación, el miedo y pánico paralizante, el quiebre de la solidaridad, perturbaciones de la identidad, censura y autocensura, supresión de toda forma de participación social, exacerbación de las enfermedades psicosociales”.6 En este sentido, el trabajo de restitución de la palabra fue muy valioso que, en el caso argentino tuvo la particularidad de producirse, por un lado, en relación a la importancia de narrar el horror de la experiencia vivida y de las ausencias sufridas a causa de la represión estatal y, por otro lado, con respecto a la posibilidad de hacer justicia, pues la palabra fue convocada en el marco de los juicios celebrados en 1985 y hasta que entraron en vigencia las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El rol de los afectados como testigos implicó (e implica actualmente) importantes tensiones subjetivas en la elaboración de las experiencias vividas y la construcción jurídica de una “verdad” sobre la desaparición.7
Tras la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, además del MSSM, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino formaron un equipo de salud mental para la atención de los exiliados que retornaban al país, especialmente de los niños que presentaban serios problemas emocionales ante su nueva realidad migratoria. Este programa fue fundamental en la comprensión del carácter reticular del terrorismo de Estado, pues los daños originados por las experiencias de retorno dejaron en evidencia que no existían hechos represivos “puros”, es decir, que los sufrimientos de las personas no sólo tenían que ver con el exilio o el retorno. En el trabajo diario se fue manifestando que quienes padecían por el regreso del exilio también habían vivido situaciones previas de prisión política: algunos habían sobrevivido a períodos de detención en centros clandestinos, otros habían padecido la tortura u otras situaciones represivas. Asimismo, el exilio aparecía como un hecho que afectaba a los familiares de desaparecidos en tanto muchos de ellos habían tenido que salir del país para evitar que la represión los alcanzara, mientras otros vivían la angustia de tener a hermanos, hijos o padres en el extranjero con miedo de regresar. El trabajo de encuadre dejaba al descubierto que las personas se habían visto afectadas por esa escalada represora en un sentido integral y que aun quienes no habían vivido en carne propia alguna situación de violencia sufrían por la ausencia de familiares, amigos, compañeros de militancia, o extrañando afectos en otros espacios cotidianos desarticulados por el terrorismo de Estado.8
Las experiencias del Cono Sur demuestran que los efectos psíquicos de la represión política no sólo obligaron a los trabajadores de la salud mental a revisar sus conceptualizaciones sobre el trabajo terapéutico y la naturaleza política del daño; también les permitió afirmar su posicionamiento ético y político frente a las víctimas de estas violencias. Por ejemplo, las psicólogas que acompañaron en sus primeras reuniones a las Madres de Plaza de Mayo subrayaron el papel que tuvieron éstas en la búsqueda de los hijos e hijas desaparecidas y cómo ello implicó subsumir las modalidades tradicionales del abordaje clínico a una práctica política activa; sujeta a la búsqueda de las personas, de la verdad y de la justicia. Del mismo modo, en los casos chilenos de la Fasic y eI Ilas se consensuó que la tarea de psicólogos, médicos y psicoanalistas no se limitaba al campo de la salud, sino que su accionar tenía implicancias ético políticas centrales, pues ubicaba a los profesionales del lado de las víctimas, en una práctica que favorecía los lazos de confianza y, por lo tanto, la elaboración de los sufrimientos desde una posición no neutral.9
Este breve recorrido por las respuestas que en Chile y en Argentina se fueron ensayando no pretende restringir los análisis sino abrir los interrogantes hacia otros casos del Cono Sur, lo mismo que hacia nuestra experiencia actual. En esa línea, podemos identificar algunos aspectos generales que se desprenden de este proceso regional y sobre los que vale la pena seguir indagando. En primer lugar, resulta central avanzar en la reconstrucción histórica de la represión política, pues aquello que hoy definimos como “terrorismo de Estado” tiene una marca de e historicidad. Debemos considerar que las violencias van surcando contextos, nutriéndose de dinámicas represivas específicas y que, por lo tanto, siempre son violencias situadas. En consecuencia, el uso de esta categoría puede iluminar algunas violencias, pero también podría ocultar otros aspectos vinculados a experiencias latinoamericanas distintas.10 Por ejemplo, en el caso de Uruguay que aquí no fue analizado podemos señalar el papel que tuvieron las prisiones prolongadas en el dispositivo represivo de la dictadura. Junto a ello existió un uso estratégico de rehenes y rehenas, al arbitrio del poder militar, que tenían el objetivo de aplacar la oposición política de las organizaciones armadas. La situación de encarcelamiento en condiciones agonizantes fue objeto de atención por parte de la comunidad “psi” internacional durante los años setenta y permitió que se trabajara desde distintas geografías para comprender las formas en las que se podían reparar los daños ocasionados por las torturas.
