El programa para atender a las personas con discapacidad: desactualizado, opaco e insuficiente

El domingo pasado, el presidente reiteró que los programas sociales serían un punto nodal en la estrategia para combatir la crisis que ha traído el coronavirus. Sin embargo, en el caso del apoyo a las personas con discapacidad, el programa tiene más fallas que aciertos. Refuerza el asistencialismo, no garantiza el acceso al empleo y excluye a la población institucionalizada.

En tres ocasiones, Andrea Flores buscó a Andrés Manuel López Obrador para compartirle lo que deberían incluir las políticas públicas enfocadas en la discapacidad en caso de que el segundo llegara a ser presidente. Sus recomendaciones eran pertinentes en tanto persona con discapacidad, activista y experta en la materia. Primero, lo buscó cuando era candidato por el partido Encuentro Social y ella la responsable de asesorar a este partido para que los candidatos añadieran políticas incluyentes en sus plataformas. La segunda vez fue en un evento en el que estaría López Obrador, Andrea tenía agendada una cita con él, pero le cancelaron apenas un par de horas antes. Andrea tiene parálisis cerebral, es independiente al desplazarse, pero su caminar es lento. Fue a la cita de todas formas, pero lo más que logró fue dárselo a la entonces Presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.

La tercera ocasión pensó que lograría acercarse al presidente cuando la reconocieron con el Premio Nacional de Juventud 2019 por su trabajo dedicado a la inclusión de las personas con discapacidad. Ella fundó la organización Familia Incluyente que da soporte y apoyo a las familias con integrantes que tienen discapacidad.

Andrea pensó que en la ceremonia podría entregar el documento en el que explicaba por qué el plan de pensiones era insuficiente, asistencialista y alejado del modelo de derechos humanos. También sugería modificaciones legales para fomentar el trabajo y la educación y, sobre todo, eliminar el estado de interdicción en varios estados para así salvaguardar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esa vez tampoco le dio el documento porque López Obrador no fue a la ceremonia. En su lugar, tres de los premiados fueron a la “Mañanera”, en donde lo ocurrido en las balaceras en Culiacán dejó en segundo plano la agenda de premiación. “Yo esperaba sinceramente que por lo menos se acercara a saludarnos y no. Nos dijo: ‘vénganse a tomar una foto’”.

Andrea tiene una mirada crítica al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Como otros expertos y activistas que encuentran deficiencias en la política pública, se pregunta cómo está funcionado el programa. Ella vive en Guadalajara, por su trabajo y activismo como persona con discapacidad está relacionada con más personas de este colectivo

“Esto es para ti, si lo quieres. Agárralo, porque no sabemos qué pase con él”, le dijo a Andrea el Servidor de la Nación –las personas asignadas a contabilizar y acercarse a los beneficiarios de las pensiones– cuando llegaron con la tarjeta a inicios del 2019. Esa  tarjeta sigue sin funcionar, como han dicho que es el caso otros beneficiarios. Por eso reciben el dinero a partir de una orden de pago para cobrar a través de las oficinas de Telecomunicaciones de México (Telecomm).

En un ejercicio autocrítico, Andrea asume que aún con su discapacidad no es de las personas que más necesita ese apoyo de 1 275 pesos mensuales. Pensó rechazarlo, pero al escuchar la respuesta del Servidor de la Nación cambió de opinión: “A que te lo quedes tú, a que me lo quede yo…”, respondió Andrea. Comparte las críticas que han hecho otros expertos en materia de discapacidad que señalan que no es una pensión universal, como debería, y que el Estado está concentrado sólo en esta beca asistencialista mientras reduce presupuesto en otras áreas que tendrían que reforzarse para la inclusión efectiva del colectivo de personas con discapacidad.

Fotografía: Priscila Hernández Flores

Un padrón sin datos actualizados

El pasado Día internacional de las personas con discapacidad, la titular de la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reconoció que apenas han entregado el recurso a 815 883 personas con discapacidad, 81 % de la meta. El incremento de presupuesto de 2019 a 2020 todavía no ha significado la cobertura de todos los beneficiarios pero, lo que es más, falta la información sobre 22 % de aquellos que ya reciben la pensión.

Quienes busquen en el portal de la Secretaría de Bienestar no encontrarán la información disponible, los datos están desactualizados desde hace dos años y, al dar clic al banner “Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad”, sólo encontrarán datos generales del programa. El listado de beneficiarios está en la página de Padrón único, en el apartado de difusión de los padrones de los Programas Integrales para el Desarrollo.

