Un grupo de organizaciones e individuos preocupados por los derechos humanos publicó un comunicado para detener la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Aquí los problemas que presentan ambas iniciativas.

Nadie negará que aquel que manifiesta niveles de angustia insoportables, que se siente incómodo e incomprendido por vivir experiencias inusuales, o que está poniendo en riesgo su salud con el consumo problemático de sustancias, ha de obtener ayuda si así lo desea. Coincidimos también en que Estado tiene la obligación de garantizar los servicios que provean de esta ayuda y vigilar a los terceros que colaboren. Pero cómo, cuándo y en dónde acceder a los esquemas de asistencia para la salud mental y el consumo de sustancias –además de las formas que tengan los mismos– es un tema que sí está a discusión. En la Cámara de Diputados parecen seguir creyendo en medidas coercitivas y en modelos de atención patologizantes que llevan siendo problematizados durante décadas.

Leticia Amparano Gámez, del PAN, propuso hace casi un año una iniciativa de Ley Nacional para la Salud Mental en donde se habla de la importancia del derecho a la salud mental para todos, se reconoce la disparidad que existe entre las necesidades y los servicios en nuestro país y la tara que representa el estigma para lograr atender estos temas amplia y correctamente. También habla de la necesidad de una “atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva”, de crear un Consejo Nacional de Salud Mental, avanzar hacia la desinstitucionalización, ubicar “los grupos en situación vulnerable como los niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, indígenas y personas en situación de pobreza”, entre otras cosas que suenan sensatas.

Sin embargo, la ley propuesta en abril de 2017 tenía varios problemas. El primero, que una ley nacional para atender a la salud mental de toda la población se centraba en las personas con “trastornos mentales y adicciones”, señalando y estigmatizando a un grupo en particular. Después, y obviamente, el describir a las personas con diagnósticos psiquiátricos, con discapacidad psicosocial o con un consumo problemático de sustancias, como “personas con trastornos” o “mentalmente enfermos”. En ese mismo sentido, la ley propuesta favorecía el paradigma médico, el tratamiento a base de psicofármacos, además de permitir el ingreso involuntario u obligatorio a unidades de internamiento, para los cuales dice explícitamente que “no será necesario el consentimiento informado” de la persona en cuestión. Todo ello es una afrenta a lo estipulado en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD) que la ley cita en un principio, así como a las recomendaciones que la Convención le hizo específicamente a México en 2014.

En respuesta, la organización Human Right’s Watch le dirigió una carta a la presidencia de la Comisión de Salud Mental y Drogas en octubre, en la que señalaba algunas de estas cuestiones. Además, llamaba la atención sobre el riesgo de “medicalizar a las familias y los ambientes escolares, así como desencadenar inspecciones de las personas que puedan tener estilos de vida poco ortodoxos que podrían considerarse señales de ‘trastornos mentales’” con estas políticas. La organización sugería que se desarrollaran una serie de consultas con organizaciones de personas con discapacidad y expertos en los derechos de las mismas para evitar los abusos que la ley sugería. 

Para entonces, la iniciativa parecía ya haber mutado en dos distintas: una para salud mental y otra concentrada en el uso de drogas. A pesar de los cambios de enfoque que son evidentes en cada una de ellas, a los ojos de la sociedad civil y de organizaciones expertas en estos temas, siguen sin ser suficientes como para considerar que nos llevarán por un mejor camino. Ayer, una serie de organizaciones publicaron un comunicado que se opone a ambas iniciativas. Como se puede leer aquí, éste reúne más de cincuenta firmas, entre organizaciones e individuos que tienen conocimiento de causa sobre los derechos de las personas con discapacidad y con respecto al uso problemático de sustancias.

En la conferencia de prensa para presentar este comunicado, Víctor Lizama, miembro de Documenta A.C. y que se describe a sí mismo como una persona con discapacidad psicosocial, dijo que la ley de salud mental, incluso en su segunda versión, mantiene a los pacientes en una situación total de incertidumbre y no problematiza el paradigma que permite un “sistema que castiga y vulnera a las personas con discapacidad psicosocial”, que de por sí son un colectivo que suele ser maltratado en nuestra sociedad.  

En su nueva versión, la Ley de Salud Mental sigue enfocada sólo en el las personas con “trastornos mentales”, los sigue nombrando así y aún considera el internamiento involuntario. La diferencia está en que se basa en el Modelo Nacional Miguel Hidalgo de Atención a la Salud Mental, que se supone que es una alternativa a la hospitalización en tanto promueve que los servicios se den más bien a través de Centros Integrales de Salud Mental y Villas de Transición Hospitalaria. Pero como explica Diana Sheinbaum, también de Documenta: a pesar de que de este modelo haya sido implementado en la ciudad, no se tienen datos de cómo ha funcionado. Por otro lado, “las villas son instituciones más pequeñas, pero instituciones al fin, que se prestan a abusos. Y la ley no crea instancias de monitoreo o salvaguarda”.

Es el mismo caso para la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones. Ésta reconoce la ineficiencia del enfoque criminalizador  y dice que “aún estamos lejos de un auténtico sistema de salud contra la adicción”. Sin embargo, para atender el problema propone inducir a los consumidores a tratamientos sin diagnóstico previo y bajo un sistema que considera que puede privarlos de sus derechos, lo cual a su vez, “inhibe la búsqueda de ayuda”, como señaló Víctor Gutiérrez de México Unido contra la Delincuencia. Este es un problema que ya existe hoy, pues los centros para el tratamiento de uso problemático de sustancias se prestan a los más diversos abusos (a modo de ilustración, esta crónica sobre un “Anexo”). Finalmente, en la ley expuesta también se prioriza el uso de tratamientos farmacológicos.

El problema con todo esto es, pues, que se sigue entendiendo a los consumidores como presas de patologías y no considerando los matices de cada persona, como explica Zara Snapp, consultora en temas de política de drogas. Ella considera que “lo mejor que puede hacer el Estado es acercarnos la información, estrategias de reducción y mitigación de daños y no decir que todo consumo esta ligado al tema de salud mental”. Añade que esta ley no es un caso aislado: “Vemos una tendencia de ligar todo consumo con abuso en otras iniciativas, como la expansión de las cortes de drogas (antes Tribunales de Tratamiento de Adicciones y ahora con el nombre Programa de Justicia Terapéutica)”.

Por todas estas razones, el colectivo de organizaciones e individuos abajo-firmantes está seguro de que implementar estas leyes impedirá “la creación de un modelo adecuado y con enfoque de derechos humanos acorde con los estándares internacionales”. En el caso de los derechos de las personas con discapacidad, éstos fueron ratificados hace ya una década y los avances son contados. (Acá un reportaje sobre algunas de las prácticas de los políticos para atender las necesidades de este colectivo).

El trabajo relacionado con los derechos de las PcD y las experiencias en otros lugares nos han dado los suficientes insumos para saber que estos temas pueden y deben atenderse desde ópticas más respetuosas. Eso sí: para asumirlas, el cambio ha de ser de paradigma. Como dice la carta de HRW mencionada más arriba: “México necesita superar el enfoque paternalista hacia la salud mental y construir alternativas que enfaticen el derecho de las personas a elegir y gobernar sus propias vidas como un elemento central”.

 

Ana Sofía Rodríguez
Editora de nexos en línea.