Por otro lado, de este recorrido también se desprende la necesidad de revisar ciertos divorcios analíticos que provocamos al organizar semánticamente los efectos de las violencias como si estas fuesen susceptibles de separarse en hechos puros. Por ello se vuelve imperativo reflexionar sobre una perspectiva integral de los efectos de la represión política que no separe el dolor de los familiares de los desaparecidos, de aquél que sienten y transitan muchos exiliados y/o presos políticos —por mencionar a los actores más renombrados. Esto es de suma actualidad para la experiencia mexicana contemporánea en donde la situación por la que están pasando los familiares de desaparecidos se vincula con otras violencias quizás menos visibles: los amedrentamientos, los desplazamientos internos, los exilios, los secuestros extorsivos, los femicidios, entre otros.
Por último, destacamos la necesidad de recuperar en estas historias de la represión el lugar que tuvieron (y tienen) los trabajadores de la salud mental que acompañaron con una actitud creativa el trabajo de elaboración y duelo de centenares de personas, familias, niños y grupos de afectados. En general, estas historias difuminan la represión de la que ellos mismos fueron objeto por parte de los gobiernos autoritarios. En ese sentido, la pregunta por sus trayectorias de vida, por sus posicionamientos ante las violaciones a los derechos humanos, por sus padecimientos y resistencias, está abierta para seguir siendo explorada.
Soledad Lastra
Doctora en Historia e Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Dirige el proyecto “Historia de las redes de asistencia psicosocial a los retornados del exilio en Argentina (1982-1990)”, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT – 2017-226. Res 310/18). Correo electrónico: lastra.soledad@gmail.com.
Presentamos este texto en el marco del Seminario Permanente de Historia y Antropología de la Salud Mental (UNAM), en el que se realizará el encuentro “Exilios y Redes de Salud Mental en México y el Cono Sur”, coordinado por el Dr. Andrés Ríos Molina (UNAM) con la participación de la Dra. Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/ CONICET), y la Maestra Malena Alfonso (UNAM), el Maestro Martín Manzanares (UIA) y el Dr. Felipe Magaldi (UNC-CONICET). La intención es analizar las trayectorias de los trabajadores de la salud mental exiliados en México, Brasil y sus tensiones en torno a la asistencia a los represaliados políticos. Intervendrán como comentaristas invitadas la Dra. Eugenia Allier Montaño (ISS-UNAM), la Dra. Liliana Martínez Pérez (FLACSO, México) y la Dra. Leticia Calderón Chelius (Instituto Mora).
La actividad se realizará el día martes 25 de febrero, de 10 a 14hs en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas (UNAM). Se transmitirá por Facebook Live a través de la página del seminario.
1 Solamente en Argentina se han contado hasta 30 mil.
2 Entre ellas podemos destacar a la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena por los Derechos Humanos y FASIC, sobre la que nos detendremos en esta oportunidad.
3 “El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política. La doctrina del paralelismo global”, Trabajo presentado por el CELS en el Coloquio sobre Desaparición Forzada, 31 de enero de 1981.
4 Posteriormente, el concepto “terrorismo de Estado”, fue definido por el abogado Eduardo Luis Duhalde en su exilio en Madrid y utilizado en la década de los ochenta para la denuncia de los organismos de derechos humanos por verdad y justicia. Cfr. Eduardo Luis Duhalde, El Estado terrorista argentino, Ediciones Colihue, Ciudad de Buenos Aires, 1983 (última edición de 2013).
5 Diana Kordon, Lucila Edelman, “Observaciones sobre los efectos psicopatológicos del silenciamiento social respecto de la existencia de desaparecidos”, en Efectos psicológicos de la represión política, Editorial Sudamericana-Planeta, Ciudad de Buenos Aires, 1986, p. 27.
6 Juan Jorge Fariña, Rosa Maciel, Victoria Martínez, Carlos Samojedny, Adriana Taboada, Carlos Villamayor. “Efectos psicosciales del Terrorismo de Estado”, Ponencia presentada en V Congreso de FEDEFAM, del 12 al 19 de noviembre de 1984, Ciudad de Buenos Aires.
7 Sobre la compleja construcción del sobreviviente como testigo en los juicios, se recomienda consultar el trabajo de Mariana Wikinski “El trabajo del testigo. Testimonio y experiencia traumática”, Ediciones La Cebra, Ciudad de Buenos Aires, 2016.
8 Soledad Lastra, “‘Dejar de ser síntoma con el silencio’. La inscripción del exilio-retorno en el campo de la salud mental en la posdictadura argentina (1983-1986)”, Revista Tempo, Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, vol. 25, núm. 2, (mayo-agosto 2019), ISSN: 1980-542X.
9 Elizabeth Lira, “Violaciones a los derechos humanos y psicoterapia”, en ILAS, Reparación, Derechos Humanos y Salud Mental, Santiago de Chile, 1996, pp. 107-122.
10 Para los interesados en estos temas, recomiendo los trabajos producidos en el marco de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER).