En el contexto de la reciente masacre en un anexo de Irapuato y la discusión sobre la Ley General de Salud Mental que promueve el internamiento involuntario, este texto reflexiona sobre los tratamientos disponibles en México para los usuarios de drogas y las graves violaciones a los derechos que usualmente traen consigo.
En contraste con la opinión del presidente en México, sí hay masacres.1 Una de las más recientes sucedió el 1 de julio en Irapuato, Guanajuato, donde 27 personas fueron asesinadas en un anexo para rehabilitación por consumo de drogas. Pero el conteo no termina ahí, pues, en los últimos siete meses, sólo en Irapuato, al menos otras 15 personas han sido asesinadas en condiciones y espacios similares.2
Sin embargo, a juzgar por la falta de respuesta del Estado y la ausencia de políticas públicas de prevención, parecería que estas muertes indignan menos que el resto. Sirva este texto para contextualizar una consecuencia más de las políticas de drogas basadas en estigma, criminalización y punitivismo.
Ilustración: Patricio Betteo
Falta de políticas públicas
De acuerdo con el Informe sobre la situación del consumo de drogas en México y su atención integral 2019 y en concordancia con la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones (NOM-028), hay dos modalidades principales para tratar el consumo de drogas: la ambulatoria y la residencial. La atención residencial se articula mediante 11 unidades de hospitalización de Centros de Integración Juvenil, 45 unidades residenciales públicas y al menos 2,108 establecimientos residenciales privados para atender adicciones.3 Sin embargo, sólo 1,045 (49.5%) de los establecimientos privados están registrados y, de los registrados, sólo 348 (33.3%) han sido evaluados para determinar si ofrecen servicios con apego a la NOM-028.4
Esta información tiene tres implicaciones principales: en primer lugar, las personas que usan drogas y quieren acceder a tratamiento no disponen de alternativas basadas en la comunidad ni en la reducción de riesgos y daños. Únicamente, tienen acceso (y muy escaso) a modelos basados en la abstinencia como el fin último. Éstos consideran el uso de drogas como un problema personal que debe ser solucionado desde una aproximación que en el mejor de los casos es médica y psicológica, pero que suele ofrecerse a través de centros de tratamiento que van desde lo más precario y “casero”, hasta centros de detención arbitraria.
La segunda implicación es que la mayor parte de la oferta de tratamiento no es pública, sino privada. Esto iene implicaciones en cuanto a la posibilidad de pagar por el tratamiento y respecto de la diferencia de trato y servicios que reciben los usuarios en función de sus posibilidades económicas o las de sus familias.
La tercera implicación —cuyas características y consecuencias se reportan en las siguientes líneas— es que la gran mayoría de personas de escasos recursos es atendida de manera ambulatoria o residencial en centros no profesionales ubicados en un punto ciego de legalidad, pues son centros que no están dados de alta ni son monitoreados por la autoridad encargada: la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). Esos centros, comúnmente llamados anexos, son muy diversos entre sí, sin embargo, en este artículo nos enfocamos en destacar las violaciones a derechos humanos que ocurren en algunos de ellos, aunque sin intención de generalizar. Si bien aquellos que operan en la ilegalidad son más propensos a perpetrar estos abusos, también cabe precisar que éstos pueden acontecer también en espacios registrados y reconocidos por la Conadic.
Malos tratos y desigualdad
Los malos tratos al interior de los centros de tratamiento por uso problemático de drogas han sido documentados tanto por organizaciones de la sociedad civil, como por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Hay pruebas de que, desde el internamiento hasta el egreso (cuando y si es que egresan), las personas internadas están sujetas a tratamientos que no suelen basarse en evidencia científica ni médica. También se han documentado secuestros, tortura, alojamientos hacinados, alimentos en mal estado, escasez o ausencia de medicamentos necesarios, condiciones antihigiénicas de internamiento y humillación pública.5 Para las mujeres internadas en estos establecimientos hay que sumar la violencia sexual y el estigma social que implica ser mujeres y consumir o haber consumido drogas.
