La pandemia del COVID-19 ha confirmado que los estados siguen sin contar con estrategias incluyentes para atender a las personas con discapacidad cuando hay situaciones de riesgo. En México, esta situación ha sido atajada sólo gracias a la intermediación de colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
En el 2015, distintos expertos advirtieron que el huracán Patricia sería una de las peores catástrofes de la historia meteorológica en México y el mundo. El gobierno de Jalisco emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la inminencia del impacto destructivo que tendría el huracán. Jalisco era el epicentro del desastre y, mientras Patricia se aproximaba, los reporteros buscábamos cómo contar esta historia.
En esa ocasión viajé a Puerto Vallarta para relatar lo que veía en los albergues a los que trasladaron a aquellas personas que se alojaban en los hoteles del puerto. En la redacción sugerí una cobertura desde estos espacios, y no desde la ruta oficial que ofrecía el equipo de comunicación social del gobierno estatal, para así encontrar aquellas historias que evidencian las inconsistencias, las improvisaciones y hasta las ocurrencias institucionales que a veces surgen en el proceso de atender una emergencia.
Cubría la contingencia con notas sobre el temor, la desorganización en la información para encontrar albergues; y a la vez, buscaba las historias de discapacidad. Éstas fueron las más reveladoras porque permitieron confirmar cómo ni el Estado, ni la sociedad toman en cuenta a una población que debería contar con apoyos en momentos de crisis.
Suelo insistir en que no basta con saber usar el término correcto para hablar de las personas con discapacidad. Como lo he explicado en este mismo espacio, cambiar el lenguaje no es el único paso que hay que transformar para hacer coberturas incluyentes. Es necesario convertir al porcentaje en historias. El recuerdo del huracán Patricia me permite hablar justamente de esas historias relegadas. Encuentro una serie de paralelismos de ese entonces con la pandemia del COVID-19: los mensajes y acciones para atender a la población con discapacidad llegan tarde o hay veces que nunca llegan.
Esa vez, el plan de emergencia por el huracán incluía a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Policía Federal para resguardar a las personas. Más de 10 mil turistas salían de sus planes “todo pagado” para acabar en escuelas y auditorios. El gobierno estatal daba la orden de permanecer en casa. Los comerciantes aseguraban con madera y cinta adhesiva los ingresos de sus negocios.Las personas buscaron refugio y el malecón de Puerto Vallarta quedó vacío.
Ilustración: Víctor Solís
Sin embargo, los mensajes que advertían de la gravedad del huracán no eran incluyentes: los anuncios oficiales no se hacían en Lengua de Señas Mexicana y, los mensajes de perifoneo no consideraban si había población con discapacidad auditiva. En el albergue conocí a un usuario de perro guía que estaba con su esposa, ambos de Estados Unidos, esperaban la información pacientemente y cuando llegaba la comida, no se acercaban sino hasta que se terminara el tumulto. Ningún funcionario de gobierno dio indicaciones de priorizar a los adultos mayores y a la población con discapacidad. La regla al interior del albergue era el “sálvese quien pueda”
Recuerdo ver a personas que acaparaban todo lo que llegaba, aun cuando el personal del albergue les anunciaba que llegaría más comida. Intenté ver, retratar sin juzgar, y comunicar las escenas sin ponerles adjetivos, pero en esa experiencia aprendí que el ser humano, en medio del temor, coloca su sobrevivencia por encima de la colectividad y sin importar a las personas que enfrentan claras desventajas en esta lucha.
Pasaron los años, y el escenario actual me confirma que eso no ha cambiado. Desde el principio de la pandemia de COVID-19 el gobierno mexicano ignoró a la población con discapacidad. Y de no ser por la sociedad civil, que ha sido indispensable para exigir y demandar inclusión en los mensajes y en la atención de esta población, a más de tres meses, este colectivo seguiría relegado.
Entre las acciones impulsadas por la sociedad civil está el caso del amparo que ganó la Coalición de Personas Sordas de la Ciudad de México. A partir de su incidencia, este colectivo logró que las ruedas de prensa del subsecretario Hugo López Gatell fueran accesibles e incluyeran traducción a Lengua de Señas Mexicana, desde el 17 de marzo y hasta la fecha.
Lo que resulta obvio: poner intérpretes en mensajes nacionales y sobre todo en un situación de urgencia como la actual, no lo fue para la autoridad, acostumbrada a dar mensajes de forma generalizada, sin ubicar que la variedad y diferentes requerimientos de la población mexicana.
En la rueda de prensa del 30 de abril, en la que niños y niñas preguntaron sus dudas sobre el COVID-19, un niño sordo llamado Alexis cuestionó después de presentarse con su seña: “Yo le quiero preguntar [al doctor López Gatell] si algún niño por casualidad llega a contagiarse de COVID-19 ¿cómo se lo llevan?, ¿se lo llevan a un hospital?, ¿ahí puede estar con su papá y su mamá?, ¿o qué pasa con él?”. El funcionario respondió entre otras cosas que “la atención médica y de cualquier otra debe ser la misma para ti y para cualquier otra niña y niño en este país y en el mundo”. Sin datos puntuales y con generalidades atendió la duda del niño, algo que fue cuestionado por diferentes activistas.