Al ingresar al módulo de transparencia, los datos son de la administración anterior, como cuando se consultan los “indicadores del programa” también aparecen informes de otros sexenios. Por su parte,  en la sección “Planes, programas e informes” los datos corresponden al cierre de la administración 2012-2018 de la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El Padrón Único de beneficiarios de la pensión a personas con discapacidad fue publicado en enero de 2020.  El archivo es un documento de Excel que contiene los siguientes datos: clave del estado, municipio, nombre del beneficiario e importe del beneficio, sin edad, tipo de discapacidad, o si se trata de personas que son parte de la población es indígena —pues recordemos que el programa se planteó para personas con discapacidad menores de 29 años o personas indígenas con discapacidad de hasta 64 años—. En el caso de los menores, aparece solo la palabra  “menores” para referirse a esta población sin más datos personales.

La versión más actualizada en el portal es de octubre de 2019 y sólo reporta a 636 361 beneficiarios de una meta oficial de un millón de personas con discapacidad con un presupuesto de 14 200 millones de pesos para este 2020. En los Lineamientos de Operación sólo destinan tres oraciones para describir lo que debe contener este padrón: “información de entrevistas domiciliarias, de visitas de campo y del registro e inscripción por los medios específicos que para tal efecto designe la Secretaría”. Sin embargo, su padrón no contiene información sobre el de número de visitas domiciliarias, cuándo fue registrada la persona y fechas de las entrevistas. Esto es problemático porque no permite tener claro cómo fue el proceso de inscripción en el censo ni los criterios para recibir la pensión.

No hay estructura para atender dudas de beneficiarios

Vestidos con gorra, playera blanca y chaleco color café con el estampado oficial del gobierno –que no de Morena– llegan los Servidores de la Nación que pasan casa por casa a entregar las órdenes de pago de la pensión (dado que aún no funciona la tarjeta que inicialmente les dieron a los beneficiarios como lo han denunciado varios entrevistados) a las personas que antes identificaron en el censo.

Por esos servidores, Andrés Manuel fue citado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el 2019 con acusaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que decían que estos 18 mil funcionarios eran usados con fines políticos. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que “la entrega de programas sociales por personal de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal constituyó propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, ya que pudo ser identificable el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Aunque el tribunal advirtió que “no se le atribuye responsabilidad alguna al presidente de México, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen”.

Aún con estos señalamientos y más de un año después de iniciado el programa, los Servidores de la Nación continúan siendo el contacto directo con los beneficiarios. Pero no siempre tienen la información, ni la suficiente claridad para resolver las dudas de las personas con discapacidad que son beneficiarias.

Que el dinero no llega, que la tarjeta no funciona, que no está el depósito como lo aseguran los Servidores son parte de las quejas de los beneficiarios que suelen quedarse sin respuesta. Y esto incluye al propio presidente. En una gira que hacía Andrés Manuel López Obrador, Doña Adela, una fabricante de puros, lo detuvo para decirle: “¡No me ha llegado mi apoyo de discapacitado!” A lo que el presidente respondió: “¡Es el toro viejo, reumático, mañoso que no camina, porque ya está el presupuesto, pero no llega! ¡Va a llegar, la justicia tarda, pero llega!” Dijo eso y rápido cambió el tema diciéndole: “A ver platícame cómo haces los puros…”

Así como una vez no le entregaron la pensión y nunca se la repusieron, Andrea advierte que no tiene ninguna garantía. “No me dieron un convenio, cuando no servía la tarjeta no tenía a donde hablar, no sé quién es el responsable.” Para preguntar qué pasó con el dinero retrasado, en ninguno de los teléfonos que le dieron recibió respuesta. A los Servidores de la Nación sólo los ubica con su número particular de celular, pero el problema es que los Servidores no siempre son los mismos. “Un día es uno y al otro día hay alguien más”, cuenta.

Este es un problema habitual según entrevistas con otros beneficiarios. Por ejemplo, una entrevistada de la Ciudad de México, una mujer adulta con una discapacidad mental: “El DIF no es el responsable, sólo les prestan las instalaciones a los ‘Servidores de la Nación’ para que ahí lleguen, no hay oficina, no hay teléfono, todo lo hacen a través del teléfono celular”.