En una investigación reciente de Equis Justicia para las Mujeres sobre experiencias de mujeres privadas de la libertad en algunos centros de tratamiento, documentamos que las mujeres entrevistadas fueron sometidas, entre otros tratos crueles, a golpes y agresiones sexuales incluso por personas a cargo en los establecimientos.6 Además, las mujeres y adolescentes reportaron que, en los centros donde se encontraban, el tratamiento era forzoso e indefinido, lo que equivale a una detención arbitraria y privación ilegal de la libertad.
Por lo general, las personas son internadas por su familia, quienes piden apoyo a algún anexo para que reciban, o bien, recojan en su casa a la persona que usa drogas. Algunas de las mujeres entrevistadas reportan haber sido levantadas a golpes e insultos de sus camas, subidas a la fuerza en camionetas y llevadas al anexo, donde fueron obligadas a quedarse por el tiempo que su familia acordara con los dueños de los centros. Generalmente, por un periodo mínimo de tres meses. La descripción del internamiento involuntario bien podría ser equivalente a un secuestro con autorización familiar. Las familias se comprometen a dejar a la persona internada hasta que termine el tratamiento y a pagar una cantidad semanal. Como lo comenta la directora de un centro, si la persona internada quiere salir antes o si la familia lo solicita, ella, por lo general, no lo permite “a menos de que la policía venga por ellos”. El tratamiento, por lo tanto, no sólo es involuntario, sino indefinido y decidido por otras personas, no por quien usa sustancias. De ninguna manera se pretende culpabilizar a las familias, ya que éstas buscan una solución para una situación problemática, pero ante la falta de atención pública, profesional y gratuita, lo que queda es la privación ilegal, indefinida y con pago semanal en centros donde ocurren situaciones irregulares y abusivas.
Otras características mencionadas por las mujeres entrevistadas incluyen: por un lado, el carácter principalmente religioso de los centros, y el hecho de que están basados en el modelo de ayuda mutua, mas no profesional. Es decir, los dueños son personas que también usaron drogas, que estuvieron internadas y que, a menudo, sufrieron los mismos abusos que imponen a las personas que se encuentran ahí dentro. Por otro lado, la deshabituación del uso de drogas suele tener como objetivo la abstinencia, y las recaídas —que forman parte del proceso— son castigadas.7 En uno de los centros, mientras que en algunos casos los hombres internados pueden salir a realizar servicios, tales como trabajar gratuitamente en panaderías, tiendas de frutas y verduras, pedir dinero en la calle y otras actividades; en el caso de las mujeres, a ellas no se les permite salir. Conocimos el caso de una joven de 22 años que estuvo un año sin salir a la calle, internada en un centro hacinado, sin patio ni ventilación. Las mujeres que habían tenido varios internamientos reportaron violaciones sexuales, castigos corporales y psicológicos.
En un centro en particular, las mujeres y niñas reportaron “disciplinas” —castigos—, tales como limpiar las paredes con un cepillo de dientes durante la noche o dormir con cobijas mojadas. Durante todo el tiempo que duraron las entrevistas, prevalecía un clima de miedo y temor a represalias, situación que no se presentó en los otros centros. Varias de las adolescentes habían sido cooptadas desde niñas por grupos del crimen organizado y habían sido convertidas en “sicarias”. El centro representaba para ellas un lugar para preservar sus vidas, pero también tenían temor de ser víctimas de ataques parecidos al de Irapuato.