Que el Estado no cuente con medidas dirigidas a la población con discapacidad también quedó en evidencia en el amparo presentado el 24 de abril contra el Consejo de Salubridad por parte de la organización Documenta A. C. a propósito de la alta vulnerabilidad de contagio que enfrentan los pacientes internados en hospitales psiquiátricos del país. El juez ordenó al gobierno proteger los derechos a la vida, salud, trato digno, a la comunicación y a la igualdad y no discriminación de las personas internadas en los 39 psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, Documenta ha solicitado información a cada uno de estos hospitales sin obtener resultados que permitan conocer exactamente la situación que enfrentan los internos, y en la mayoría de los casos han recibido respuestas insuficientes.
Por su parte, la organización Yo También A. C. ha sido uno de los colectivos más ocupados en exigir y presionar para que las personas con discapacidad tengan atención focalizada. Han señalado la importancia de saber qué centros de salud cuentan con la accesibilidad para atender a esta población, así como evaluar, junto a Dis-capacidad.com, si el sitio web del gobierno federal con información del COVID-19 es verdaderamente accesible.
Que la comunidad de personas con discapacidad deba recurrir a los amparos para que se les garantice su derecho a la comunicación en un momento de emergencia deja en evidencia que el gobierno federal mexicano, como muchos otros, no tiene claro cómo informar de manera incluyente. Esto confirma, una vez más, que este colectivo es invisibilizado a manos de los propios gobiernos.
Durante el Huracán Patricia, el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, salía a las calles con un megáfono para invitar a las personas a resguardarse. Entonces, no lo acompañaron intérpretes y el transporte que el gobierno usaba para el traslado a los albergues no era accesible. En estos sitios cada persona tomaba su lugar conforme llegaba, sin darle prioridad a los adultos mayores que usaban silla de ruedas o bastones.
Las campañas para sobrellevar el huracán arrancaron con un tono general y conforme avanzó el tiempo, y empezaron los reclamos de la sociedad civil, el gobierno añadió spots focalizados como el dirigido a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Lo mismo ha pasado con la pandemia de COVID-19.
El 28 de febrero se confirmó el primer caso en México y el 23 de abril vino la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. Desde ese momento la cuenta de Twitter del Consejo Nacional para la Atención e Inclusión con discapacidad circula algunos consejos que, sin embargo, no tienen impacto. Menos de 10 retuits confirman que cuando una comunicación no llega oportunamente será difícil que sea replicada. Seguramente esto se deba a que el ConadisS lleva siendo un instituto abandonado desde el principio de la administración.
Las campañas con tono generalista que no asumen las diversidades también son una prueba de lo complejo que es transitar al enfoque de derechos que necesitamos para incluir a las personas con discapacidad en la sociedad según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Incluso en escenarios de “normalidad” es habitual que las personas con discapacidad sean invisibilizadas, que los Estados generalicen y que en caso de nombrarles, lo hagan a partir de esquemas asistencialistas y desde la noción de la rehabilitación. Pocas veces se les ve como ciudadanos más allá de procesos en los que sean sujetos de asistencia como ocurre con la entrega de pensiones del gobierno.
Y si bien los procesos de inclusión no se logran por decreto, sino que son procesos largos y paulatinos —desesperantes, hay que confesarlo—, es importante detenerse a contar qué es lo que impide exactamente la inclusión. Y para eso sirve el periodismo.
Incluir para evitar daños peores
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido el único en reproducir acciones que estorban a la inclusión en medio de la pandemia. En toda la región hay errores, como lo confirmó la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que diseñaron una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos humanos ante el COVID-19 en la Américas.
“Empezamos a ver que el los Estados miembros de la OEA estaban respondiendo ante la emergencia de diferente manera […], pero ninguna inclusiva de los grupos en situación de vulneración, incluso algunos sin enfoque de derechos humanos. Muchos derechos humanos están siendo vulnerados en esta situación, empezamos a ver las necesidades de orientar a los Estados para que den respuestas políticas incluyentes e interseccionales ante la emergencia”, explicó la especialista en Discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Pamela Molina, mujer chilena con discapacidad auditiva.
Mujer, adulto mayor, persona con discapacidad, persona afrodescendiente, pueblos indígenas, niños y niñas, migrantes, refugiados y desplazados son los colectivos que deben ser tomados con particular la atención durante la pandemia, pero sobre todo en lo que viene tras esta contingencia. De no sumarse una respuesta incluyente e interseccional estos grupos corren los mayores riesgos a ser afectados por las secuelas de la pandemia del COVID-19.
La experta de la OEA enfatiza que también debe darse una mirada transversal, es decir, aquella que incluya a las poblaciones en situación de vulneración en las políticas públicas que son para todas las personas, sea salud salud, educación, trabajo y protección social, entre otras áreas. De no impulsarse una mirada transversal, la discriminación podría agudizar la desigualdad y las condiciones de pobreza en la que ya viven estos grupos.
Sobre este mismo punto, la Organización de las Naciones Unidas envió un mensaje advirtiendo que ”las personas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en términos de víctimas mortales”. Actualmente la pandemia afecta a 100 millones de personas con discapacidad y “está intensificando estas desigualdades y creando nuevas amenazas”. Los pronósticos para América Latina y México son de graves retrocesos en la economía. Si ya de por sí la población con discapacidad era una de las más pobres, habrá que ver los impactos que esta crisis tenga en el colectivo.
Por lo pronto, la pandemia confirmó una vez más que queda mucho por hacer en la incorporación del paradigma de derechos humanos. La inclusión debe llegar sin que los tribunales la demanden a partir de amparos.
Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacidad. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.