“Oye, ¡háblale a tu mamá!”, “Oye, ¡háblale a tu papá!”, así es como los funcionarios llegaron a la casa de Andrea de 29 años de edad. Ella lo define claramente:  “Me tratan y me siguen tratando como niña (..) a quien le dan el dinero es a mi papá”. Cuando la tarjeta dejó de funcionar, entonces llevaron la orden de pago para la pensión. Esa vez también le entregaron el dinero a su papá. Y el día que recibió una llamada para avisarle que debía ir antes de las 3pm a recoger su dinero porque ya después no se la iban a dar, Andrea le recordó al funcionario que para ella no es fácil trasladarse.

Quienes realizaron el censo para la entrega de las pensiones recibieron información general, pero no detalles de cómo sería atender a esta población. Otra de las quejas es que cada mes que las personas recibirán su orden de pago deben entregar la misma documentación de meses anteriores, y así una y otra vez. “Copias y copias, para todo te piden copias. Eso quiere decir que no hay un registro específico donde ya esté almacenada  toda esta información”, comparte una de las personas entrevistadas.

Las personas que fueron censadas y aprobadas como beneficiarias tenían dudas sobre qué documentos presentar. Una recolección de testimonios de beneficiarios prueba que, mientras unos pensaban que bastaba su carnet de discapacidad del DIF, a otros no les pidieron documentación para conocer sobre su discapacidad.

Por otra parte, los Servidores no tienen datos claros de cuándo llegarán los recursos. Es tal la desinformación que hay grupos de redes sociales como “Aviso puntual del apoyo económico de discapacidad del gobierno mexicano” en el que los mismos beneficiarios atienden dudas y consultas. Ahora que anunciaron el adelanto de la pensión como parte del plan emergente por la contingencia por la pandemia de Covid-19, las personas han recibido pagos adelantados, pero no todos han recibido puntualmente su pensión y cuando intentan buscar información al respecto no siempre atiende a su llamado el Servidor de la Nación que le contactó.

Vía grupos de Facebook y chats de Whatsapp los beneficiarios se aconsejan entre sí. en medio de la contingencia piden administrar y ser cautos con el uso del dinero porque saben que será hasta mediados de año cuando vuelvan a recibir el dinero porque esta vez recibieron 5,240 pesos, es decir, lo equivalente al mes de marzo, abril, mayo y junio.

En los lineamientos establecen que “se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación de la Pensión, promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas beneficiarias”. Sin embargo, al no haber procedimientos claros desde la Subsecretaría del Bienestar hay irregularidades, como ocurrió con Telecomm el 10 de febrero en la Delegación de Iztapalapa, cuando se negaron a que una persona con discapacidad acompañada por su hermana pudiera cobrar la orden de pago porque no se había hecho el cambio de cuidador, aún cuando la misma persona con discapacidad acudió en persona, se negaron a darle el recurso, fue hasta con una carta poder que la persona con discapacidad cedió el derecho a su familiar para poder recibir la pensión.

La falta de infraestructura y la improvisación es algo en lo que coinciden los beneficiarios y quienes por décadas han trabajado el tema de discapacidad. “Sin un escrutinio, sin una evaluación, sin una propuesta formal de política pública, creo que el programa es algo que parece más improvisado, que no tiene un sustento fuera de la perspectiva de la misma ley que avala el modelo de derechos humanos de la discapacidad”, cuestionó la académica Leticia Velasco Jáuregui especialista en estos temas.

La operación política detrás de los programas de Bienestar

Detrás de los programas sociales del gobierno de López Obrador está Gabriel García Hernández, actual coordinador general de Programas Integrales de Bienestar, y miembro del grupo cercano al presidente desde hace casi dos décadas. García ha sido acusado de su injerencia en las elecciones internas de Morena. En el 2018, estuvo a cargo del censo para los programas de bienestar. Hubo denuncias y cuestionamientos por el uso proselitista de ese proceso. Hasta la secretaria del bienestar, María Luisa Albores, advirtió de evitar el  uso político de los programas sociales.

García fue secretario de organización de Morena y mantuvo el cargo cuando López Obrador llegó a la presidencia. Renunció tras las críticas aunque siguió con estas funciones, desde Presidencia. Coordinó a los superdelegados y estaba a cargo del sitio personal de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el caso de la investigación de la Secretaría de la Función Pública a García, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que “Si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato, eso no se va a permitir”. Este es el contexto de quien opera uno de los varios programas sociales que el Senado elevó a rango constitucional mediante la reforma al artículo cuarto, como propuso el ejecutivo para que los programas sociales sean una garantía constitucional.