En muchos centros, el tratamiento está basado en cuatro premisas: ver —y tratar— a las personas que usan drogas como un fracaso moral, la religión como forma de tratamiento, la abstinencia como meta y, frecuentemente, los malos tratos. Las premisas anteriores únicamente abonan al estigma, a la criminalización del uso de drogas y a la reproducción de discursos —sociales y políticos— sin perspectiva de derechos humanos que, erróneamente, justifican o minimizan masacres como la(s) de Irapuato. En México, no sólo no hay acceso a tratamiento por uso de drogas que sea público, de calidad, con enfoque en reducción de riesgos y daños y que respete los derechos humanos, sino que, simultáneamente, esta ausencia es satisfecha por establecimientos que violan los derechos humanos y la dignidad de las personas. La disyuntiva para las personas que usan drogas y para sus familias no es menor: internamiento en centros de tratamiento semilegales —si no es que clandestinos— o ningún tratamiento, debido a la falta de oferta de servicios públicos.
Para cambiar de rumbo
Es necesario señalar que la oferta de servicios privados residenciales de tratamiento responde, en gran medida, a la demanda de soluciones eficaces, mismas que, muy difícilmente, pueden encontrase en el sistema público de salud. Esto es relevante porque si el combate al narcotráfico ha sido un tema “prioritario” desde 2007, tendría sentido que, desde un enfoque integral de políticas de drogas, la prevención y atención del uso problemático de sustancias también lo fueran. Sin embargo, los problemas relacionados con drogas en México han sido atendidos, en gran medida, desde una visión de seguridad pública —militarizada y poco estratégica— que criminaliza el uso de sustancias, estigmatiza a las personas consumidoras y deja de lado —en manos equivocadas— el enfoque de salud pública.
Las respuestas al uso problemático de drogas no están en prohibir, criminalizar o estigmatizar el consumo, sino en contar con suficientes políticas públicas integrales de prevención y atención que respeten los derechos de las personas consumidoras. La responsabilidad por las muertes de las personas que han sido asesinadas en anexos y establecimientos residenciales similares es compartida entre los agresores y las omisiones del Estado. Para contribuir a cambiar la manera en la que se atienden los problemas relacionados con drogas en México es necesario, al menos, hacer lo siguiente:
• Evitar la persecución, de hecho y de derecho, de las personas que usan drogas;
• Legislar la regulación legal de la cannabis con un enfoque de justicia social;
• Evitar discursos que estigmatizan a las personas que usan drogas;
• Ampliar la oferta de tratamientos basados en evidencia científica;
• Incorporar reducción de riesgos y daños, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en las políticas de drogas;
• Liberar de centros de tratamiento a las personas que están internadas en contra de su voluntad;
• Cerrar los centros que operan de manera ilegal; y
• Monitorear los centros de tratamiento, así como garantizar continua capacitación de aquellas personas que tienen el perfil y las capacidades profesionales para atender a las personas que usan drogas, siempre con apego a derechos humanos.
Finalmente, vale la pena recordar que incluso en un país como México, en el que los homicidios son muchos, ninguna muerte violenta debería parecernos esperable ni, mucho menos, merecida. Ninguna muerte violenta debería indignarnos menos que el resto.
Corina Giacomello
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y colaboradora de Equis: Justicia para las Mujeres.
Mariana López
Licenciada en derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Oficial de proyecto en el área de políticas públicas de Equis: Justicia para las Mujeres.
1 El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el 14 de julio de 2020 en conferencia matutina que, en México, no hay tortura ni masacres.
2 Fechas de otros atentados similares en Irapuato en siete meses: en 2020, 6 de junio, 26 de febrero y 8 de febrero. En 2019, 4 de diciembre.
3 “Informe sobre la situación del consumo de drogas en México y su atención integral 2019”, Secretaría de Salud y Comisión Nacional contra las Adicciones, Gobierno de México, 2019.
4 Idem.
5 “Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe”, Open Society Foundations, 2016.
6 , “Mujeres que usan drogas y privación de la libertad en México”, Equis Justicia para las Mujeres, 2020.
7 De acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse) de los Estados Unidos “la dependencia es una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y el uso de drogas compulsivos, o difíciles de controlar, pese a las consecuencias dañinas. […] La adicción es considerada una enfermedad “con recaídas” […]”. Información disponible en “Understanding Drug Use and Addiction DrugFacts”, National Institute on Drug Abuse.