México no cumple con los compromisos que ha asumido frente a las personas con discapacidad. Pese a los llamados a cerrar las instituciones residenciales, éstas no sólo se mantienen sino que actúan con total impunidad. La segregación y abuso son la cotidianidad, demuestra Disability Rights International.
El informe Crímenes de lesa humanidad: Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones Mexicanas para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad, de Disability Rights International, es resultado de visitas a un total de 55 instituciones residenciales públicas y privadas del país. A lo largo de cinco años de investigación, la organización encontró a más de 4 mil niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad detenidos, que viven segregados y sujetos a todo tipo de abusos.
Las personas que viven en estas instituciones son castigados y controlados: se les coloca en cuartos de aislamiento como una forma de castigo, se les ata por largos periodos de tiempo o se busca dominar su voluntad mediante el suministro de ciertos medicamentos.1 En estas instituciones se vive en condiciones inhumanas, antihigiénicas y peligrosas. Las terapias electroconvulsivas y las psicocirugías son prácticas que se siguen realizando sin que su efectividad se haya comprobado. En algunas de las instituciones visitadas se recabaron datos de muertes que no son investigadas y ocurren en un contexto de graves manifestaciones de violencia. Los niños, adolescentes y adultos con discapacidad recluidos son víctimas de todo tipo de abusos físicos y sexuales; las niñas y mujeres con discapacidad son esterilizadas o se les proporcionan anticonceptivos sin su consentimiento, lo que permite encubrir los abusos de los que son víctimas.
Ilustración: Pablo García
El gobierno de México desconoce la cantidad de instituciones en el país y cuántas personas hay en ellas. Muchas operan sin licencia, regulación ni monitoreo. A su vez, no hay mecanismos de acceso a la justicia para denunciar lo que sucede en las instituciones que, en teoría, y en el imaginario social, están para proteger a estos individuos pero que la realidad ha demostrado que son lugares inherentemente peligrosos.2 Mientras las autoridades gubernamentales no investigan ni responden a los delitos de derechos humanos conocidos, la cultura de impunidad permite que las y los abusadores no rinden cuentas.
Frente a esta situación, el Estado mexicano no ha ejecutado ningún plan para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad y proveerles de todos los apoyos que necesitan para vivir en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás personas, así como tampoco garantiza el derecho de toda niña, niño y adolescente a vivir en una familia, como lo mandatan los compromisos pactados y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.3
Durante los últimos 20 años, DRI ha documentado la situación en la que viven las personas detenidas en instituciones.4 El director ejecutivo, Eric Rosenthal, ha señalado que “las graves violaciones a derechos humanos a las que son sujetas miles de personas con discapacidad en las instituciones, no sólo demuestran la cultura de impunidad para los violadores de derechos humanos, sino algo más: la perpetuación intencionada y consciente de prácticas con tal severidad y en tal escala que equivalen a crímenes de lesa humanidad”.
El informe “Crímenes de lesa humanidad: Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones Mexicanas para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad”, puede ser consultado aquí.
Ivonne Millán
Asesora legal para México, Disability Rights International.
1 También denominadas sujeciones físicas y sujeciones químicas.
2 UNICEF, CIDH, OEA, Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la Institucionalización en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc 54/1 (2013). párr.11.
3 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, (Dic. 29, 2014), Organización de las Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial de México, U.N. Doc. CRPD/C/MEX/CO/01 (27 de octubre de 214) (en adelante Observaciones finales a México) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de Derechos Humanos en México” (2016); ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (Aprobada: diciembre 13, 2006), artículo 23.
4 DRI ha realizado una extensa documentación y atraído la atención internacional sobre este patrón de abuso mediante la publicación de cuatro informes previos al presente informe: “Salud mental y derechos humanos en México” (2000); “Abandonados y desaparecidos: Segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México” (2010); “Sin Justicia Tortura, Tráfico y Segregación en México” (2015); y “En la frontera con los Estados Unidos y segregados de la sociedad: Niñas, niños, adolescentes y adultos sujetos a detención arbitraria, abuso y muerte prematura dentro de los orfanatos e instituciones mexicanas” (2019).