Que los programas sociales, como los dirigidos a personas con discapacidad, tengan tintes políticos no es exclusivo de este sexenio. En la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón también hubo denuncias sobre el manejo de recursos, recortes presupuestarios mientras usaban recursos públicos en donativos a grupos privados como el Teletón, y el incumplimieno de los planes y programas federales para la atención de este colectivo.

No es un programa universal

El programa de este sexenio avanza en medio de ruedas de prensa, modificaciones al presupuesto, confusiones en los procesos de entrega, poca información oficial y retrasos en los pagos bimestrales y la reciente aprobación a la modificación del artículo cuarto constitucional.

En los Lineamientos de Operación de la pensión reconocen que mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) asume que el 15 % la población mundial tiene alguna discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) en México sólo están contabilizadas 7.65 millones de personas (aproximadamente 6.4 % de la población mexicana). Sin embargo, este último dato podría modificarse por con el Censo de Población 2020, incluso considerando las críticas a la forma en que el INEGI censará a las personas con discapacidad.

Según las reglas de operación del programa, el apoyo es para todas las personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas, niños, niñas y jóvenes de hasta 29 años, y adultos con discapacidad de 30 hasta 67 que vivan en zonas marginadas, pero no todos los que tienen discapacidad en México reciben esta pensión y en el discurso oficial del presidente se ha centrado especialmente a los niños y niñas pobres con discapacidad. Así lo hizo en el informe del 5 de abril para presentar el Programa Emergente para el Bienestar por la pandemia del COVID.

Las dos ocasiones que mencionó el tema de discapacidad fue para referirse a niños y niñas pobres con discapacidad como si el programa sólo se centrara en esta población.

Cuando el gobierno federal propuso que esta pensión quedara como un derecho constitucional a través de la iniciativa enviada a los diputados para reformar el Artículo 4.º de la Constitución, la bancada del Partido Acción Nacional votó en contra (46 votos), especialmente por considerarla populista y engañosa como la calificó la diputada panista Dulce García. Todos aquellos que votaron en contra fueron exhibidos por el presidente en la “mañanera”. Esta propuesta, al decir de López Obrador, es para que  no le den  “marcha atrás los conservadores”.

En conferencia de prensa afirmó: “Va a pasar al Senado, pero estoy seguro que también se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe la reforma constitucional”. Y así fue porque el 24 de marzo el Senado aprobó la reforma constitucional, de esta manera la beca daría prioridad a las personas menores de 19 años con discapacidad permanente como una garantía constitucional. Por ahora, 17 estados ya aprobaron la reforma. “Incrementar la edad puede ser un factor para lograr un bienestar absoluto para los más desprotegidos”, señala el punto de acuerdo.

Todo esto ocurre mientras el programa sigue con deficiencias, primero porque no todos reciben la pensión y quienes la reciben no tienen información clara, ni siquiera cuando son seleccionados como beneficiarios. A Andrea, por ejemplo, no le preguntaron si trabajaba, si tenía seguro médico. Sin más detalle fue seleccionada para recibir el recurso. Y lo aceptó.

“No hay un criterio de quién sí o quién no. Ya que se supone que se lo van a dar a un millón de personas, lo ideal sería dárselo a quienes tienen discapacidades profundas y necesitan de cuidados 24 horas”, sugiere Andrea. Por su parte, René, una persona de 36 años con discapacidad física, no lo recibe, incluso cuando su caso fue ubicado por uno de los Servidores de la Nación que realizaron el censo. Se le tomó fotografía y se le dio información, pero nunca recibió el pago ni información que explicara por qué no.

Entre conocidos y otras personas con discapacidad le dieron algunas explicaciones posibles: “Me fui enterando por oídos de que era por la edad, a mi vecina sí le dieron el apoyo porque su hija tiene 15 años, fui con la Servidora que fue con la vecina y ella me dijo que fue por la edad, pero no me quisieron dar más explicación. La persona que me dio el apoyo no me dio la información”, relata este joven que busca trabajo desde hace meses y para quien la pensión significaría un apoyo fundamental en su manutención.

Que no todos reciban la pensión, que no sea universal, es uno de los principales problemas de este programa. “Si tú  quieres justicia social, las pensiones deberían de ser para todos, con apoyos diferenciados, pero universal, por el círculo vicioso y constante que hay entre pobreza y discapacidad”, explicó Pamela Molina, especialista en Discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Molina participó directamente en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como explica la experta Pamela Molina, una persona sorda, las pensiones son “un tema de equiparación de oportunidades. Las personas con discapacidad están entre las más pobres entre los pobres, porque la familia y la misma persona con discapacidad deben incurrir en gastos mayores para poder tener los ajustes razonables que les permitan desenvolverse en un entorno que no está diseñado para nuestras diferencias. Además, tiene menos acceso a la educación, tiene menos acceso a la inclusión laboral en un mercado abierto, en condiciones de igualdad, y en general a las oportunidades, y eso empobrece a la persona con discapacidad como ciudadana y la coloca en una posición de desigualdad estructural. Desde este punto de vista, las pensiones para personas con discapacidad deben ser una política pública con el objetivo de disminuir una brecha histórica en términos de equidad socioeconómica”.

Por su parte, la doctora en estudios científicos sociales y especialista en el análisis del  proceso de inclusión social de personas con discapacidad, Leticia Velasco Jáuregui,  explicó que  la aportación no es suficiente para la gente que no puede trabajar:  “Es algo paliativo y hay personas que pueden trabajar y que reciben esta cantidad casi, casi simbólica, y creo que no deberían recibirla. Más bien, esas personas deberían estar sujetas a políticas de  fomento al trabajo”.

A pesar de sus deseos, el apoyo se entrega de forma que no necesariamente atiende a las poblaciones más marginales. Aunque algunos adultos reciben el dinero, no quedan claros los criterios de selección y a decir de la aprobación de la reforma constitucional el grupo prioritario son las personas con discapacidad permanente menores de 19 años.

Exclusión a la población institucionalizada

En un orfanato, en un psiquiátrico, en una albergue pasan los días, meses y años personas con discapacidad que por diferentes razones no tienen una red familiar que les acompañe. Esas personas, las que están institucionalizadas, son otras de las olvidadas del programa de Andrés Manuel López Obrador.

Este es uno de los puntos que cuestiona la organización Disability Rights Internacional que desde el 2000 documenta la situación de las personas que viven en estas instituciones psiquiátricos, casas hogares, albergues y demás espacios en México. Para la directora de Disability Rights en México, Lis Brizuela, este es uno de los principales vacíos del programa.

“El trámite [para obtener el apoyo] nos habla sobre una visita domiciliaria que tendrá lugar para atender a la persona solicitante, ya sea de manera personal o a través de su representante y auxiliar. Aquí tenemos dos problemas: es un problema estructural el que se considere que  las personas con discapacidad no sean libres de tomar decisiones por ellas mismas, sino que ocupan de un representante legal para hacerlo, y este problema también se plasma en el mismo programa de apoyo”, enfatizó Brizuela.

A este punto, se le suma que en los lineamientos de operación “no queda claro si las personas que viven en instituciones y hospitales psiquiátricos pueden acceder al padrón, si la visita domiciliaria puede hacerse en hospitales y psiquiátricos y bajo qué condiciones”.

También debe considerarse que muchas de estas personas que están institucionalizadas no pueden ir directamente a solicitar la pensión porque “son víctimas de detenciones arbitrarias”. Brizuela señaló que varios de los casos de personas recluidas han sufrido violaciones a sus derechos humanos como abusos físicos y psicológicos. Desde Disability Rights indican que otro de los problemas “es que algunas de las personas que se encuentran institucionalizadas no tienen expedidos sus documentos de identificación, no tienen acta de nacimiento, no hay Curp, no hay INE, y en caso de tenerlo las autoridades de las instituciones son las que tienen en su poder sus documentos. Como todas estas personas están bajo la representación del director de los hospitales o de las instituciones que albergan, pues tampoco pueden solicitar los apoyos”.

Según los datos del INEGI del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) de 2015 en México hay 5 939 alojamientos donde están más de 118 876 personas, eso incluye a las personas con discapacidad institucionalizadas que llegan a esos espacios porque no hay programas que fomenten la vida en comunidad, explica Brizuela.

Para la activista, que esta población no reciba la pensión  es una forma más de exclusión porque las personas no tienen posibilidades de vivir en la comunidad, “sus posibilidades están limitadas a la institución, mucho de ello es por la falta de recursos y acceso a la comunidad”.  Por eso, reiteró que Disability Rights sugirió al gobierno federal que el Estado tendría que implementar una política de desinstitucionalización en México con plazos, con financiamientos, con procedimientos establecidos y con la creación de servicios en la comunidad.

Un programa único ante varias necesidades

El Estado mexicano reconoce la desigualdad en el empleo a la que se enfrentan las personas con discapacidad. Sólo 4 de cada 10 personas con discapacidad tienen empleo, mientras que el dato en una población sin esta condición es de 7 de cada 10. Los números segregados por género también confirman la doble discriminación hacia las mujeres con discapacidad. Solo el 26.7 % tienen trabajo, mientras que el porcentaje nacional es de 47.2 según los últimos datos del INEGI.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2016 confirmó que una de las poblaciones más pobres en México son las personas con discapacidad porque 84.9 % de esta comunidad estaba en “situación de vulnerabilidad”, y 10 % en “pobreza extrema”.

Aunque estos datos están en los Lineamientos de Operación de la Pensión para discapacidad, en la práctica el programa apenas cubriría 8.31 %, tomando en cuenta la población contabilizada en el Censo del 2010, es decir, no es una pensión que llegue ni al 10 % de las personas  con discapacidad de México.¹

“Una pensión es una medida de igualdad, pero no debe ser la única política de atención. Cuando dicen ‘estamos dando un presupuesto’, pero todo se va a la pensión, se dejan  de lado otro tipo de programas de desarrollo para personas con discapacidad”, advierte Andrea y enumera a su vez cómo en el país sigue sin definirse la dirección del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para las personas con Discapacidad (Conadis), algo que la comunidad con discapacidad ha reclamado desde el principio de la administración.

La pensión, así como no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población —alimentación, vivienda y medicina—, tampoco cubre otras carencias que deben ser resueltas. “Yo con 1 200 pesos no puedo arreglar las calles, no puedo adecuar el transporte público, no puedo pagar un asistente personal, entonces ¿para qué me alcanza?”, reflexiona Andrea.

En este punto coincide Velasco Jáuregui: “La ayuda que se está dando a través de estos programas es paliativa, ¿Qué ganas con que te den unos cuantos pesos en este programa si no puedes acceder a la escuela?, al no poder acceder a un trabajo, se generan formas de dependencia y exclusión social”. Una muestra es lo que ocurrió con el recorte del Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad.

El modelo de esta pensión al final provocará que “la brecha de desigualdad se amplíe, las personas se harán más pobres”, advierte Andrea Flores, y añade que el Programa Bienestar refuerza un mensaje social dañino: la idea de que “lo único que podemos hacer por las personas con discapacidad  es darles una limosnita”.

Por su parte, Pamela Molina de la OEA explica “la idea es que debe haber una política integral, transversal e interseccional para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, para su ejercicio de derechos, que involucre a todos los Ministerios, en la que la pensión sea una de muchas cosas”.

La activista señala que el objetivo de las políticas públicas en el tema debería estar encaminado a “promover la vida independiente de las personas con discapacidad”. Este es el objetivo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, como explica Molina, aún cuando los países —incluido México— firmaron y ratificaron este tratado normativo, en el momento de “diseñar la política pública se sigue manteniendo un paradigma asistencial, un paradigma peyorativo para valorar la humanidad de la persona con discapacidad, una visión que pone el acento en la caridad pública y privada, como si sólo fuéramos objeto de “cuidado” y no ciudadanas y ciudadanos. Entonces, la política pública sigue teniendo todo el peso orientado en dirección contraria a los derechos humanos”.

A doce años de la entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México fue uno de los principales promotores, en medio de un programa de pensiones que apenas llega a una mínima parte de la población, con su reciente aprobación como derecho constitucional, pero  sin tener claro de dónde se obtendrán los recursos, es como avanza este sistema de pensiones para personas con discapacidad.

Sumado a esto, Andrea reconoce que en México “las personas con discapacidad no tenemos un poder político que haga que el tema se ponga en la agenda”. Pero por eso asume las críticas a pesar de beneficiarse del apoyo. “¿Qué me pueden hacer?”, pregunta con la esperanza de que algún día las políticas públicas sean verdaderamente incluyentes.

Priscila Hernández
Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacidad. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009.

¹ Este dato del 8.31% es un porcentaje obtenido de acuerdo a datos del Censo del 2010 y el número de beneficiarios del Padrón público.